Bernardo Meneses habría recibido fondos de por lo menos 82 personas que obtuvieron jugosos auxilios económicos mientras estuvo al frente del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).
En ese grupo de beneficiados hay funcionarios de la Asamblea Nacional (AN), donde Meneses laboró antes de ser designado como director del Ifarhu, en julio de 2019. También figuran miembros y personas ligadas al Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo en el que milita Meneses; de hecho, renunció al Ifarhu el 28 de febrero de 2023 para ser candidato a diputado en el circuito 13-1 del PRD, elección que finalmente perdió.
En la Asamblea, Meneses trabajó como analista de relaciones internacionales. Actualmente, ejerce como “profesional especial 1” en la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, con un salario mensual de $620.10.
La Prensa pudo conocer que el Ministerio Público (MP) maneja información que indica que, entre los años 2021 y 2024, ingresó un poco más de $400,000 a tres cuentas bancarias vinculadas a Meneses, pero casi el 70% de esos fondos (unos $277,000) no ha podido ser justificado razonablemente.
Esos dineros, cuya procedencia es incierta, habrían sido captados en efectivo, transferencias bancarias automáticas y Yappy. Los movimientos fueron advertidos en su momento por las propias entidades bancarias, dado que no concordaba con el perfil del exfuncionario. De hecho, hay constancia de que, en 2023, poco después de su salida del cargo, el MP obtuvo reportes que ya daban cuenta de irregularidades en las cuentas a nombre de Meneses.
Cuando estuvo al frente del Ifarhu, Meneses se negó sistemáticamente a revelar quiénes eran los beneficiarios de los auxilios económicos no reembolsables que se entregaban de forma discrecional y sin evaluar indicadores como promedio académico, nivel socioeconómico o situación de riesgo social.
Para ocultar esa información, firmó una resolución en la que invocaba la Ley 81 de 2019, sobre protección de datos personales. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), entidad rectora en esa materia, solicitó hasta en cuatro ocasiones al Ifarhu que eliminara las restricciones y divulgara los nombres de los beneficiarios de todos los programas de empréstitos de la institución, pero este clamor fue ignorado, primero por Meneses y luego por Ileana Molo, quien lo reemplazó en el cargo tras su renuncia a finales de febrero de 2023.
La Antai no fue la única. Rigoberto González, que fue procurador de la Administración hasta el 31 de diciembre de 2024, hizo una inspección al Ifarhu. Allí, los propios funcionarios revelaron que no había un reglamento para adjudicar los auxilios; tampoco rendición de cuentas, ni reembolsos, ni avisos de convocatoria para que cualquier interesado pudiera aplicar. Todo era gestionado de acuerdo con el criterio de la dirección general. González solicitó correctivos y la expedición de un reglamento. Y le pasó como a la Antai: lo ignoraron.
Para colmo, la Contraloría General de la República, entonces bajo el mando de Gerardo Solís, agregó un nuevo impedimento y clasificó la información de los auxilios económicos como “reservada”.
Sorteando estos obstáculos, La Prensa armó y presentó una base de datos interactiva de los auxilios económicos repartidos entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, que representaban un gasto de $141.6 millones. En total, la base identificó a 2,144 beneficiarios y presentó otros 2,759 desembolsos que no aparecían a nombre de nadie.
Ingrese a la base de datos del Ifarhu aquí.
Entre los beneficiarios que sí figuraban con nombre y apellido estaban Mía Sofía Cortizo, sobrina del entonces presidente Laurentino Cortizo, así como José Simpson Serrano, Yarisbel Melo Herrera y Jorge Emilio Jaén Ruiz, hijos de los ministros de aquel momento José Simpson Polo (de la Presidencia), Juana Herrera (de la Mujer) y Eyra Ruiz (consejera), respectivamente.
Incluso Esteban Solís Menard, hijo de la directora de Becas y Asistencia Educativa del Ifarhu, Tania Menard, recibió un auxilio no reembolsable.
También figuró María Alejandra Panay, viceministra de la Mujer en el gobierno de Cortizo y antigua asistente de Meneses en el Ifarhu.
Panay, además, es hija e hijastra de los exdiputados Quibian Panay y Yanibel Ábrego. Ella no es la única descendiente de un diputado que recibió auxilio: también están Diego Ábrego y Paola Testa, hijos de Roberto Ábrego y Zulay Rodríguez, respectivamente, quienes ocuparon una curul hasta el 30 de junio de 2024. Todos estos exparlamentarios militaban en el PRD y, por tanto, eran copartidarios de Meneses.
También en las filas del PRD está el auxiliado Hussein Bolívar Pitty, del frente de la Juventud de ese colectivo.
La Prensa contactó a Meneses para conocer su versión. El exfuncionario indicó que no daría declaraciones, por consejo de su abogado. Igualmente, se le envió un cuestionario por correo electrónico, que no respondió.
Al exdirector del Ifarhu se le preguntó por qué razón en sus cuentas hay depósitos o transferencias realizadas por estudiantes que recibieron auxilios del Ifarhu.
También se le preguntó cómo podía justificar el origen de su patrimonio y si sabía cuántas investigaciones hay en el Ministerio Público, en las que ha sido mencionado o requerido. Al respecto, se le preguntó si alguna de esas investigaciones guardaba relación con la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales o enriquecimiento injustificado.
Meneses no respondió las preguntas. En su lugar, el abogado Ángel Álvarez escribió una nota a Annette Planells, presidenta de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), en la que infundadamente acusó a La Prensa de sustraer información confidencial, la cual “supuestamente se relaciona a las causas penales llevadas a cabo contra el señor Meneses”. Según Álvarez, estas “causas” son objeto de una “revisión” por parte de la Contraloría General de la República, a solicitud del propio Meneses.
