En el mundo hispanoparlante, “margarita” es una flor de pétalos blancos, un cóctel elaborado con tequila, un nombre femenino e incluso un popular destino vacacional en el Caribe venezolano. Pero, en un contexto limitado a Panamá, China y Barbados, podría referirse a una trama de concesiones marítimas, favores, traiciones, muerte, reclamaciones judiciales y dudosas operaciones corporativas, en torno a un proyecto portuario localizado en una de las zonas más codiciadas del comercio internacional: la entrada del Canal, en la costa atlántica.
Isla Margarita está en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. El presidente José Raúl Mulino habló de ella el pasado 24 de abril, en su conferencia de prensa semanal, al comunicar que su gobierno no seguiría “impulsando” la construcción de un puerto y un patio de contenedores en esa zona, porque —entre otras razones— hay demasiados “escollos” que “limpiar”: atrasos en su cronograma de ejecución, fianzas vencidas y morosidades. Incluso, porque el contrato fue “mal otorgado”.
Pero el diablo está en los detalles: fue otorgado hace 12 años por un gobierno en el que el propio Mulino era ministro de Estado. Y quien estaba al frente de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) cuando la entidad adjudicó el contrato era Roberto Linares, a quien Mulino designó como ministro de Desarrollo Agropecuario en su gobierno.
Para entender esta trama, hay que prestar mucha atención a sus protagonistas y a los vínculos insospechados de algunos de ellos. Y allí emerge la gran interrogante: ¿quién es el legítimo dueño del proyecto?
Dos concesiones, un isla
Oficialmente, en 2013, la AMP otorgó dos concesiones que repartieron 81.51 hectáreas de fondo de mar en Isla Margarita: una a Panama Colon Container Port Inc. (PCCP), para construir un puerto de carga, y otra a United Crown Construction Inc., para desarrollar un patio de contenedores. La AMP elevó las concesiones a la categoría de contrato-ley y el 18 de junio de 2013 obtuvieron la sanción del entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli.
PCCP y United Crown eran controladas por un tal Ko Tin Kwok (Mr. Ko), un magnate chino que llegó al istmo a cazar inversiones en el sector público, utilizando una sociedad llamada Shanghai Gorgeous Group. Además de PCCP, tenía el contrato para construir una planta termoeléctrica de gas natural licuado en Puerto Pilón, Colón, a través de su filial Sinolam Smarter Energy LNG Power Co. (que hasta 2018 se llamaba Martano Inc.). Aquel proyecto energético tampoco tuvo un final feliz y, el 26 de abril de 2024, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) le retiró la licencia de construcción y explotación de la planta.
Aparentemente, Mr. Ko resultó ser Gao Tianguo. Forbes alertó que Gao también utilizaba el nombre de Ko Tin Kwok y lo colocó entre las grandes fortunas del mundo: en 2019 ocupó el puesto 2,057 en su ranking de multimillonarios. Irónicamente, para entonces, sus proyectos en Panamá hacían aguas, aunque estas malogradas inversiones no serían su mayor infortunio.
Mr. Ko también era accionista mayoritario de Anxin Trust, un fondo intervenido por reguladores en China por desviar millones de dólares a proyectos relacionados con Shanghai Gorgeous. Es posible que en esa lista estuvieran el puerto de contenedores y la planta de generación termoeléctrica en Colón.
En 2020, Mr. Ko fue detenido por el caso Anxin (que en mandarín significa “paz mental”). Pero, antes de su caída en desgracia, se asoció con la hongkonesa Landbridge Port Services Ltd., propiedad de Ye Cheng, un empresario chino residente en Rizhao, provincia de Shandong. Juntos crearon Landbridge Holding Inc. (LHI), una corporación registrada en Barbados. PCCP y United Crown (así como otras dos sociedades panameñas) se convirtieron en sus activos principales. El 14 de septiembre de 2017, Landbridge Port pagó $125 millones por el 51% de las acciones de LHI; el 49% restante quedó en manos de Mr. Ko.
Enfermo y perseguido por la justicia, Mr. Ko se hizo a un lado y permitió el ascenso de Liang (Kenneth) Zhang, uno de sus hombres de confianza. Lo puso al frente de Sinolam y lo designó director de LHI. No tardaron en surgir los desacuerdos con los socios de Isla Margarita.
Lo que ocurrió después está descrito en detalle en la demanda que Landbridge Port presentó en Delaware, Estados Unidos, en febrero de 2023, luego de descubrir que, sin su conocimiento ni aval, sus acciones en LHI fueron “anuladas” y su participación mayoritaria quedó “diluida”. ¿Cómo sucedió eso?
Mr. Ko ya no podrá explicarlo: falleció el 4 de abril de 2022, a los 71 años de edad.
La ‘conspiración’
En su demanda, Landbridge Port alega que, al menos desde 2019, Zhang empezó a “conspirar” para expulsarlo de LHI, con la ayuda de Dion Bowe, Leslie Bethel y Colin Michael Martínez.
En julio de 2020, Zhang habría aprovechado el confinamiento y la suspensión de actividades económicas por la pandemia de la covid-19 para -según Landbridge- falsificar documentos, reemplazar a los directivos y finalmente transferir las acciones con derecho a voto que la empresa de Ye Cheng tenía en LHI a la sociedad Sinolam Consulting & Trading Holding PTE Ltd., de Singapur, cuyo dueño sería el propio Zhang.
Eso en cuanto a las acciones con derecho a voto. Con los “activos” se habría llevado a cabo otra maniobra.
Los activos de LHI eran, ni más ni menos, los derechos de concesión que la AMP entregó a PCCP y United Crown Construction Inc. para la construcción del puerto de carga y el patio de contenedores, respectivamente. Fueron transferidos a Coastal Infrastructure Partners LLC, propiedad de Coastal Infrastructure Trust, ambas registradas en Delaware. El fideicomisario del trust era Colin Michael Martínez, uno de los compinches de Zhang.
Por último, el tiro de gracia: en marzo de 2022, el fideicomiso vendió Coastal Partners a Notarc Port Investment Inc., una sociedad que los bahameños Bowe y Bethel crearon cuatro meses antes, también en Delaware. Notarc Port pagó $1. Eventualmente, adquirió las acciones de LHI por $80,303.
De ser así, Notarc Port tan solo habría desembolsado $80,304 por los proyectos e inversiones que hasta entonces PCCP y United habían llevado a cabo en Isla Margarita (aunque Notarc sostiene que le tocó asumir una supuesta deuda de $230 millones que Zhang tenía con PCCP).
Landbridge consideró que esa cantidad representaba “una miseria y una fracción ínfima del valor justo” y que toda la transacción era una “fachada” para “consumar el robo”.
LHI fue disuelta el 6 de junio de 2022. Como quien arroja un cuerpo al mar, tras un homicidio.
Bowe, al día de hoy, es el presidente y representante legal de PCCP y United Crown Construction Inc. Eso no implica que Zhang ha quedado desplazado, puesto que todavía mantiene vínculos con Bowe y Bethel.
Zhang, que ha negado tener participación en Notarc Port, es el accionista único de Notarc Global Investment Limited, creada en Hong Kong en julio de 2021. Según su versión, utilizó el nombre con autorización de los inversionistas bahameños, quienes tenían interés en buscar oportunidades de negocios en Asia. La sociedad hongkonesa serviría para eso, pero, al final, los negocios no se materializaron.
Giro en la AMP
Mientras ocurrían estos desencuentros, la AMP se planteaba retirar las concesiones a PCCP y United.
En junio de 2021, el entonces administrador de la AMP, Noriel Araúz, recibió instrucciones de la junta directiva de la entidad para rescindir el contrato con PCCP por múltiples incumplimientos certificados por auditores de la Contraloría General de la República. La empresa incluso apareció en la lista de patronos morosos de la Caja de Seguro Social.
Pero los ejecutivos de Notarc entraron en escena y lo impidieron.
En septiembre de 2021, se reunieron en Nueva York con el entonces presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, quien estaba en esa ciudad con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. La reunión, informó la Presidencia de la República, era para “discutir posibles inversiones en el territorio nacional”.
Siete meses después, el 19 de abril de 2022, Araúz recibió una nota de Bowe anunciando que el fondo de inversiones Notarc Management Group (NMG), fundado por Bethel en las Bahamas en 1999, había adquirido la totalidad de las acciones de PCCP y prometía una invertir $1,000 millones y completar las obras en 15 meses. Además, se informaba de la entrada un nuevo socio: Terminal Investment Limited (TIL), una filial de Mediterranean Shipping Company (MSC).
En esa nota, Bowe pidió que no se rescindiera el contrato, como había ordenado la junta directiva de la AMP.
La reacción de Araúz debió de ser muy favorable, ya que NMG tardó un mes exacto en emitir un comunicado de prensa para anunciar que había asumido el control del proyecto portuario en Isla Margarita.
Es así como Landbridge se entera de que ha sido despojada de su participación mayoritaria: a través del comunicado que se divulgó el 18 de mayo de 2022. Ese día, además, se firmó el acuerdo con MSC, durante el Bloomberg New Economy Forum, en Nueva York, evento en el que también participaron el presidente Cortizo, sus ministros y el administrador de la AMP. Incluso algunos apadrinaron el acto, con su presencia.
“Fue un completo shock y sorpresa”, reconoció Landbridge en su demanda.
La empresa de Hong Kong envió una nota de “cease and desist” a NMG el 25 de octubre de ese año. Nadie le respondió, aunque Notarc sí acusó recibo y hasta la utilizó a su conveniencia: la aportó como prueba en la querella penal que, el 15 de febrero de 2023, Bowe presentó contra Landbridge ante el Ministerio Público, por el delito de extorsión. En ella reclama $200 millones por el “daño” ocasionado por las “amenazas graves” e “intimidaciones” supuestamente ejercidas por Landbridge.
Para entonces, hacía rato que Noriel Arauz y Dion Bowe habían firmado las adendas a los contratos originales de 2013, las cuales fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el 1 de noviembre de 2022. Con una semejanza perturbadora a lo ocurrido con el contrato de la mina de Donoso, Cortizo las sancionó ese mismo día. Con estas adendas, la vigencia de ambas concesiones se extendió hasta 2042.
¿Sabían Cortizo, Araúz y la junta directiva de la AMP sobre el pleito en ciernes entre los —antiguos— socios en Isla Margarita? Cuesta trabajo creer lo contrario.
En Delaware...
En febrero de 2024, Landbridge presentó una demanda contra Lian Zhang, Dion Bowe, Leslie Bethel, Colin Michael Martínez y las sociedades utilizadas por este grupo inversor, ante una corte de Wilmington, Delaware. Los acusa por supuesto enriquecimiento injustificado, apropiación indebida y conspiración, entre otros delitos civiles.
En su demanda, la compañía hongkonesa reclama la devolución de sus acciones, una indemnización (cuyo monto se determinará en el juicio) y la suspensión de una solicitud de arbitraje presentada por Notarc Port el año anterior ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Cecap), invocando la cláusula de un supuesto “acuerdo de suscripción de acciones” pactado el 21 de marzo de 2022.
Landbridge alega que el arbitraje en Panamá es una farsa y que no le concierne, ya que no es firmante del acuerdo de suscripción al que alude Notarc. Señala, además, que todas las sociedades demandadas se formaron y organizaron en Delaware, por lo que es en los tribunales de Wilmington donde corresponde dirimir el pleito.
Los demandados reaccionaron presentando una moción para obligar a Landbridge a resolver el conflicto ante el Cecap, pero el 27 de marzo de 2024 el juez Gregory B. Williams decidió mantener la demanda en Delaware, al considerar que la Ley de Arbitraje Federal (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos no le autoriza a prohibir ni a obligar a nadie a comparecer en un arbitraje en el extranjero.
Notarc y el resto de los inversores presentaron una apelación el 2 de mayo de 2024, la cual aún está pendiente de decisión. En consecuencia, la demanda de Landbridge se encuentra paralizada.
Eso no significa que no esté pasando nada.
En esta trama enrevesada (y en medio de la nueva realidad geopolítica impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump), todavía hay personajes que no han salido a la superficie. Esos actores serán expuestos posteriormente, en la continuación de esta nota.
En tanto, la concesión pende de un hilo, porque luego de las palabras de Mulino, la AMP lo examina todo para decidir cómo proceder.
“La decisión del presidente José Raúl Mulino de cancelar las concesiones que frenaban el avance del sector marítimo nacional se considera correcta y beneficiosa para Panamá. Pronto, se evaluarán las mejores opciones para desarrollar éstas áreas estratégicas e impulsar nuestro crecimiento marítimo a nivel nacional e internacional”, respondió el administrador Luis Roquebert, ante una consulta de La Prensa.
Se intentó conocer la reacción de PCCP, pero nadie responde a los números telefónicos con los que aparecen listados.
