La sociedad Stward Agency, Inc. se quedó sin contrato de concesión en la calzada de Amador, al no lograr el permiso de compatibilidad con las operaciones del Canal para operar una barcaza flotante que serviría como muelle para pasajeros.
En consecuencia, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le ordenó desocupar el área de 2,000 metros cuadrados de fondo marino en la isla Perico, la cual administra desde hace años bajo el nombre comercial de Dolphin Terminal, pese a no tener un contrato vigente.
Esta es la segunda ocasión, en menos de ocho años, en la que Stward Agency ve frustrada su intención de concesionar esa área.
Anteriormente, tenía un contrato con la AMP, pactado el 25 de junio de 2018, pero la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo anuló el 23 de agosto de 2021, precisamente por no contar con el permiso de compatibilidad por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
En el contrato anulado, se acordó que la AMP recibiría un canon fijo mensual de 25 centavos por metro cuadrado, con un incremento anual de 5%. En total, en tres años, Stward Agency habría pagado poco más de $18,914 a cambio de ocupar un espacio privilegiado en una de las áreas de mayor potencial turístico del país, muy cerca de la terminal de cruceros de Amador y el proyecto comercial denominado Brisas de Amador. Adicional, la concesionaria adquirió el compromiso de invertir $1.5 millones, así como destinar casi $62,000 en proyectos comunitarios y sociales.
Había una vez...
Stward Agency, Inc. es parte de Stward Corporation, un conglomerado que se promueve a sí mismo como líder en el sector marítimo en Panamá. A través de sus distintas filiales, ofrece servicios de lancha, bunkering, remolcadores, capacitaciones, certificaciones, entre otros. Su presidente y representante legal es Pablo Torres Chong, primo del exdiputado y exjefe de bancada del PRD, Ricardo Torres.
El 25 de junio de 2018, Stward Agency pactó un contrato de concesión con la AMP, el cual se refería a la misma área en Perico que ahora solicita ocupar.
Como la concesión colinda con un terreno que está bajo la administración del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la empresa cerró un acuerdo para que esa entidad le diera acceso, vía terrestre, y así poder llegar desde la calle principal de la calzada hasta la barcaza.
Pero ese contrato se vino abajo cuando fue demandado por el abogado Héctor Zavala y la CSJ le dio la razón.
El 23 de agosto de 2021, la Sala Tercera declaró nulo, por ilegal, el contrato entre la AMP y Stward Agency, alegando que no se cumplieron todas las exigencias legales para otorgar la concesión, “inobservancia que recae primordialmente en el requisito de otorgamiento previo del permiso de compatibilidad por parte de la Autoridad del Canal de Panamá [ACP]”.
Pese al dictamen de la Corte, la empresa siguió ocupando el área, a ciencia y paciencia de la AMP, entidad que entonces estaba bajo la administración de Noriel Arauz. ¿Cómo lo logró? Pues porque cinco meses antes de que la Sala Tercera anulara su contrato de 2018, Stward Agency presentó una nueva solicitud para que se le entregara la concesión del área que ya estaba ocupando.
La condición de la ACP
La nueva solicitud fue presentada el 19 de marzo de 2021 y ese mismo día también pidió el permiso de compatibilidad. Como la ACP tiene un reglamento que indica que ese trámite se hace a través de la “entidad gubernamental administradora del área del proyecto”, le correspondió a la AMP intervenir.
Entre el 20 de abril de 2021 y el 9 de agosto de 2023, la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares envió seis notas a la ACP, como parte de las gestiones a favor de Stward. Pero no lo logró. El 27 de agosto de 2024, el administrador Luis Roquebert (quien había reemplazado a Arauz en julio) recibió una nota en la que se le comunicó que la junta directiva de la ACP había decidido “suspender” la evaluación de la solicitud de Stward, al percatarse de que en la ribera este de la entrada pacífica del Canal ya existen otros proyectos para desarrollar “las mismas actividades”, dos de los cuales ya cuentan con permiso de compatibilidad: uno a favor de Suplidores y Servicios de Panamá, S.A., y otro para un muelle industrial y auxiliar que será operado por la propia AMP.
Como esos dos proyectos no han sido desarrollados aún, la ACP advirtió que estaba dispuesta a reanudar la evaluación del permiso a favor de Stward, si se solicitaba revocar el de Suplidores y Servicios de Panamá y el suyo propio. La AMP no aceptó.
Tomando como antecedente el fallo de la CSJ de 2021, no puede haber concesión sin permiso de compatibilidad. Por tanto, la AMP negó la solicitud de Stward Agency, a través de una resolución firmada por Roquebert y la directora de asesoría legal (en funciones de secretaria del despacho), Khadyn Mollick, el 24 de marzo de 2025.
En ese mismo documento, a la empresa se le ordenó desalojar el área en un plazo de 10 días hábiles. Contra esta decisión cabe un recurso de apelación ante la junta directiva de la AMP, que actualmente preside Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia.
La Prensa preguntó a Freidi Torres, abogado de Stward Agency, si se acatará la orden de desalojo o se presentará la apelación. Esta fue la respuesta de la empresa: “En relación con sus consultas acerca del desalojo y los recursos aplicables al acto administrativo, queremos asegurarle que siempre cumpliremos con las leyes de la República de Panamá, agotando los recursos que la ley nos permite”.
