La Contraloría General de la República (CGR) refrendó el acuerdo entre la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y la empresa Fintek el 26 de febrero de 2024, pese a que, para esa fecha, dicho documento ya había sido objeto de una denuncia por posibles actos de corrupción y delitos contra la administración pública.
El refrendo fue firmado por el entonces subcontralor Dagoberto Cortez Castro, en reemplazo de Gerardo Solís, titular del cargo. ¿Dónde estaba Solís? Seguramente en Santo Domingo, República Dominicana, donde tres días antes se celebró la XLVIII Reunión General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). En ese evento, Solís asumió la presidencia del organismo.
El acuerdo, que posee características de un contrato, fue suscrito entre Luis Oliva, administrador de la AIG en ese momento, y Ariel Eskenazi, como representante legal de Fintek. En él, la AIG certifica que Fintek gestionará las plataformas de pago de las becas del Ifarhu, el bono sindical y el vale digital del programa Panamá Solidario. No hubo convocatoria a acto público, selección de contratistas ni concurso. Todo se realizó por la vía directa y, supuestamente, sin obligaciones económicas: la compañía asumiría los gastos del personal y a la AIG le correspondería cubrir los costos en caso de desarrollarse o implementarse algún software adicional.
Aunque el documento fue firmado el 2 de diciembre de 2022, la Contraloría tardó 451 días en refrendarlo. Para entonces, muchas cosas habían cambiado. A saber...
- El país se encontraba en plena campaña electoral.
- Oliva había presentado su renuncia —efectiva a partir del 13 de octubre de 2023— para hacer proselitismo político como candidato a diputado en San Miguelito por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), en las elecciones de mayo de 2024 (las cuales perdió).
- El Ministerio Público recibió una denuncia el 1 de diciembre de 2023 por irregularidades en la gestión de Listo Wallet, la plataforma utilizada para realizar los pagos del vale digital. En el acuerdo con Fintek, se le denominó “plataforma integradora de medios de pagos del Estado”.
- El denunciante, Luis Carlos Stoute, fue destituido como subadministrador de la AIG el 6 de febrero de 2024.
Es poco probable que en la Contraloría no conocieran estos acontecimientos: todo fue ampliamente documentado, ya que Stoute recorrió La Prensa y otros medios de comunicación, exponiendo las irregularidades y los “claros indicios” de delitos contra la administración pública que había identificado en Listo Wallet, tras revisar el acuerdo con Fintek (negociación y redacción en las que no participó, aunque entonces era el subadministrador de la AIG).
También descubrió que, aunque la AIG no había adquirido obligaciones económicas con Fintek —según el acuerdo—, la empresa estaba cobrando un 0.5% por cada operación realizada a cada uno de los comercios afiliados. Además, accedió a toda la base de datos de los beneficiarios de estos programas sociales, que contenía información personal y confidencial.
Oliva está ahora imputado por la presunta comisión de tres delitos: corrupción de funcionarios, peculado y asociación ilícita para delinquir, al igual que otras dos personas: el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra de Reynardus, antigua asesora de la AIG.
Hay un cuarto investigado que aún no ha sido conducido ante un juez para la audiencia de imputación de cargos y de imposición de medidas cautelares. Se trata de Ralph Attie, hermano de Budy.
El pasado jueves, la fiscal anticorrupción Talia Palacios le informó al juez de garantías Luis Cevallos que Budy y Ralph Attie son los “propietarios” de Fintek.
La Prensa consultó a una abogada de la familia Attie sobre la relación exacta de los hermanos con la empresa, pero esta respondió que, dado que la investigación está en curso, por el momento preferían no emitir comentarios.
Oliva, Attie y Becerra deben notificarse ante la fiscalía y tienen prohibido abandonar el país. La fiscalía ha pedida la detención preventiva de Oliva y Attie; dicha solicitud será revisada en una audiencia de apelaciones el próximo 10 de septiembre.
La Prensa contactó a Adolfo Fábrega, actual director de la AIG, quien declinó responder preguntas, pero recalcó que la entidad ha entregado a la fiscalía toda la información pertinente sobre el caso.
Tampoco quiso hablar Stoute, aunque la semana pasada compartió un mensaje en el que advirtió que ha comenzado a ser objeto de ataques e intentos de desprestigio, por lo que espera que se salvaguarde su seguridad y la de su familia mientras dure el proceso.
Esta nota fue modificada a las 5:25 p.m. del lunes 1 de septiembre de 2025. En el texto original se informó equivocadamente que la fiscal anticorrupción Talia Palacios solicitó la detención preventiva de Luis Oliva, Budy Attie y Janice Becera. La información correcta es que pidió la detención preventiva de Oliva y de Attie. Esta solicitud será atendida en una audiencia de apelación que se celebrará el 10 de septiembre de 2025...
