En la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), nadie tiene conocimiento de la “venta” de Panama Colon Container Port (PCCP), la sociedad que impulsa la construcción de un puerto de carga en Isla Margarita, Colón.
La Prensa contactó a la AMP luego de recibir por correo electrónico un comunicado, supuestamente emitido por Notarc Port Investment LLC, en el que se anuncia la presunta venta de sus “intereses” y “activos” en PCCP y en otra sociedad llamada United Crown Construction (UCC), la cual debía construir un patio de contenedores en una zona adyacente al puerto. Aunque en dicho comunicado se indica que la AMP fue debidamente “notificada” de esta transacción —que aún estaría en proceso—, la entidad reaccionó con incredulidad.
“Los únicos que, por ley, dentro del territorio panameño, pueden traspasar o dar concesiones son la AMP, y no deben ser esos grupos los que decidan a quién lo dan como terceros”, indicó Luis Roquebert, administrador de la AMP.
“Estas áreas son del Estado panameño. Veremos cómo avanzamos de la mejor forma para lograr este desarrollo portuario, tan esperado por el sector marítimo”, agregó.
De confirmarse, esta venta se daría dos semanas después de que el presidente José Raúl Mulino anunciara que su gobierno no seguiría “impulsando” el proyecto de Isla Margarita. También expresó que el contrato de concesión a favor de PCCP fue “mal otorgado”.
En Notarc pensarán que, si el anuncio de la compra del proyecto les quitó la presión de encima una vez, en 2022, ¿por qué no habría de funcionar de nuevo?
Con Cortizo...
Hace cuatro años, los contratistas originales de PCCP y UCC estuvieron a punto de ser expulsados de Isla Margarita. Esa era la orden, hasta que el 19 de abril de 2022, el CEO de Notarc Port Investment, Dion Bowe, escribió al entonces administrador de la AMP, Noriel Arauz, para informarle que el fondo de inversiones Notarc Management Group (NMG), inscrito en Bahamas, había adquirido la totalidad de las acciones de PCCP.
En esa nota, Bowe solicitó revocar la orden que 10 meses antes había dado la junta directiva de la AMP, para rescindir (por incumplimiento) el contrato de concesión de fondo de mar adjudicado en 2013. A cambio, ofrecía llevar a cabo una inversión de $1,000 millones, generar más de 1,300 empleos, renovar las fianzas y pólizas, y terminar los trabajos del puerto (que sería operado por MSC) en 15 meses.
Como resultado, Arauz firmó una adenda al contrato-ley de 2013, el cual extendió la vigencia de la concesión hasta 2042. En el interín, hubo reuniones (en Panamá y en Nueva York) con el entonces presidente Laurentino Cortizo y miembros de su Gabinete. Cortizo incluso apadrinó el lanzamiento en Nasdaq, en septiembre de 2021, de un supuesto fondo de capital de riesgo llamado “Panama Development Fund”, creado por NMG en asociación con la firma Fuel Venture Capital, de Miami.
El supuesto comprador actual sería otro fondo con nombre sugerente: “United States Strategic Fund”. El comunicado que La Prensa recibió por correo electrónico no precisaba detalles sobre este fondo, el monto de la transacción ni cuándo sería finiquitada.
En el presunto comunicado —que no ha circulado públicamente ni ha sido compartido en el sitio web notarc.com— se afirma que la transferencia de los activos al referido fondo coloca el proyecto en Isla Margarita “bajo una gestión alineada con Estados Unidos, reforzando un legado de cooperación entre Estados Unidos y Panamá”.
Además, se refiere a los anteriores concesionarios del proyecto como “una empresa china con vínculos confirmados con el Partido Comunista Chino”.
¿Acaso eso no suena igual que el discurso de cierto comisionado marítimo?
Discursos conocidos
Como si esas fuesen frases de moda que constituyen fórmulas infalibles ante cuestionamientos en materia portuaria, lo que presuntamente ha expresado Notarc Port Investment LLC se asemeja mucho al discurso de Louis Sola, presidente de la Federal Maritime Commission (FMC) de Estados Unidos.
Sola se ha referido en varias ocasiones a una supuesta influencia de China en las operaciones del Canal de Panamá, apoyando así la narrativa del expresidente Donald Trump, ampliamente desmentida por el gobierno panameño y la propia Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Trump ha dicho que quiere recuperar el control de la vía, alegando supuestas violaciones al Tratado de Neutralidad. Por lo pronto, ya logró un acuerdo de compensación para el tránsito de buques de la Armada estadounidense y un memorando de entendimiento en materia de seguridad, que algunos sectores han considerado una amenaza a la soberanía panameña.
En febrero pasado, Sola propuso la creación de un “fondo soberano” para impulsar inversiones estadounidenses en instalaciones logísticas y puertos panameños, con el fin de contrarrestar la presencia de China.
El 19 de abril de 2024, Sola participó en una reunión en Washington sobre “potenciales oportunidades de cooperación en el sector marítimo”, junto al bahamense Leslie Bethel, socio de Bowe y CEO de NMG, y el entonces ministro consejero para la facilitación de inversiones privadas, José Alejandro Rojas Pardini. Rojas Pardini, quien hasta hace poco fue miembro de la junta directiva de la AMP, ya conocía a los de Notarc e incluso los acompañó a la presentación en el Nasdaq en aquel viaje de Cortizo a Nueva York, en septiembre de 2021.
Otro personaje presente en la reunión fue Carlos Trujillo, quien fue embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el primer mandato de Trump. Actualmente, Trujillo dirige Continental Strategy, una firma de cabildeo que fundó en Washington D.C. Ahí trabaja Anthony Sola, hijo del comisionado marítimo Sola.
Trujillo también tiene una firma de abogados, llamada Continental PLLC, donde laboran Jennifer Hernández y John Arrastia Jr., defensores de Dion Bowe, Leslie Bethel, Notarc Port Investment y otras tres sociedades vinculadas a este grupo inversor, en una demanda civil presentada por Landbridge Port Services (Hong Kong) Ltd. ante tribunales de Delaware.
Landbridge alega haber sido despojada de su participación accionaria e inversión en el proyecto de Isla Margarita. Landbridge está controlada por Ye Cheng, un empresario chino residente en Rizhao, provincia de Shandong.
No se sabe si Landbridge es “la empresa china con vínculos confirmados con el Partido Comunista Chino” a la que aludiría Notarc Port en su presunto comunicado de prensa, aunque Dion Bowe y Leslie Bethel también tendrían nexos con inversionistas chinos. En concreto, con Liang Zhang, quien también está incluido en la demanda presentada por Landbridge en Delaware.
Zhang, quien en su momento fue presidente de PCCP y llegó a recibir las llaves de la ciudad de Colón, es el accionista único de Notarc Global Investment Limited, creada en Hong Kong en julio de 2021. Este hecho fue documentado por Landbridge como parte de su demanda. Zhang entregó una declaración notariada en la que asegura haber utilizado el nombre con autorización de los inversionistas bahamenses, y que la sociedad sería utilizada para buscar oportunidades de negocios en Asia, los cuales, según él, finalmente no se materializaron.
Seguramente, en el sector marítimo no hay nadie más prominente que Louis Sola que critique con tanta dureza las operaciones portuarias en Panamá y la cacareada influencia china. ¿Por qué no ha dicho nada sobre Isla Margarita, como sí lo hizo respecto a Balboa y Cristóbal, los puertos operados por PPC, filial del consorcio hongkonés CK Hutchison?
Se intentó ampliar la información sobre Notarc Port, pero la firma de relaciones públicas Cavalry Strategies, que envió el comunicado sobre la supuesta venta de PCCP, no atendió el requerimiento de La Prensa.
Tampoco respondió el abogado Juan Felipe Pitty, consejero de Notarc Port Investment.
