Mientras el gobierno de Laurentino Cortizo recorta a la mitad el presupuesto de promoción turística, sigue repartiendo millones para subsidiar la construcción de hoteles de grupos privados: la Dirección General de Ingresos (DGI) aprobó $120 mil a un tercer proyecto, Latam Real Estate Groth Fund, Inc., para que levante el International Medical Tourism Casa Pintada.
Es un nuevo capítulo de la historia de los incentivos turísticos mediante créditos fiscales, que con este completa tres proyectos beneficiados por la cuestionada ley 122 de 2019. Ya había dos enlistados en la repartija, ambos por el 100% de la inversión: Inversiones Chiricanas de Hotelería y Fideicomiso de Fomento Turístico, ambos vinculados a un familiar político de Iván Eskildsen, uno de los impulsores de la iniciativa desde la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
En total, representan una renuncia de $32,446,000 en impuestos para el país.
La historia de estos incentivos es tensa y extensa. Incluyó tres leyes, dos demandas de inconstitucionalidad avaladas por el procurador, Javier Caraballo, reclamos ciudadanos, de gremios empresariales y del propio sector hotelero, además de un compromiso incumplido del presidente Cortizo: prometió derogarla -y la derogó-, pero terminó sancionando el mismo proyecto en julio del año pasado.
Tuvo más: una investigación periodística, un fallo de la Corte Suprema de Justicia y muchas mentiras.
La ATP certificó los proyectos por precios muy por encima de lo declarado por las empresas ante MiAmbiente por los mismos desarrollos. Además, según la información suministrada por ellos mismos, por una inversión total de $85.6 millones generarían un promedio de 1.5 empleos por habitación para 368 habitaciones.
Ni la Justicia, ni las denuncias, ni las presiones ciudadanas lograron frenar lo que ocurre ahora: subsidios millonarios del Estado para pagar hoteles de grupos privados.
El nuevo del club
“Esta sección ha reconocido incentivos a un (01) proyecto adicional [además de los dos anteriores] a través de seis (6) resoluciones que otorgan los incentivos fiscales regulados mediante la Ley N° 122 de 31 de diciembre de 2019 y el Decreto Ejecutivo N° 364 de 23 de julio de 2020″, dijo el director de la DGI, Publio De Gracia, en respuesta a un pedido de acceso a información de La Prensa. Son $120 mil.
De Gracia no indicó cuál era el proyecto beneficiado -adujo confidencialidad-, pero, por la información disponible en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se deduce que se trata de Latam Real Estate Growth Fund, Inc., una sociedad de inversión cerrada tipo paraguas, para que construya un hotel en La Pintada, Coclé.
La mecánica para acceder a esos millones a los que el Estado renunciará es indirecta y, simplificada, es la siguiente: los interesados registran una empresa en la SMV, ofrecen las acciones en la Bolsa de Valores y, a quien las compra –el inversionista– el Estado le devuelve el valor de lo que pagó, eximiéndolo de impuestos. O sea, deja de recaudar.
Latam Real Estate Growth Fund, Inc. pretende emitir valores de hasta $550 mil, según el prospecto informativo disponible en la SMV. Allí figura como administrador una casa de valores sancionada con $1 millón por la propia SMV en 2021, por irregularidades en la información financiera y faltas en los controles internos en las cuentas de inversión
Un dato curioso de la sociedad son sus lazos con la realeza española.
Hasta el año 2019, en la junta directiva de Latam Real Estate Growth Fund hubo un marqués español: Juan Urquijo. Urquijo copó las páginas de revistas como Hola! por razones obvias, pero también tremendas: estuvo acusado del asesinato de sus padres en el año 1961.
En su presentación a la ATP, la sociedad dijo que invertiría $55 millones en el hotel. Según su página web, fue fundada en 2016 y en su equipo predominan expertos venezolanos.
Además de ese, hay dos más a quienes la DGI les conoció $32 millones: Inversiones Chiricanas de Hotelería, que salió al mercado por el Hampton by Hilton en David, y Fideicomiso de Fomento Turístico, con cuatro hoteles por $40 millones aprobados por la SMV.
Tienen en común haber sido los primeros en carrera y tener en sus filas a un familiar político del hombre que impulsó la cuestionada iniciativa y comandó la ATP hasta julio de 2023 -justo cuando Cortizo sancionó otra vez la ley de incentivos-, Iván Eskildsen: el empresario Alfonso Naranjo.
Todo en familia
Naranjo fue el primero en obtener la certificación de la ATP en 2020, para un hotel ya construido y a punto de inaugurar. La ley 122 quedó reglamentada por decreto presidencial el 23 de julio de 2020. Un mes después, Naranjo recibió de la institución liderada por su excuñado la resolución que le permitía iniciar el trámite para recuperar la inversión de $13.7 millones. A los tres meses -un tiempo récord en construcción-, el Hampton by Hilton inauguró.
Además de ese, también está vinculado al otro proyecto que está en Bolsa, Fideicomiso de Fomento Turístico: integra el consejo de Administración de la sociedad como socio-director de la firma que lo administra, Chagres Capital, según consta en la información disponible en latinexbolsa.com. El fideicomiso nuclea cuatro hoteles en Bocas del Toro, Boquete, Santa Catalina y El Valle. Son, según el prospecto presentado ante la SMV, desarrollos inmobiliarios que alquilarán a la cadena Selina y que, además del total de lo que cueste levantar esos hoteles, recibirán otros beneficios del Estado.
Hubo muchos señalamientos. En uno de los tres reportajes de una serie de investigación publicada en octubre de 2022, La Prensa reveló que dos de los cuatro hoteles de ese fideicomiso fueron presentados ante la ATP por un monto mayor al que los mismos desarrolladores declararon durante el mismo año ante el Ministerio de Medio Ambiente, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
“Si usted aduce que por ser pariente recibió trato especial, la respuesta es no”, dijo Eskildsen tras esa publicación. Su excuñado, Naranjo, reconoció entonces que “un director de la sociedad es pariente político de un funcionario de la actual administración”. Entre los proyectos certificados por la institución que dirigía Eskildsen hay también donantes de campaña de Cortizo, algunos que recibieron beneficios suculentos del Estado para esos mismos desarrollos y otros conflictos de interés.
