Las 14 fincas ubicadas en el complejo residencial y turístico Red Frog, en isla Bastimentos, que estaban bajo el control del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) y su cooperativa, serán puestas a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La decisión fue adoptada el pasado lunes 26 de mayo por la fiscal Isis Soto, quien ordenó la aprehensión provisional de las propiedades como parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada al sindicato, la cooperativa y su dirigencia, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato.
Las 14 fincas suman un área total de 33,712 metros cuadrados y fueron entregadas por Pillar Construction, S.A. (que cambió su nombre a Bastimentos Holding) para compensar a 412 trabajadores que participaron en una huelga —declarada legal por el Ministerio de Trabajo— llevada a cabo del 5 de febrero de 2007 al 14 de octubre de 2008.
El 30 de agosto de 2011, el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola condenó a Pillar Construction a pagar $5.8 millones en salarios caídos y casi $1.2 millones.
Un año después, ante la imposibilidad de efectuar el pago en efectivo, la empresa logró un acuerdo extrajudicial para saldar la deuda mediante el traspaso de unas fincas que, en ese momento, supuestamente tenían un valor de $3 millones. En dicha negociación, los 412 trabajadores estuvieron representados por el Suntracs, a pesar de que algunos de los beneficiarios ni siquiera estaban afiliados al sindicato.
Por esta razón, cuando las fincas fueron traspasadas, se registraron a nombre de Suntracs.
Estas propiedades, que en teoría pertenecen a los 412 obreros de Red Frog, fueron utilizadas como garantía de un préstamo que el sindicato solicitó a su propia cooperativa (ya clausurada por las autoridades), denominada Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs. El préstamo ascendía a $3 millones, a pesar de que, en ocho años, se habían revalorizado. De hecho, la fiscalía cuenta con un avalúo realizado por el ingeniero Pablo Smith, de la empresa Servicios Profesionales de Avalúos y Construcción, que calcula el valor de mercado de esas tierras en $28.6 millones.
Ante la imposibilidad de recuperar lo que les corresponde, los 412 “verdaderos dueños” de las fincas presentaron una querella penal el 22 de agosto de 2022. Estos son los hechos que ahora investiga la fiscal Soto.
Los querellantes alegan que nadie en Suntracs les consultó sobre la firma del acuerdo extrajudicial de 2012 ni sobre el supuesto contrato de préstamo con la cooperativa en 2022.
De hecho, afirman que el 29 de mayo de 2022 el sindicato convocó a una reunión informativa en Almirante, en la cual —según ellos— al menos la mitad de los asistentes eran personas ajenas al proceso. En cambio, a muchos de los obreros indemnizados por Red Frog se les impidió el ingreso al salón. Posteriormente, se enteraron de que, en esa reunión, Jaime Caballero, secretario de Asuntos Internacionales del Suntracs, anunció que las fincas serían hipotecadas.
Caballero se encuentra en detención preventiva como parte de esta investigación, al igual que Genaro López, exsecretario general del Suntracs y uno de los firmantes del acuerdo extrajudicial con Pillar Construction.
Por su parte, Saúl Méndez, actual secretario general del sindicato, solicitó asilo en Bolivia y permanece en la embajada de ese país en Panamá, a la espera de una respuesta.
