Dieciséis meses después de denunciar anomalías en la gestión de la plataforma del Vale Digital, el exsubadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Carlos Stoute, no solo fue destituido; también afirma haber sido víctima de la intercepción de información confidencial almacenada en su computadora.
Nadie ha sido indagado; mucho menos imputado. La plataforma dejó de operar y el vale (que en cuatro años representó un gasto de $2,936 millones) fue suspendido. Stoute fue eventualmente destituido de su puesto y el que era su jefe en aquel momento, Luis Oliva, jamás respondió por esos hechos. Voluntariamente dejó el cargo, pero para hacer campaña como candidato a diputado del PRD, en las elecciones de mayo de 2024, pero perdió.
Tampoco la Contraloría General de la República se inmutó. No hizo una auditoría para corroborar las 11 anomalías denunciadas por Stoute en el software de Listo, que es el nombre con el que se bautizó la plataforma utilizada para realizar las transferencias del Vale Digital. Gerardo Solís, contralor general de la República hasta el pasado 31 de diciembre, le dijo que “no veía nada irregular en su reporte” y que su labor era “corregir y no investigar”.
“Nuestra cultura nacional es significativamente tolerante a la corrupción”, le dijo esta semana a La Prensa.
Stoute, como denunciante, no tiene acceso al expediente que maneja el Ministerio Público, por lo que desconoce cómo avanza la investigación por posibles delitos contra la administración pública.
“La investigación del Ministerio Público va más allá de la AIG y toca a actores importantes en el mundo político y empresarial”, resaltó.
En su momento, informó de sus hallazgos a sus superiores: el administrador Oliva y el entonces ministro consejero de Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas Pardini. También a Solís y a Nadia del Río, asistente ejecutiva del presidente de la República de aquel momento, Laurentino Cortizo, quien igualmente fue informado.
Luego de su denuncia ante el MP, Stoute reportó a las autoridades haber sido víctima de la extracción de documentación legal y confidencial de sus equipos electrónicos, por personas que, según él, se sienten afectadas por su denuncia.
Esperanza en una nueva legislación
Este miércoles 2 de abril, Stoute participó en el primer debate del proyecto de ley 131 sobre protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción, aprobado con seis votos a favor en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN). Solo el diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la comisión, votó en contra.
El exsubadministrador de la AIG le contó a los diputados comisionados que está seguro que fue destituido del cargo por haber preparado un informe de 24 páginas y 20 anexos sobre sus hallazgos en la plataforma Listo.
Además, subrayó la importancia de la protección laboral para los funcionarios denunciantes. Según él, varios empleados de la AIG querían sumarse a su denuncia, pero no podían permitirse el lujo de quedar desempleados, como le pasó a él.
Entre las medidas de protección listadas en el proyecto de ley 131 (propuesto por el diputado Jorge Bloise) está la reserva de la identidad del denunciante o testigo, el acceso a ayuda psicológica, permitirle participar en las diligencias de manera virtual y un fuero laboral, entre otras.
Aseguró que esta protección permitiría que “miles de funcionarios públicos decentes y profesionales no se vean amedrentados ante situaciones donde deberían ejercer criterio propio cuando la actividad del Estado no se conduce correctamente”.
Pese a las consecuencias, Stoute dice que no se arrepiente. “Lo volvería a hacer”, remarcó.
Preocupaciones sobre la investigación
Stoute teme que el plazo de la investigación venza, ya que todavía está pendiente la elaboración de una auditoría de parte de la Contraloría General.
