En medio del proceso para cancelar la concesión de fondo marino para construir un puerto y un patio de contenedores en Isla Margarita, Colón, ha surgido una duda: ¿quién es el dueño del proyecto?
El pasado 6 de mayo, La Prensa recibió por correo electrónico un “comunicado de prensa” enviado por la firma de relaciones públicas Cavalry Strategies. En esa nota se informó que Notarc Port Investment LLC vendería los activos de Panama Colon Container Port (PCCP) a un fondo denominado “United States Strategic Fund”.
“La Autoridad Marítima de Panamá [AMP] fue debidamente notificada de esta transferencia, que actualmente se encuentra en proceso de culminación”, señala el comunicado.
Sin embargo, la “notificación” que recibió la AMP apunta a un comprador distinto.
Juan Felipe Pitty, del bufete Pitty Legal Bureau, compartió con La Prensa copia del documento que, en su condición de apoderado especial de PCCP, presentó a la AMP, para informar que el nuevo propietario y beneficiario final de la sociedad es “US Infrastructure Fund LLC”.
Esa nota fue recibida por la AMP el 31 de enero pasado. No obstante, el administrador de la entidad, Luis Roquebert, dijo que desconocía la venta.
“Formalmente, mis ojos no han visto documento alguno respecto a esta supuesta transacción”, señaló Roquebert, cuando La Prensa lo contactó para preguntarle por el cambio de propietarios en PCCP, luego de recibir el comunicado de Cavalry Strategies.
Roquebert no mencionó nada sobre el aviso de Pitty y descalificó la transacción, alegando que no se puede vender algo “que no existe”, en alusión a la inminente cancelación administrativa del contrato de concesión de fondo de mar adjudicado en 2013 a PCCP. Lo mismo ocurre con el contrato a favor de United Crown Construction Inc. (que controla el mismo grupo inversionista), para el desarrollo de un patio de contenedores en la zona adyacente.
El administrador remarcó que, con o sin contrato vigente, no se pueden traspasar concesiones de fondo de mar sin el aval de la AMP. Las concesiones de PCCP y de United Crown Construction para el desarrollo del puerto y el patio de contenedores, respectivamente, acaparan 81.51 hectáreas de fondo de mar. A cambio, el Estado debía recibir un ingreso por canon fijo de $15.1 millones de PCCP y de $29.9 millones de United, en los 20 años de concesión (que vencen en 2042), prorrogables “automáticamente” por 10 años adicionales.
“Los únicos que, por ley, dentro del territorio panameño, pueden traspasar o dar concesiones son la AMP, y no deben ser esos grupos los que decidan a quién las otorgan como terceros o mediante supuestas ventas”, remarcó Roquebert.
¿Dónde están?
Ni el comunicado de Cavalry Strategies ni la nota del abogado Pitty aportan mayor información sobre el origen de esos compradores ni sobre el monto de la transacción. Todo se ha manejado de forma misteriosa.
No fue posible ubicar a “United States Strategic Fund”. En cambio, sí surgió información sobre la sociedad mencionada por Pitty. Y el resultado es inquietante.
En Florida aparece registrada una sociedad de responsabilidad limitada llamada US Infrastructure Fund, inscrita el 23 de diciembre de 2024. No obstante, la misma se encuentra “inactiva” desde el 18 de febrero de 2025.
Según los registros electrónicos, fue disuelta porque “la entidad no realizó ninguna actividad comercial y la LLC ya no es necesaria”.
En busca de aliados
Una copia de la réplica que Pitty dirigió a La Prensa fue enviada al nuevo embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien ha declarado que uno de los objetivos de su misión diplomática es disminuir la presencia de China en el Canal de Panamá, en concordancia con el discurso del presidente estadounidense Donald Trump. Esto incluye las operaciones portuarias.
El embajador Cabrera también ha expresado su interés en atraer inversiones estadounidenses “de alta calidad” y defender un entorno empresarial “justo y transparente”.
Aparentemente, el apoderado de PCCP encontró que el lío de Isla Margarita podría encajar en la narrativa anti-China.
Oportunismo
El documento que Pitty entregó a la AMP para informar que US Infrastructure Fund LLC era el nuevo beneficiario de PCCP fue presentado el 31 de enero, apenas tres días después de una audiencia en el Senado estadounidense sobre la presunta influencia china en el Canal.
El testigo principal en esa audiencia fue el comisionado Louis Sola, presidente de la Federal Maritime Commission (FMC). Sola repite señalamientos que han sido reiteradamente refutados por el Gobierno panameño y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Por ejemplo, ha dicho que los empleados de la ACP deben pedir permiso al personal de seguridad chino para llegar a sus puestos de trabajo y que algunas navieras chinas reciben un reembolso del peaje que pagan por transitar la vía.
Sola también propuso la creación de un fondo soberano para financiar inversiones estadounidenses en Panamá, específicamente en los sectores logístico y portuario, con el fin de competir con China. Una de las inversiones que calificarían para ese fondo serían la marina privada y el puerto para cruceros que el comisionado pretende desarrollar en dos concesiones estatales a nombre de la sociedad Amador Marina, presidida por su hija Carolyn, en Isla Flamenco, en la entrada del Pacífico del Canal. Sola fue apoderado de Amador Marina hasta 2018.
Pitty, en lugar de responder por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de PCCP o la demanda presentada por un antiguo socio del proyecto por presunto enriquecimiento ilícito, apropiación indebida y conspiración, ha optado por adoptar el discurso de Sola.
En la nota enviada a La Prensa, con copia al embajador Cabrera, se refiere insistentemente a su cliente como una “empresa estadounidense”, omitiendo que, en los últimos tres años, el proyecto ha sido impulsado por los bahamenses Dion Bowe y Leslie Bethel.
Bowe y Bethel, junto a Liang Zhang, Colin Michael Martínez, Notarc Port Investment LLC y otras cuatro sociedades han sido demandados por Landbridge Port Services Ltd., una empresa registrada en Hong Kong. La demanda fue presentada en tribunales de Delaware, Estados Unidos, pero se ha dilatado porque los demandados insisten en que el caso debe resolverse mediante arbitraje en Panamá.
Los abogados de Bowe, Bethel y dos sociedades demandadas por Landbridge son Jennifer Hernández y John Arrastia Jr., del bufete Continental PLLC, fundado por Carlos Trujillo, exembajador de Estados Unidos ante la OEA en el primer mandato de Trump (2017-2021).
Trujillo también fundó la firma lobista Continental Strategy. Uno de sus directores es Anthony Sola, hijo del presidente de la FMC.
Las conexiones
Aunque el apoderado especial de PCCP presenta el litigio de Isla Margarita como una disputa Estados Unidos vs. China, hay elementos que indican que el gigante asiático está presente en los dos bandos.
Bowe y Bethel mantienen vínculos con inversionistas chinos, en concreto con Liang Zhang, quien también está incluido en la demanda presentada por Landbridge en Delaware.
Zhang, expresidente de PCCP, es el accionista único de Notarc Global Investment Limited, una sociedad creada en Hong Kong en julio de 2021. En la Corte de Delaware consta una declaración notariada de Zhang, en la que afirma que usó ese nombre con autorización de los inversionistas bahameses, y que la sociedad serviría para buscar oportunidades de negocios en Asia, las cuales —según él— no se materializaron.
Zhang y Dion Bowe también fueron apoderados conjuntos de Sinolam Smarter Energy LNG Power (antes Martano Inc.), la sociedad que obtuvo un fallido contrato para construir una planta termoeléctrica de gas natural licuado en Puerto Pilón, Colón.
En cuanto a Pitty, personalmente ha estado en China buscando clientes.
En noviembre de 2017, apenas cinco meses después de que Panamá rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán para restablecerlas con China, Pitty viajó a Shanghai para visitar las oficinas de Capital Equity Legal Group (CELG), con quienes firmó un acuerdo de cooperación para establecer una “plataforma conjunta” de servicios legales orientada a promover inversiones entre China y Panamá.
Una nota de prensa en el sitio celg.cn registró la visita de Pitty, quien fue presentado como “asesor del presidente de Panamá”, un detalle sorprendente considerando que, en esa época, el presidente era el panameñista Juan Carlos Varela. Pitty milita en el PRD, donde incluso ocupó el cargo de quinto subsecretario del CEN.
La carta del abogado (con copia al embajador) intenta confundir, al sostener que el Estado no puede convocar una licitación internacional en Isla Margarita (como anunció el presidente José Raúl Mulino el pasado 8 de mayo), ya que la misma es propiedad de PCCP.
“Isla Margarita es de propiedad 100% privada, a diferencia de todas las otras concesiones portuarias en Panamá que fueron construidas sobre tierras del Estado panameño”, escribió. Sin embargo, omitió mencionar que, para construir el puerto y el patio de contenedores, la AMP entregó a su cliente dos concesiones de fondo de mar que suman poco más de 81 hectáreas.
El 10 de abril de 2025, el administrador de la AMP ordenó la cancelación de ambas concesiones, alegando incumplimientos del contrato, como atrasos en el cronograma de construcción y morosidad.
La decisión aún no está ejecutoriada, ya que fue impugnada ante la junta directiva de la AMP y también se han presentado recursos de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
El bahamense Dion Bowe es el presidente de PCCP. pic.twitter.com/hrVRB74OKK
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 12, 2025
El contrato ley fue adjudicado en 2013 y, ya en 2021, la junta directiva ordenó su cancelación por incumplimiento. PCCP logró mantener la concesión porque Dion Bowe prometió invertir más de $1,000 millones y terminar la construcción del puerto en 15 meses, lo que no ocurrió. El propio Pitty sostiene que se han invertido $300 millones (según una “auditoría” de CBRE Richard Ellis, una firma de bienes raíces), una cantidad muy inferior a la prometida.
Se intentó ampliar la información sobre la venta de PCCP, pero Pitty no había atendido un cuestionario enviado por La Prensa, al momento de redactar esta nota.
Tampoco hubo respuesta a un cuestionario enviado a Cavalry Strategies.
