El debate actual sobre la posible convocatoria de una Constituyente Originaria en Panamá pertenece principalmente al ámbito del derecho constitucional. Como médico, reconozco que esta materia se encuentra fuera de mi especialidad, pero existen principios científicos universales que pueden aportar a este debate. La medicina ha desarrollado, a lo largo de los siglos, un método para abordar problemas complejos que no solo busca curar, sino también evitar que el tratamiento cause daños mayores que la enfermedad en sí. Este principio, que inspira la medicina preventiva, se resume en uno de los postulados éticos más antiguos: primum non nocere —primero, no hacer daño.
Desde esta perspectiva, quiero aportar una reflexión al debate constitucional panameño, no como jurista, sino como médico habituado a tomar decisiones irreversibles, donde el método es tan importante como el resultado.
La necesidad de revisar la Constitución
Es indiscutible que Panamá necesita revisar su Constitución. Tras más de medio siglo de vigencia y numerosas reformas, es legítimo cuestionar si el marco constitucional responde a las necesidades actuales. Las sociedades evolucionan, y sus instituciones deben hacerlo también.
Sin embargo, mi preocupación no se centra solo en la necesidad de modernizar la Constitución, sino en el método para hacerlo.
El método en medicina y el método en derecho
En medicina, ninguna intervención mayor comienza eligiendo el equipo quirúrgico. Primero se determina si el paciente necesita realmente una cirugía. Se realiza un diagnóstico, se establece un diagnóstico diferencial, se estudia el pronóstico, se analizan alternativas terapéuticas y se explican los riesgos. Solo entonces se decide si la operación está indicada.
Observo con preocupación que el debate público parece seguir el camino inverso: gran parte de la discusión gira en torno a cómo elegir a los futuros constituyentes, cuándo hacerlo y cuál será el procedimiento para redactar una nueva Constitución, sin antes responder a una pregunta fundamental.
La decisión del pueblo
¿Ha decidido el pueblo panameño que desea abandonar el mecanismo de reforma previsto en la Constitución vigente para sustituirlo por una Constituyente Originaria? Según mi comprensión, esta decisión aún no ha sido adoptada.
La Constitución actual contempla mecanismos para su propia reforma y eventual sustitución, pero no contempla expresamente la figura de una Constituyente Originaria. Quienes defienden su convocatoria se fundamentan en el artículo 2, que establece que el poder público emana del pueblo. Aunque este principio merece el mayor respeto, es distinto citarlo fielmente que derivar de él consecuencias jurídicas no expresadas en el texto. Esto pertenece al ámbito de la interpretación.
Interpretación y prudencia
Hay una sorprendente semejanza con la práctica médica: los médicos interpretan radiografías y análisis de laboratorio, pero decidir que una lesión requiere cirugía es un juicio clínico. Cuando hay interpretaciones diferentes, ningún médico responsable acelera una intervención irreversible; solicita una segunda opinión, amplía los estudios y reduce la incertidumbre antes de decidir.
La prudencia aumenta cuando la incertidumbre es mayor, porque las interpretaciones pueden errar.
El riesgo de iatrogenia constitucional
En medicina, la iatrogenia es el daño causado por el propio tratamiento. No se trata de mala fe, sino de que una intervención bien intencionada puede generar consecuencias más graves que la enfermedad. Las sociedades también enfrentan ese riesgo. Existe una iatrogenia constitucional cuando el procedimiento para corregir problemas institucionales debilita la seguridad jurídica, profundiza la polarización o genera controversias sobre la legitimidad del proceso constituyente.
El orden metodológico
Por ello, considero que Panamá debería incorporar un paso previo al debate. El problema no es solo el tratamiento propuesto, sino el orden del método. Primero se diagnostica, luego se determina si la cirugía está indicada y solo entonces se escoge el equipo quirúrgico. En el debate panameño, parece que se empieza por escoger a los cirujanos antes de decidir si el paciente quiere ser operado.
Antes de definir constituyentes, calendarios electorales o redactar un nuevo texto, deberíamos preguntar al verdadero titular de la soberanía: ¿considera el pueblo panameño necesario iniciar el proceso para una nueva Constitución? Si la respuesta es afirmativa, habría que preguntar si autoriza que ese proceso se realice mediante una Constituyente Originaria, figura no prevista expresamente en la Constitución vigente.
Consentimiento informado y legitimidad
Este orden metodológico fortalecería la democracia. No sería una discusión sobre el contenido de la futura Constitución, sino una decisión previa sobre el método para ejercer el poder constituyente. En medicina, esto se llama consentimiento informado: ningún paciente entra al quirófano sin conocer los beneficios, riesgos, complicaciones y alternativas. ¿Por qué exigir menos cuando se trata del principal instrumento jurídico de la República?
Las constituciones son el sistema nervioso del Estado. Regulan el funcionamiento institucional y garantizan el equilibrio de poderes. Su legitimidad depende tanto de la calidad de sus normas como de la confianza en el procedimiento de su nacimiento.
Por eso me preocupa que una Constitución nazca con un debate permanente sobre la legitimidad del método utilizado. En medicina existen enfermedades congénitas; en las instituciones también pueden existir defectos de origen. Ninguna democracia debe correr ese riesgo si puede construir un consenso amplio y transparente.
La medicina preventiva como modelo institucional
La medicina preventiva no se opone a las cirugías; las indica cuando son necesarias, pero exige un diagnóstico correcto, un diagnóstico diferencial serio, un pronóstico valorado, evidencia suficiente y consentimiento informado. Tal vez ese mismo método pueda proteger la salud institucional de Panamá.
Cuando está en juego la Constitución de una República, la prudencia no es debilidad, sino la mayor expresión de responsabilidad democrática.
El autor es exministro de Salud y de Vivienda. Exdirector de la CSS.
