En las últimas semanas, y luego de la intervención del presidente de la República en un par de escenarios, se ha podido percibir un impulso hacia la figura de una nueva Constitución, tema que ha estado en la palestra pública en varias ocasiones durante los últimos tiempos.
Somos muchos los que hemos expresado nuestras opiniones sobre este tema, que resulta mucho más complicado de lo que en algunas ocasiones nos han querido vender. Por otro lado, hay quienes emiten un concepto sobre el tema sin conocer a fondo lo que este implica o con expectativas mucho más altas que las que una nueva carta magna podría realmente cumplir.
La actual Constitución con la que vivimos es el producto de lo aprobado por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos convocada para tal fin en 1972, durante la vigencia del gobierno militar que gobernaba Panamá en esa época. Posteriormente ha sido reformada en varias ocasiones, siendo las modificaciones más destacadas las de 1978, 1983, 1992, 1994 y 2004.
Esta ley suprema que rige nuestro país creó un mecanismo para modificarse que hace muy complicada su reforma, a menos que exista un acuerdo político entre quienes entran a un nuevo gobierno y quienes van saliendo, que ha sido la forma en que ha recibido sus últimas modificaciones.
Hoy se nos presenta una nueva oportunidad de reformar esta “ley fundamental” que rige el Estado, considerando, como debe ser, que el Estado somos todos; por ello, todos deberíamos participar, pues el resultado que arroje este proceso regirá la ruta por la cual todo el país debe conducirse.
Por ello, no termino de entender por qué se quiere adoptar una vía diferente para construir una nueva Constitución, alejada de las reglas que nos rigen. La famosa constituyente “originaria”, que ha sido el caballito de batalla de los grupos sindicalistas, de obreros y de educadores, que por regla general se mueven hacia la izquierda del espectro político, no está contemplada como una fórmula para cambiar la actual Constitución.
Y, más que, “sin querer queriendo”, darle la razón a estos grupos que la mayoría rechazamos, lo que busco es prevenir que, luego de un proceso largo y que podría presagiarse complicado, el producto final sea demandado ante la Corte Suprema de Justicia y que, como una posibilidad real, sea declarado inconstitucional y, por ello, todo el trabajo realizado no pueda ponerse en práctica.
Apegarse al artículo que reza que “el poder emana del pueblo” para que, por esta vía, sea implementada podría también interpretarse en el sentido de que toda acción del Órgano Ejecutivo en funciones podría requerir un plebiscito, lo cual haría más complicado, prolongado y, hasta cierto punto, dificultaría la labor de este vital órgano del Estado.
Desde mi balcón, hubiera preferido que se modificaran los artículos de la actual Constitución que atan de manos y complican de forma excesiva su reforma, de manera que se facilite, desde la selección de las personas que se convertirían en constituyentes hasta los procedimientos mediante los cuales estos se lleven a cabo.
Lo que se nos presenta hoy más parece una cruzada para sacarse a alguien de encima que para realmente hacer las cosas dentro del marco de la ley, sin tener que caminar por caminos “medio chuecos” o al margen de lo que dice la propia norma.
La cantidad de personas que estamos decepcionadas o frustradas por lo complicado que resulta reformar nuestra carta magna es grande; quizás se hizo así para que su reforma fuera casi imposible. Pero hoy todos debemos trabajar, primero, en los requisitos o principios básicos y, luego, irnos a lo más complicado.
Por ejemplo, quiénes podrían ser y cómo se elegirían los constituyentes; si se dejaría sin validez lo expresado por quienes participamos en las elecciones de 2024, o cuáles serían las reglas básicas para el debate y la adopción de acuerdos.
Dejar temas tan complicados al famoso pueblo, sin ánimo de descalificación, podría convertir este posible proceso en uno casi imposible, y mucho más cuando se prevé que pudiera coincidir con el proceso electoral de 2029, lo cual no abonaría en nada a su feliz y exitosa culminación.
El autor es dirigente cívico y analista político.
