El pasado 11 de junio, la Oficina del Agregado Jurídico del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, envió una carta al procurador general de la Nación, Javier Caraballo. Tras agradecer la colaboración brindada por el Ministerio Público (MP) al FBI, el agregado entró en materia. Se trataba de Odila Castillo, la exfuncionaria de la Contraloría General de la República que se convirtió en millonaria en dos años.
Como es sabido ahora, Castillo acumuló $13.6 millones entre 2021 y 2023 —casi $11 millones solo en el último año de ese período— facturados por sus servicios legales, prestados a través de la firma Castillo, Guardia & Asociados, cuyo nombre original era Palacios, Vásquez & Asociados, bufete en el que también era socia la actual secretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez.
‘Extorsión’
”Por este medio le informo que el FBI ha identificado un posible caso de corrupción pública. De acuerdo con información obtenida mediante fuentes humanas y abiertas, la licenciada Castillo de [la firma] Castillo, Guardia & Asociados, extorsiona a empresarios solicitando que les paguen un porcentaje a cambio de lograr que se suscriban contratos con el gobierno y se logre la aprobación y emisión de pagos de parte de distintas agencias del gobierno”, indicaba la carta, cuya autenticidad fue corroborada por La Prensa.
La Prensa desconoce si, a raíz de esta carta (que llegó a Caraballo por conducto de la Embajada de Estados Unidos en Panamá), el MP inició una investigación, aunque en las últimas semanas ha habido un proceso en curso (cuyo origen se desconoce) en el que han sido citados empresarios para dar sus testimonios.
La nota del FBI la conocerían Castillo y sus abogados, pues tienen acceso a la plataforma digital del MP que les permite examinar la carpetilla de la investigación.
Un caso
En la carta del FBI se menciona un caso específico, aunque alertan que existirían más.
“Una de las víctimas es la compañía Trasa Thermo King, a quienes la licenciada Castillo les solicitó en 2021 un pago del 10% a cambio de lograr que se les emitiera el último pago que se les debía de un contrato original de aproximadamente $1.3 millones de dólares con MiBus”.
La presidenta y representante legal de Trasa Thermo King es Kathleen de McGrath, exsuegra de Odila Castillo.
La carta a Caraballo culminó explicando que “hoy en día, Trasa Thermo King no ha recibido ese último pago ya que no aceptó pagar la extorsión”, hecho que hasta la fecha seguiría igual, según fuentes del MP.
La carta agrega que, “según las fuentes humanas, existen otras personas involucradas en este esquema junto con la licenciada Castillo, así como también existen otras víctimas”.
Irregularidades
Este caso coincide con el testimonio de una persona que contó a La Prensa un caso similar.
Bajo estricta reserva de su nombre, la fuente relató a este medio que en diciembre de 2020, Castillo -que entonces era asesora en la Contraloría- la citó “para conversar sobre un asunto muy importante” en la sede de sus antiguas oficinas, en el edificio conocido como El Tornillo, en Calle 50. Al presentarse en la recepción, recibió instrucciones para dejar su teléfono ahí, antes de reunirse con ella.
“Sacó un expediente de la Contraloría sobre un contrato del que teníamos un pago programado en esa fecha de casi $800 mil. Ella me informó que habían encontrado algunas observaciones en el contrato y que, si no pagaba el 10%, mi pago se cancelaría. En ese momento, consulté con mi familia y todos dijeron que absolutamente no”, contó la fuente a La Prensa.
Justamente, también a mediados de abril pasado, el abogado Jorge Camarena denunció algo muy similar en el programa radial del periodista Álvaro Alvarado – Noticias 180 minutos –, indicando que una exfuncionaria de la Contraloría le exigió a un contratista una coima del 10% del valor del contrato pactado con el Estado, el cual, hasta el día de hoy, no ha sido cancelado debido a que el contratista se negó a pagar el soborno.
Denuncias públicas
Camarena conoce ese caso porque el contratista del que habló en el programa de Alvarado es su cliente. Denunció que no era el único, que había varios contratistas en la misma situación, es decir, que se han negado a pagar para que la Contraloría entregue los cheques adeudados por el gobierno. Son varios empresarios —nacionales y extranjeros— que han sufrido este acoso para que paguen coimas, que van del 10% al 15%, a cambio de recibir los pagos adeudados, sostuvo.
Existe o no una supuesta Contraloría Paralela? Hoy en @noticias180minutos el Abogado Jorge Camarena, denunció que a un cliente le pidieron 10% para pagarle una cuenta. El abogado dijo lugar y fecha en que una mujer le solicitó el dinero, que decidieron no pagar.
— Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) April 15, 2024
Exclusiva.
...…
El abogado indicó que a su cliente se le advirtió que si “no pagaba un 10% de la cantidad del monto total, se iban a retener los pagos. Eso fue en 2020 y ese cliente… hasta la fecha no ha recibido el pago. Siempre se le han puesto excusas y más excusas, pero no le han pagado”.
MOP, Conades...
Otros testigos dan cuenta de un supuesto radio de acción de los servicios legales de Castillo.
Se trata de contratistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde una funcionaria de mando medio supuestamente recibía costosos regalos de Castillo.
Y no es todo. El Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) sería otra de las instituciones en las que Castillo habría tenido interacción con algunos de sus contratistas. Testigos que han hablado con este medio bajo estricta reserva de su identidad así lo han relatado.
Han narrado que tuvieron que pagar altas sumas de dinero a Castillo por sus gestiones de cobro ante el Estado. Tras su intervención, recibían los cheques en corto tiempo. Esto contrastaba con su situación anterior, cuando sus reclamos tardaban hasta años para recibir los pagos.
Lea aquí la nota 'Claves para comprender el caso de Odila Castillo Bonilla'
La carta del FBI —que solo menciona un caso— está firmada por la persona en la Embajada de Estados Unidos que ejerce el cargo de agregado jurídico de la Oficina del Agregado Jurídico, FBI República de Panamá.
Odila Castillo no ha atendido los cuestionarios que le ha enviado La Prensa, pero Castillo, Guardia & Asociados ha emitido comunicados en los que sostiene que los señalamientos en su contra tienen el único fin de crear “morbo” y “lacerar el buen nombre” de la firma.
