El Consejo Municipal de Panamá ha aprobado la extensión de varios contratos por servicios a empresas cuestionadas, pero, además, sin sustento formal ni discusión previa en comisiones de trabajo del Municipio, como exige la normativa vigente.
De acuerdo con el artículo 62 del Reglamento Interno del Concejo, toda solicitud de proyecto o prórroga debe ser evaluada, primero por la comisión correspondiente antes de llegar al pleno, salvo que se justifique por escrito su “urgencia notoria” y sea aprobada por dos terceras partes de los concejales.
La Prensa revisó el orden del día de varias sesiones recientes y no halló documentación alguna que respalde esa supuesta urgencia ni justificación formal que explique por qué se omitieron los procesos de licitación pública. A pesar de ello, las extensiones han sido aprobadas en el pleno, a solicitud del alcalde Mayer Mizrachi, sin que haya sido analizada, al menos, por la Comisión de Hacienda del Municipio.
Fuentes del Concejo advierten que estas decisiones están comprometiendo fondos públicos sin los debidos controles ni procesos de competencia entre los proveedores, lo que ha favorecido a ciertas empresas, con renovaciones casi automáticas. Advierten que esta práctica debilita la transparencia y fomenta la discrecionalidad en el manejo de los recursos municipales.
Consultado por La Prensa, Mizrachi defendió su gestión en estos asuntos: “Nuestro deber es con la ciudadanía panameña, y no estamos pa’ jugar los mismos juegos políticos de siempre. Estamos rompiendo el molde, dando resultados, no excusas, y atendiendo las necesidades de la gente. No existe una alcaldía más transparente y comunicativa que esta”, afirmó.
Sin embargo, consultado sobre la documentación que justificaría cada una de las extensiones de los contratos, Mizrachi se limitó a responder que “todo [fue] justificado con el aval de un Concejo, que entiende las circunstancias extraordinarias actuales”.
Una figura de urgencia que se volvió regla
Un representante que pidió no ser identificado por temor a represalias explicó que la Comisión de Hacienda Municipal debería encargarse de revisar estas contrataciones. Sin embargo, denunció que muchos de los proyectos llegan directamente al pleno bajo la etiqueta de “urgencia notoria”, lo que impide el debate y evita el requisito de presentar documentación detallada.
“La urgencia notoria se está utilizando de forma reiterada para renovar contratos sin una justificación clara. Debería ser la excepción, pero se ha convertido en la norma”, reveló la fuente.
Agregó que la falta de discusión en las comisiones impide que los concejales ejerzan con rigor su labor fiscalizadora. “Estos acuerdos no se discuten, llegan al pleno y se aprueban. La mayoría no incluye explicaciones sobre por qué no se abrió un concurso”.
Algunos concejales aseguran sentirse marginados del proceso. Alegan que, aunque presentan objeciones, estas son ignoradas, ya que sus colegas prefieren guardar silencio por temor a que, en represalia, no se aprueben sus proyectos comunitarios. Como resultado de ello, los contratos sin sustento se imponen sin debate. “Pedimos que se envíe a comisión, hacemos preguntas, pero no tenemos los votos. Lo aprueban todo con su mayoría”, declaró una de las fuentes.
También hay preocupación por el creciente nivel de autonomía que se le está otorgando al Municipio, sin establecer contrapesos claros. Particularmente, se cuestiona la reciente creación de una empresa municipal, que carece de mecanismos de fiscalización, representación del Concejo, ni siquiera el deber de rendir cuentas periódicas. “No se puede permitir que el municipio se fiscalice a sí mismo...”, dijo una fuente.
Recursos públicos en juego
El vicealcalde en licencia, Roberto Ruiz, confirmó que desde julio —incluso durante el periodo de transición— se tenía plena información sobre los contratos próximos a vencer o ya vencidos.
“Se acordó que debían prepararse actos públicos de licitación para evitar justificar falta de tiempo o contratar de forma directa”, explicó Ruiz.
Sin embargo, denunció que la Dirección Administrativa no ejecutó lo acordado, y con el paso de los meses se optó por simples prórrogas. Citó el caso, por ejemplo, de la empresa Hombres de Blanco, que prestaba servicios sin un contrato refrendado y “a su propio riesgo”. También el contrato de insumos alimentarios para comedores y albergues, que antes eran preparados, supuestamente, en instalaciones del Municipio, con estufas industriales nuevas que hoy permanecen en desuso.
Ruiz también cuestionó que algunas prórrogas se hayan hecho por períodos menores al contrato original, lo que evita alcanzar el umbral de los $300 mil, que obligaría a buscar la aprobación del Consejo Económico Nacional (CENA). “La anterior subdirectora de Contrataciones Públicas ya había indicado el procedimiento correcto para convocar licitaciones, pero fue ignorada y luego desvinculada en febrero”, advirtió.
Además, señaló su preocupación por tres acuerdos aprobados bajo la figura de urgencia notoria: uno para la creación de la ya citada sociedad anónima municipal; otro vinculado al uso de criptomonedas, y un tercero sobre contrataciones tecnológicas. “Solicitaré copia de estos acuerdos al Concejo para remitirlos a la Sala Tercera, ya que podrían estar violando diversas disposiciones legales”, anunció.
Con todo, Mizrachi sostiene que su administración está “haciendo las cosas bien y los resultados se están viendo”.
