La Universidad de Panamá (UP) no puede responder por los fondos que maneja el Consorcio HCG, S.A., contratista del Centro Regional Universitario (CRUSAM) de San Miguelito, el cual realizó pagos al diputado Raúl Pineda y a tres personas detenidas como parte de la operación Jericó (incluido su hijo, Abraham Rico Pineda).
Así lo expresó la UP a través de un comunicado emitido este jueves 12 de junio por la Vicerrectoría Administrativa, una semana después de que La Prensa informara que el Ministerio Público maneja informes de transacciones bancarias que indican que, además de beneficiar a Pineda, su hijo y las otras dos personas ligadas a Jericó, el Consorcio HCG presuntamente desvió fondos a cuentas personales relacionadas con Juan José Zonta y Luis Alberto Gaitán —socios de la empresa—, con el fin de “capitalizar” propiedades, vehículos de alta gama y depósitos a plazo fijo.
La UP, que reconoce haber pagado ya el 81 % del costo total de la obra (adjudicada hace cinco años por $65.9 millones, pero que ya asciende a casi $85 millones), sostiene que no tiene responsabilidad sobre la gestión o uso posterior de los fondos entregados a la empresa para el desarrollo del proyecto.
“Esa responsabilidad recae exclusivamente sobre la empresa adjudicataria, la cual debe regirse por las normativas legales y fiscales vigentes en la República de Panamá, bajo la supervisión de los entes reguladores del Estado”, señala el comunicado, firmado por el vicerrector administrativo, Arnold Muñoz.
“Nuestra responsabilidad es asegurar que los fondos públicos asignados a la UP se ejecuten con transparencia, exigiéndose la debida justificación de cada centavo previo a su desembolso, tanto por nuestro equipo técnico como por la Contraloría General de la República”, agrega.
En cuanto a la Contraloría, tanto el rector Eduardo Flores como el vicerrector Muñoz sostienen que se solicitó revisar el procedimiento utilizado para fijar el monto del equilibrio contractual invocado por el contratista, el cual incrementó la obra en $15.6 millones. Originalmente, el consorcio pedía $28 millones.
La UP no ha realizado ningún pago ligado al equilibrio contractual, sostiene el vicerrector en el comunicado emitido este jueves.
Carta abierta de la Vicerrectoría Administrativa de la UP en la que se resalta la transparencia en la construcción del nuevo campus del CRUSAM y se evidencia que nuestra institución no tiene responsabilidad alguna por el uso posterior de los fondos por parte de la empresa. pic.twitter.com/wgvIX31WiK
— Universidad dePanamá (@UNIVERSIDAD_PMA) June 12, 2025
El incremento por equilibrio contractual se encuentra en la sexta y última adenda al contrato, firmada por el rector Flores y por Zonta, en representación del Consorcio HCG.
El rector indicó que la solicitud fue enviada mediante una nota al contralor Anel Flores el pasado 2 de enero, y ya recibió una respuesta.
“No pueden adelantar criterio al respecto, pues la Contraloría tendrá que fiscalizar las correspondientes gestiones de cobro”, reveló Flores.
¿Por qué se solicitó revisar el monto del equilibrio contractual apenas cuatro meses después de haber firmado la adenda?
“A finales de 2024 se estableció el equilibrio contractual con la aprobación del contralor del gobierno anterior, pero para verificar que todo estuviera conforme a la norma, en los primeros días del nuevo contralor se le solicitó, si lo consideraba oportuno, revisar este proceso”, respondió.
Anel Flores asumió como contralor el 2 de enero pasado (el mismo día en que la UP envió la nota), en reemplazo de Gerardo Solís.
El reclamo que presentó la empresa a la UP, reclamando un incremento en el precio de la obra por equilibrio contractual, fue gestionado por la firma forense de Odila Castillo, una abogada que fue asesora de Solís en su etapa como contralor.
En tanto, el Ministerio Público solicitó información a la UP sobre los pagos realizados al Consorcio HCG, tras conocer que el contratista desvió fondos a sociedades y cuentas ligadas al diputado Pineda y los tres investigados por presunto blanqueo de capitales, como parte de la operación Jericó.
El diputado ha cuestionado las publicaciones y niega haber recibido cualquier pago “indebido”.
“La Prensa, en notas sesgadas y malintencionadas, pretende vincular a mi hijo y a mí con supuestos pagos indebidos relacionados con uno de los proyectos más importantes para San Miguelito: el Centro Regional Universitario (CRU). Rechazo categóricamente tales insinuaciones, que son totalmente falsas”, dijo en su cuenta de X.
La Prensa, en notas sesgadas y malintencionadas, pretende vincular a mi hijo y a mí con supuestos pagos indebidos vinculados a uno de los proyectos más importantes para San Miguelito: el Centro Regional Universitario (CRU). Rechazo categóricamente tales insinuaciones que son… pic.twitter.com/ox7l7zFglq
— Raúl Pineda (@raulpineda8_6) June 6, 2025
Pineda fue presidente del club de fútbol Sporting de San Miguelito hasta el año 2020, cuando fue reemplazado por Zonta.
Zonta, por su parte, ha dicho que los documentos que maneja el Ministerio Público tienen información “manipulada”.
