Hoy, 22 de junio, se cumplen 20 años de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), luego de haber sido adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y ratificado por 20 Estados miembros. El OPCAT nace de una necesidad fundamental identificada por la comunidad internacional: para luchar contra la tortura no basta con condenarla e investigarla una vez que ocurre. Hay que prevenirla.
La tortura es una de las peores formas de crueldad que puede sufrir un ser humano. Va mucho más allá de una agresión física; es el intento deliberado de quebrar la identidad y la dignidad de una persona. Sus consecuencias pueden durar toda la vida y se extienden a las familias de las víctimas y a todo su entorno social. Donde existe tortura o malos tratos, el Estado de derecho se debilita, la confianza en las instituciones democráticas se erosiona y los valores sobre los que se asienta toda forma de convivencia humana pierden significado y vigencia.
Es por ello que la prohibición de la tortura ocupa un lugar único en el derecho internacional: es absoluta, es decir, no admite excepciones, ni siquiera en situaciones de emergencia o crisis.
Precisamente para hacer efectiva esta prohibición absoluta, el OPCAT estableció un sistema preventivo de visitas regulares a lugares de privación de libertad. Porque es en la oscuridad, en el silencio, detrás de los muros, donde la tortura puede permanecer oculta y perpetuarse. Cuando esas puertas que antes estaban cerradas se abren para el monitoreo independiente, se van cerrando a la vez espacios que facilitan la tortura y el maltrato.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU es el órgano internacional encargado de visitar, sin previo aviso, lugares de privación de libertad en todos los Estados Partes. Los mecanismos nacionales de prevención ejercen el mismo mandato que el Subcomité, pero a nivel nacional. El Subcomité no puede estar en todas partes a la vez, pero un mecanismo nacional puede visitar decenas e incluso cientos de lugares de privación de libertad, incidir en reformas legislativas y capacitar a funcionarios. Es en estos mecanismos donde está el mayor valor del OPCAT. A través de ellos, la prevención deja de ser solamente un compromiso internacional para convertirse también en una realidad nacional.
La prevención funciona porque, a través de un monitoreo directo de las condiciones en las que viven las personas privadas de libertad, se pueden identificar situaciones que aumentan el riesgo de abusos. Factores como el uso excesivo de la detención preventiva, el hacinamiento, la falta de atención médica, el aislamiento prolongado, el poco o nulo contacto con familiares y la ausencia de personal profesional y debidamente capacitado son señales de alerta que el Subcomité y los mecanismos nacionales de prevención incluyen frecuentemente en sus diálogos con los Estados.
Son diversos los lugares de privación de libertad. La prevención en el marco del OPCAT busca la protección de toda persona privada de libertad y no solo de quienes lo están por motivos penales. Es por esto que las visitas se extienden más allá de centros penitenciarios y estaciones de policía, desde albergues para niños y hogares para adultos mayores hasta hospitales psiquiátricos y centros de acogida para migrantes.
Dos décadas después de la entrada en vigor del OPCAT, lo que comenzó con 20 Estados Partes se ha convertido en una comunidad de 96 países y alrededor de 80 mecanismos nacionales de prevención. Se ha avanzado, pero la tortura y los malos tratos persisten en diferentes partes del mundo. Este aniversario es una oportunidad para reflexionar y redoblar compromisos, especialmente con el fortalecimiento y la independencia de los mecanismos nacionales de prevención. Su labor rara vez ocupa titulares, pero cambia vidas y fortalece instituciones de manera silenciosa y profunda. Y ese sigue siendo, veinte años después, el gran aporte del OPCAT.
La autora fue ministra de Gobierno y es actualmente presidenta del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. Las opiniones expresadas aquí son exclusivamente de la autora y no reflejan una posición institucional.
