Una denuncia por supuesto peculado fue presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) contra Javier Lynch Hurtado, el reelecto representante del corregimiento de Barrio Norte, en la provincia de Colón.
La denuncia está relacionada con irregularidades e inconsistencias en proyectos comunitarios financiados por el Programa de Interés Social (PDIS), el cual transfirió dinero estatal a juntas comunales y municipios de todo el país durante el quinquenio del expresidente Laurentino Cortizo (2019–2024).
En las elecciones de 2019 y 2024, el diputado Jairo “Bolota” Salazar, del PRD, fue electo representante de Barrio Norte. Sin embargo, en ambas ocasiones optó por ejercer el cargo de diputado, por lo que Lynch quedó al frente de la junta comunal.
Salazar, quien afirma desconocer el manejo de los fondos porque no está a cargo de ese gobierno local, advirtió que “los representantes pueden gastarse los dineros como les plazca”, ya que así lo establece el manual de gastos de las juntas comunales. Para que eso cambie, advirtió que hay que modificar la ley de descentralización.
Los fondos
La junta comunal de Barrio Norte recibió más de $14.1 millones durante los años 2021, 2022 y 2023 a través del PDIS, sin “justificaciones ni documentos sustentadores que acrediten la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos”, según un informe de gastos de la AND.
La denuncia, presentada por la abogada Ana Mae Jiménez, detalla que Roxana Méndez —quien asumió como directora general de la AND en julio pasado— envió a Lynch una nota fechada el 13 de agosto de 2024, informándole sobre la falta de documentación que respalde el uso de los $14.1 millones transferidos por el Gobierno Central, a través del PDIS, a su junta comunal.
Esos fondos fueron depositados en una cuenta a nombre de la Junta Comunal de Barrio Norte en el estatal Banco Nacional de Panamá (BNP), a solicitud de Lynch.
Para recibir el dinero, Lynch presentaba únicamente una copia de su cédula y la credencial de representante de corregimiento. Cuando el dinero se destinaba a la supuesta “implementación de iniciativas sociales y comunitarias”, anexaba un perfil de los proyectos.
Según la denuncia, el presunto uso que Lynch daba a estos fondos incluía, entre otros: asistencia social; compra de materiales de construcción; suministro de insumos y enseres (colchones, estufas, etc.); medicamentos para asilos, hogares de niños y personas de escasos recursos; centros de atención a población en riesgo, e insumos para “el control de la salubridad”.
En algunos casos —describe la denuncia— solo existe un “acta de compromiso” sobre el supuesto uso del dinero. En estos documentos, se responsabiliza del “manejo adecuado y exclusivo” de los recursos a la junta comunal o a la inexistente “Alcaldía de Barrio Norte”.
La respuesta de Lynch a la carta de Méndez fue enviada el 7 de octubre de ese año y se limitó a detallar los montos que recibió del Gobierno de Cortizo.
Lynch solo hizo correcciones menores a los datos de la Autoridad de Descentralización. Por ejemplo, afirmó que en 2021 y 2022 recibió $127 mil y $1 millón 140 mil menos de lo reportado por la entidad, respectivamente. En cambio, en 2023 admitió haber recibido $1 millón 150 mil adicionales.
Los hallazgos de la AND revelan una seria deficiencia documental que dio origen a la denuncia contra Lynch, extensiva a todos aquellos “que resulten responsables”.
La auditoría
Un examen practicado por la Oficina de Auditoría Interna de la Autoridad Nacional de Descentralización a los gastos de la junta comunal —y a la documentación que los respalda— evidenció irregularidades, como la ausencia de copias de cheques girados, de copias de cédulas de los supuestos beneficiarios y de las solicitudes y actas de recibido conforme.
Según la AND, los hallazgos sugieren la posible comisión de delitos contra la administración pública, específicamente peculado, cuya pena es de cuatro a diez años de prisión. La condena podría ser de ocho a quince años si la cuantía —como en este caso— supera los $100 mil y si ese dinero debía destinarse a fines asistenciales, programas de desarrollo o apoyo social.
Junto con la denuncia, la AND adjuntó copia de 49 expedientes relacionados con las transferencias de fondos.
Solicitudes de fondos
Lynch comenzó a solicitar fondos el 5 de mayo de 2021 —durante la pandemia de la covid-19— con una petición de $198 mil. Curiosamente, la cuenta en el BNP donde se depositaron estos fondos fue abierta un día antes, el 4 de mayo de 2021.
Una semana después —el 11 de mayo— solicitó al Órgano Ejecutivo cuatro transferencias adicionales, que sumaron $930 mil. Posteriormente, se realizaron otras 16 transacciones durante ese mes, que totalizaron $1.7 millones, lo que representa la mitad de todo lo que recibió su junta comunal en 2021.
La denuncia también detalla un supuesto peculado de al menos $3.3 millones en 2022, año en que Lynch recibió 14 transferencias. Las más relevantes fueron en febrero ($500 mil), septiembre ($1 millón) y diciembre ($1 millón 150 mil).
En 2023 se realizaron 12 transferencias por casi $5 millones, según la denuncia. Destacan dos del 27 de febrero por $1.5 millones; una del 3 de marzo por $1 millón; dos más en abril por $1 millón, y otras dos en julio y septiembre por $450 mil cada una.
Bolota se aleja
El diputado Salazar intenta desligarse del manejo de los fondos de la junta comunal de Barrio Norte y responsabiliza a Lynch.
“Yo no puedo hablar de los $14 millones, porque yo no soy representante”, dijo en una entrevista en el programa radial 180 Minutos, que conduce Álvaro Alvarado, en mayo pasado.
“No manejé ni un centavo de ese dinero... Yo me río de eso”, afirmó, añadiendo que fue auditado durante los mandatos de los expresidentes Ricardo Martinelli (2009–2014), quien es su amigo personal, y Juan Carlos Varela (2014–2019). En aquella época, Salazar sí ejercía como representante de Barrio Norte, ya que todavía no había dado el salto a la Asamblea.
Aunque asegura no conocer el uso de los fondos aportados en el gobierno de Cortizo, dijo estar dispuesto a colaborar.
“Estamos dispuestos a que nos auditen en estos momentos... Aunque yo no manejé esos $14 millones”, insistió el diputado.
En su opinión, justificar esos millones es fácil, aunque los ejemplos que mencionó estaban relacionados con el pago de planillas, lo cual no forma parte de la presente denuncia contra Lynch.
Se intentó contactar a Lynch, pero no respondió los mensajes enviados a su celular.
