Fiscalía Anticorrupción investiga la supuesta ‘contraloría paralela’

El Ministerio Público (MP) sigue la pista a los equilibrios económicos tramitados por la Contraloría General de la República (CGR) a favor de varios contratistas del Estado, gestionados por la firma forense de Odila Castillo (Castillo, Guardia & Asociados Abogados).

La Prensa pudo conocer, a través de varias fuentes ligadas al proceso, que hay más de una investigación en curso, en las que participan los fiscales anticorrupción Mahmad Daud Hasan e Itzel Koo.

Una de estas investigaciones tuvo su origen en una denuncia presentada por el contralor Gerardo Solís el pasado 11 de abril, aunque es ahora cuando se están dando los primeros pasos.

“Respeto a los periodistas y a la Contraloría. Hoy se insinuó un delito contra la administración pública que yo mismo pido que se investigue”, dijo Solís aquella vez, según recoge un comunicado emitido ese día por la Contraloría. Solís se negó a dar detalles y la Contraloría no amplió la información.

La semana pasada, el periodista Álvaro Alvarado fue citado por la fiscalía para ampliar información que ha compartido en sus programas radiales y en sus redes sociales. Por ejemplo, el 4 de octubre pasado, escribió que le había llegado información sobre la existencia de una “contraloría paralela” por parte de varios empresarios afectados.

“El tema es de grandes ligas, ya que proyectos muy importantes están en peligro debido a que han recibido el mensaje de que, si no pasan por GO, te engavetan las cuentas por cobrar”, escribió en su cuenta @AlvaroAlvaradoC en la red X.

Antes, el 8 de marzo de 2022, Alvarado tuiteó que en el país hay dos tipos de empresas: “las que van a Costa del Este y las que se niegan a ir a Costa del Este”. “Las que van a Costa del Este cobran rápido y las que no van a Costa del Este no les pagan”, escribió Alvarado, citando el programa Panamá en Directo, que en ese momento transmitía el comunicador Edwin Cabrera.

En Costa del Este, precisamente, están las oficinas de Castillo, en el edificio Financial Park, donde compró cuatro locales que unió para conformar la nueva sede de sus oficinas, que antes estaban en Calle Cincuenta, en el edificio conocido como El Tornillo.

Castillo fue asesora del contralor Solís entre 2020 y 2021 y también socia de Zenia Vásquez, secretaria general de la CGR.

Como parte de la investigación, se debe precisar en qué momento comenzó Castillo a gestionar los reclamos a nombre de contratistas del Estado: si lo hizo al mismo tiempo en que asesoraba a Solís o después de dejar la Contraloría. Sin embargo, hay evidencias de que habría comenzado mientras estuvo en la Contraloría, de acuerdo con la documentación que publicó este medio en septiembre pasado.

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Solís no escatima elogios cuando se refiere a Castillo. De ella ha dicho que “es quien mejor conoce el derecho administrativo y las contrataciones públicas”, y que las publicaciones de La Prensa cuentan “una maravillosa historia de éxito”.

En esas publicaciones se describe la febril adquisición de inmuebles por parte de Castillo desde que dejó de laborar en la Contraloría: un penthouse en Santa María, locales comerciales en Costa del Este y en David (Chiriquí) y hasta 11 apartamentos en un mismo edificio en la vía Ricardo J. Alfaro. También ha costeado acciones en un club de golf, compras en boutiques de lujo y viajes para esquiar y asistir a conciertos en Estados Unidos. Todo eso en menos de tres años.

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Esta opulencia contrasta con los ingresos que recibía cuando prestaba sus servicios en la Contraloría. En esa entidad, obtuvo contratos por servicios profesionales como “asesor jurídico externo” de hasta $31,500 en 2021, aunque estuvo trabajando en los meses anteriores en la Contraloría, de acuerdo con registros de la propia entidad publicados en línea.

Rolando Rodríguez B.

Asesor de investigaciones periodísticas.