El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ya procedió a cancelar el contrato de concesión de fondo de mar adjudicado a Panama Colon Container Port (PCC), en Isla Margarita.
“La junta directiva de la AMP ya canceló esa concesión”, comunicó Mulino este jueves 8 de mayo, en su conferencia semanal desde la Presidencia.
La Prensa conoció que en abril pasado, atendiendo instrucciones de la junta directiva, el administrador de la AMP, Luis Roquebert, expidió la resolución para rescindir el contrato, que originalmente fue pactado en el año 2013 con unos inversionistas de Hong Kong.
También se procedió a cancelar la concesión de United Crown Construction, Inc., una sociedad ligada a PCCP que tenía permiso para construir un patio de contenedores en una zona adyacente al puerto.
“Los que somos más viejos podemos dar fe de las décadas que tiene Isla Margarita echando cuento, de uno en otro. Y no tiene nada que ver con otro aspecto que no sea poner orden, sanear un área importantísima en Colón, en la entrada atlántica del Canal, para abrirla a una licitación internacional”, indicó Mulino.
Agregó que hay varios “jugadores importantes a nivel internacional” interesados en ese sector, que está en una ubicación privilegiada para el sector marítimo y de transporte logístico.
“Ojalá pronto podamos culminar todo ese proceso y abrir una licitación internacional para sacar a Isla Margarita del marasmo en que se encuentra desde hace tanto tiempo”, remarcó Mulino.
Esta sería la segunda ocasión en que la AMP intenta cancelar esa concesión, por incumplimiento de contrato.
La primera orden fue dada por la junta directiva el 23 de junio de 2021, pero esa instrucción nunca se concretó, porque PCCP se reunió (en varias ocasiones) con el entonces presidente de la República, Laurentino Cortizo, a quien prometió que el proyecto sería reactivado con el ingreso de nuevos socios, representados por la sociedad Notarc Port Investment, controlado por Notarc Management Group, un fondo de inversión de Bahamas.
PCCP no solo mantuvo la concesión, sino que logró que la AMP extendiera su vigencia (por la vía de una adenda) hasta el año 2042.
Aunque PCCP prometió completar los trabajos del puerto en 15 meses, eso nunca se cumplió.
El proyecto arrastra no solo incumplimientos y morosidades con la AMP, sino que sus socios están inmersos en una disputa legal en Delaware, Estados Unidos.
Esta semana, La Prensa recibió (vía correo electrónico) un “comunicado de prensa” que anunciaba la supuesta venta, por parte de Notarc Port Investment, de los activos de PCCP a un denominado “United States Strategic Fund”. El comunicado que La Prensa recibió por correo electrónico no precisaba detalles sobre este fondo, el monto de la transacción ni cuándo sería finiquitada.
Al respecto, el administrador Roquebert le dijo a La Prensa que no se puede vender “lo que no existe”, en alusión a que la cancelación de la concesión.
Como las concesiones de United Crown Construcción y de PCCP se otorgaron a través de los contratos ley número 42 y número 43 del 18 de junio de 2013, respectivamente, queda la duda si la cancelación de ambos debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. La Prensa hizo la consulta a la AMP, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
