El apartamento en el PH Santorini, que Alejandro Moncada Luna adquirió y que fue causante de su destitución y encarcelamiento por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos, sigue bajo custodia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la subasta de dicho inmueble fue “cancelada” después de dos intentos fallidos.
La Ley de Contrataciones Públicas ahora permite que el bien sea rematado por la vía directa.
Se trata de un apartamento de 536 metros cuadrados, con tres recámaras y lujosos acabados en el PH Santorini, ubicado en Coco del Mar. La propiedad ocupa todo el piso 16 y tiene un valor de avalúo de poco más de $1.4 millones. Sin embargo, esa no es la cantidad que el MEF pide por dicho bien: cuando la entidad convocó las dos subastas fallidas, estableció un precio mínimo de $756,169.35.
Además, el comprador debe saldar las cuotas de mantenimiento ($139,614.27) y el impuesto de inmueble ($71,237.97) acumulados durante todos estos años, sumando un total de $210,852.24, hasta el 5 de marzo de 2024.
Sin proponentes a la vista
La primera vez que el MEF puso el bien en venta fue el 26 de junio de 2018. Ese día, la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos organizó una subasta a la que no se presentó ningún proponente.
Cinco años y ocho meses después, el MEF retomó el tema y elaboró un nuevo pliego de cargos, reduciendo el valor de avalúo del apartamento a poco más de $1.13 millones. La primera convocatoria se programó para el 21 de febrero en el mezzanine del edificio Republic (antiguo Ifarhu) en vía España, pero pasó lo mismo que en 2018: nadie se presentó.
La segunda convocatoria se fijó para el 24 de abril y también quedó desierta.
Desde entonces, cuando se busca el acto de subasta pública en Panama Compra, aparece bajo el estatus de “cancelada”.
El artículo 64 de la Ley 22 de 2006, sobre las contrataciones públicas, señala que cuando la subasta del bien inmueble sea declarada desierta en dos ocasiones, se procederá a la venta por procedimiento excepcional por un precio que sea igual o mayor del 50% del valor calculado en la primera convocatoria.
El otro apartamento incautado a Moncada Luna, el número 26B de la torre B del PH Ocean Sky, también en Coco del Mar, fue adjudicado en remate a la Fundación Rigave, cuyo presidente y representante legal es Ricardo Gardellini, de la constructora Rigaservices, uno de los principales contratistas del Estado.
Lea aquí la nota 'Venden apartamento que perteneció a Moncada Luna'
Rigave pagó $371,569; que el MEF pedía $353,370.
Maná
¿Por qué el MEF tiene la custodia del apartamento del piso 16 en el PH Santorini?
El 30 de septiembre de 2014, La Prensa reveló que desde que fue designado magistrado, Moncada Luna había adquirido dos apartamentos (el del PH Santorini y otro en el PH Ocean Sky), ambos valorados en conjunto en $1.7 millones.
El departamento en el Santorini lo adquirió en agosto de 2014, utilizando una sociedad creada un año antes (llamada Corporación Alpil, S.A.). En ese momento, el precio de la propiedad era de $1.18 millones, el cual pagó al contado. Cerca del Santorini está el Ocean Sky. Allí compró otro apartamento en el piso 26 por $400,000, también en efectivo.
¿De dónde provinieron los fondos para adquirir ambas propiedades?
En su declaración jurada de bienes patrimoniales del 29 de diciembre de 2010, Moncada Luna afirmó que sus únicas posesiones eran un reloj Rolex y una vieja camioneta Toyota 4x4. No tenía más y, aun ahorrando su salario íntegro de $10,000 mensuales ($6,000 como salario y $4,000 como gastos de representación), no podría haber financiado tal desembolso. Tampoco su esposa, quien en aquel entonces trabajaba en el despacho de la primera dama y ganaba $4,000 al mes. Él intentó desviar la atención diciendo que la plata se la había dado “mi tío Pipo”.
Moncada Luna nunca completó su mandato de 10 años: cuando apenas había cumplido la mitad, el 5 de marzo de 2015, se declaró culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad y fue sentenciado a 60 meses de prisión por una subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional, integrada por las entonces diputadas Ana Matilde Gómez, Katleen Levy y Zulay Rodríguez.
Como parte del castigo se ordenó el comiso de ambos apartamentos.
El día de la lectura de la sentencia, el diputado fiscal Pedro Miguel González comunicó que, según un informe de la Contraloría General de la República, el enriquecimiento injustificado calculado del matrimonio Moncada ascendía a $2 millones 94 mil, superando sus capacidades económicas.
Ese mismo día fue enviado a El Renacer, donde permaneció hasta el 22 de marzo de 2018, cuando se le otorgó la medida de libertad vigilada. Entonces se trasladó a vivir a una casa que le prestaron en El Avance, Betania.
El 21 de octubre de 2019 se declaró la extinción de la pena y el 22 de ese mismo mes comenzó a regir la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años.
Dicha inhabilitación se cumplirá el 22 de octubre de 2024, es decir, en 105 días.
