La Junta de Control de Juegos (JCJ) habría desatendido una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y fomentado la apertura de más salas de máquinas tragamonedas, operadas por la empresa Gaming & Services de Panamá, S.A. bajo el nombre comercial Fantastic Casino.
El 16 de agosto de 2023, la Sala Tercera de la CSJ declaró ilegal una “adenda complementaria” al contrato que hace 28 años suscribió la JCJ con Gaming & Services. Dicha adenda, pactada en 2009, permitió a la empresa abrir 12 salas de máquinas tragamonedas tipo A, adicionales a las 9 autorizadas en el contrato original.
Sin embargo, la JCJ, en lugar de acatar la disposición de la Sala Tercera, expidió una resolución el 23 de noviembre de 2023 (apenas 99 días después del fallo), la cual ha permitido que las 12 salas autorizadas en la adenda declarada ilegal continúen operando hasta la fecha.
Específicamente, la Resolución No. 51 del 23 de noviembre de 2023 autoriza la operación de hasta 23 salas de máquinas tragamonedas tipo A en el “área designada” al contratista. En el caso de Gaming & Services, esa área incluye la capital, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste. El contrato original, firmado en 1997, permitía la apertura de 9 salas, a las que posteriormente se sumaron las 12 autorizadas mediante la adenda de 2009, totalizando 21.
La empresa también está vinculada a una sala en Las Mañanitas y a otra que opera bajo el nombre Big Win, a través de las sociedades Alma de Panamá Oeste, S.A. e Inversiones Pañanitas, S.A., respectivamente. Estas dos salas completan las 23 a las que hace referencia la resolución expedida en noviembre de 2023.
El presidente de las tres sociedades (Gaming & Services, Alma de Panamá Oeste y Pañanitas) es William Downing. La Prensa le envió un mensaje solicitando su reacción sobre este tema, sin obtener respuesta hasta ahora.
El secretario de Inversiones Pañanitas —sociedad inscrita en 2020, en plena pandemia respiratoria, cuando se suponía que los casinos y salas de juego estaban cerrados— es Enrique Pretelt Araúz, yerno del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). En 2009, a requerimiento de la JCJ, la empresa Cirsa reconoció que era titular del 71% de las acciones de Gaming & Services y de otra sociedad denominada Lucky Games. El 29% restante pertenecía, en aquella época, a Pretelt y a Roosevelt Thayer, amigo y exministro de Vivienda de Pérez Balladares, durante cuyo gobierno Gaming & Services obtuvo la concesión directa (sin licitación) con la JCJ.
Cuando se conoció la participación accionaria de Pretelt y Thayer, así como la existencia de múltiples depósitos de Lucky Games en una cuenta bancaria de la sociedad Shelf Holding Inc. (cuyos directivos eran personas cercanas a Pérez Balladares), el Ministerio Público abrió un proceso por presunto blanqueo de capitales. Eventualmente, se dictó un sobreseimiento a favor de Pérez Balladares —quien siempre negó ser dueño de Shelf Holding— y de otras 13 personas.
Es llamativo que, mientras se desarrollaban estas investigaciones en el Ministerio Público, la JCJ acordara la adenda complementaria al contrato que permitió la apertura de más salas a favor de Gaming & Services. Hasta 2018, la empresa ya había generado ingresos por $266 millones. Esto ocurrió durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La apertura de la investigación fue anunciada por el entonces fiscal contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, el 14 de septiembre de 2009. Dos meses después, el 12 de noviembre de 2009, se formalizó la adenda. Al mes siguiente, el Ministerio Público giró la conducción de Pérez Balladares.
Origen y controversia
La Resolución No. 51 de 2023 fue adoptada por el diputado Raúl Pineda (en representación de la Asamblea Nacional, organismo que ocupa un puesto en la junta directiva), junto con Jorge Luis Almengor y Gerardo Solís, entonces viceministro de Finanzas y contralor, respectivamente, quienes en aquel momento conformaban el pleno de la JCJ.
El documento también lleva la firma de Manuel Sánchez Ortega, como secretario.
Todos ellos incurrieron en desacato al ignorar el fallo de la Corte se agosto de 2023, opinó en su momento Rigoberto González, procurador de la Administración hasta el 31 de diciembre pasado.
Pese al cambio de gobierno, la Resolución No. 51 de 2023 se ha mantenido vigente. Por esta razón, otro operador de juegos de suerte y azar —la empresa Hípica de Panamá— presentó una demanda de nulidad ante la Sala Tercera. El ponente del caso es Carlos Vásquez, el mismo magistrado que declaró ilegal la adenda complementaria del contrato de Gaming & Services.
En su demanda, Hípica de Panamá sostiene que, en 1998, se expidió el Decreto Ley No. 2, el cual prohíbe expresamente pactar nuevos contratos para la apertura de más salas. Y eso es precisamente lo que —según alega— fomenta la Resolución No. 51: la proliferación “de forma ilegal, arbitraria e indiscriminada”, lo que, según el demandante, atenta contra la libre competencia y afecta la inversión y los derechos de otros operadores.
Herbert Young, abogado de Hípica de Panamá, ha declarado que a su cliente también se le ofreció acogerse a las disposiciones de la Resolución No. 51, pero rechazó la propuesta.
“La controversia gira en torno a que Hípica de Panamá ha realizado inversiones en hoteles, que implican una mayor inversión, con mesas y máquinas, mayor empleomanía; mientras que las salas se abren en cualquier local, sin mesas, con personal reducido y mínima inversión. Un hotel en Panamá, con piscina y entretenimiento las 24 horas, cuesta no menos de 60 millones de dólares”, afirmó Young.
Por el momento, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, deberá enviar un informe de conducta, a solicitud del magistrado Vásquez.
Fernández, el contralor Anel Flores y la diputada Lilia Batista conforman ahora el pleno de la JCJ, en reemplazo de Almengor, Solís y Pineda, respectivamente.
La Prensa también solicitó una reacción a Ventura Vega Batista, quien reemplazó a Manuel Sánchez como secretario de la JCJ en julio pasado. Hasta ahora, no se ha recibido respuesta.
