El proceso judicial que tiene a los principales dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) respondiendo ante la justicia o en franca huida no guarda relación con las protestas callejeras del último mes, que son la seña característica de esta agrupación. Paradójicamente, su génesis está en un pleito promovido desde sus propias filas.
Una querella presentada en el año 2022 por antiguos trabajadores de Red Frog Beach Club, en isla Bastimentos, Bocas del Toro, es lo que ha llevado al sindicato a esta suerte de implosión gremial.
Esos trabajadores, hoy querellantes, fueron compensados por Pillar Construction, S.A. y Ocean Group International Inc. (que hasta agosto de 2009 se llamó Pillar Panamá, S.A.), promotoras del malogrado proyecto turístico y residencial en Bastimentos. En lugar de dinero en efectivo, las empresas entregaron una villa en el PH Red Frog Beach Club y 13 lotes de terreno.
Los inmuebles fueron puestos a nombre del Suntracs.
Cuando los obreros comenzaron a reclamar su parte del arreglo, el Suntracs puso la cartera inmobiliaria fuera de su alcance: dio las propiedades en Bastimentos como garantía de un “préstamo” de $3.1 millones que el sindicato celebró el 6 de junio de 2022 con la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. Algo que la retórica del Suntracs habría denominado como un “contrato de yo con yo”. Dicha cooperativa ya no existe: fue auditada y recientemente clausurada por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), por presuntas violaciones a la Ley 23 de 2015, sobre prevención del blanqueo de capitales.
Había una vez...
A principios de siglo, los desarrolladores de Red Frog prometieron invertir $19.9 millones en la primera fase del proyecto en isla Bastimentos, que incluiría 47 villas o townhouses y servicios complementarios, como dos restaurantes, tres piscinas, spa, gimnasio, dos lagos artificiales y galerías comerciales. Pronto surgieron cuestionamientos por daños al medio ambiente. De hecho, hubo una multa de $130,000 por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Posteriormente, el estudio de impacto ambiental (EIA), categoría III, que sustentaba el proyecto fue declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia.
Al lío ambiental se sumó uno laboral.
Reportes de aquella época indican que en el proyecto había entre 700 y mil obreros de la construcción.
Los reclamos empezaron por los pagos correspondientes a las jornadas dominicales y los sobretiempos.
Se declararon dos huelgas, que fueron consideradas legales por el Ministerio de Trabajo. La primera se desarrolló del 3 al 25 de agosto de 2006; la segunda se extendió por más de año y medio: del 5 de febrero de 2007 al 14 de octubre de 2008.
Por la huelga de 2006, la empresa fue obligada a pagar $165,500 en salarios caídos, más costas, en un reclamo que llegó hasta la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. No ha trascendido el monto exacto resultante de la huelga de 2007-2008, pero en un acuerdo extrajudicial se decidió que el pago correspondiente se finiquitaría con la entrega de bienes inmuebles.
Y es aquí cuando aparentemente surgen los hechos que hoy inciden sobre la dirigencia del Suntracs.
Mientras representaba a los trabajadores en la fase de negociación, el Suntracs maniobró para que el titular registrado de las propiedades entregadas por la promotora para saldar la deuda fuera el propio sindicato, en lugar de los obreros.
Méndez, el ‘adquiriente’
El primer acuerdo para transferir las propiedades fue firmado el 19 de noviembre de 2012 por la abogada Carmen Vicente Serrano, en representación de Ocean Group International Inc., y Saúl Méndez, secretario general y representante legal del Suntracs, quien en la transacción fue identificado como el “adquiriente”.
Hubo otros dos acuerdos de traspaso ocho años después, en 2020: uno el 31 de marzo de ese año con la sociedad Golden Beach Trading Corp. (representada por Wilhelmina Bussing), y otro con Dream Properties Inc. (presidida por David Naimark), el 9 de junio. En ambos también firmó Saúl Méndez.
Los 13 lotes (de diferentes tamaños, aunque ni uno superaba los 3,000 metros cuadrados) fueron traspasados por el mismo valor: $500 cada uno. A la villa de 404 metros cuadrados, ubicada en el PH Red Frog Beach Club, se le adjudicó un valor de traspaso de $117,951, aunque en el Registro Público consta que el valor de las mejoras edificadas es de $192,707.
La transferencia de todo el paquete inmobiliario se hizo “libre de gravámenes hipotecarios y anticréticos”.
En 2022, los trabajadores de Red Frog presentaron una querella para reclamar los beneficios del acuerdo extrajudicial, en la que acusan a la dirigencia del Suntracs por los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato.
En el Registro Público se presentó una nota del abogado Manuel Antonio Olmos Castillo, que el 30 de mayo de 2022 solicitó que se incorporara una nota marginal de advertencia en la inscripción de las fincas adjudicadas al Suntracs, para prevenir que se realizaran operaciones “de mala fe” o “temerarias”. En los registros electrónicos consta que la solicitud de Olmos se archivó a las 4:59 p.m. de ese día.
La solicitud del abogado Olmos fue rechazada por un error en su presentación.
Por coincidencia o por otra razón, el mismo día en que Olmos solicitó las anotaciones marginales de advertencia, pero a las 8:30 a. m., la junta directiva del Suntracs supuestamente celebró una reunión para autorizar a Méndez a firmar el contrato de préstamo con su propia cooperativa por $3.1 millones, pagaderos en un plazo de hasta 25 años. El acta de la reunión habría sido firmada por Méndez y Alexis Pineda, secretario de actas, correspondencia, estadística y censo del sindicato. Así se desprende de la minuta refrendada por la abogada Alejandra Chong Torok. Chong es una de las apoderadas sustitutas en la demanda que el Suntracs presentó contra la Caja de Ahorros en 2024, por la supuesta mala prestación de servicios al cerrarles sus cuentas bancarias en 2023, en medio de las protestas contra el contrato de explotación minera en Donoso.
No se especifica para qué se pidió el préstamo a la cooperativa ni en qué se utilizarían los $3.1 millones.
Una semana después, el 6 de junio de 2022, se registró ante un notario el contrato de préstamo firmado por Méndez y Luis González Marín, representante legal de la cooperativa.
Para garantizar el pago de los $3.1 millones, más sus intereses (acordados a una tasa del 6 % mensual), se constituyó una hipoteca y anticresis a favor de la cooperativa sobre las fincas y la villa del Suntracs en Red Frog Beach Club.
El contrato de préstamo -según dicha escritura pública- incluye una cláusula que indica que “la cooperativa podrá declarar toda la obligación de plazo vencido si el deudor resultare embargado o de cualquier forma perseguido en sus bienes, por parte de terceros”. Es decir, estos inmuebles podrían eludir las consecuencias legales de los actos del propio Suntracs.
Se busca
Por la querella de los extrabajadores, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada inició una investigación penal (de la que nadie tenía conociento, hasta ahora) y esta semana, en medio de disturbios y protestas en contra de la ley que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) y el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, se emitieron órdenes de aprehensión contra 11 dirigentes del Suntracs.
#Comunicado| La @PGN_PANAMA , a través de la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, informa que se han emitido órdenes de aprehensión contra ciudadanos panameños en el marco de una investigación penal que data del año 2022. pic.twitter.com/nNQwUEidFR
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) May 21, 2025
Ya han sido detenidos Genaro López y Jaime Caballero, antiguo secretario general y secretario de relaciones internacionales, respectivamente, del Suntracs.
Méndez, como ya se sabe, está en la embajada de Bolivia en Panamá, donde solicitó asilo, alegando persecución política.
