Recientemente, la historiadora, periodista y diputada española Cayetana Álvarez de Toledo ofreció una brillante reflexión sobre la realidad política e institucional de México. Su intervención merece atención no porque provenga de una figura política, sino porque procede de una intelectual rigurosamente formada, capaz de analizar los acontecimientos contemporáneos desde una perspectiva histórica más amplia.
Álvarez de Toledo no es una opinóloga más del debate contemporáneo. Licenciada en Historia por la Universidad de Oxford, investigadora y autora, pertenece a esa cada vez más escasa categoría de figuras públicas que procuran interpretar los acontecimientos políticos a la luz de procesos históricos más amplios.
Aunque sus observaciones estaban dirigidas a México, sería un error asumir que la advertencia termina en sus fronteras. En realidad, describen una enfermedad que, con diferentes grados de intensidad, afecta a buena parte de América Latina: la coexistencia corrosiva del crimen organizado, la corrupción institucional y la impunidad.
Su tesis es sencilla, pero profundamente inquietante: las democracias rara vez colapsan de manera repentina. Normalmente se erosionan de forma gradual, casi imperceptible, mientras los ciudadanos se acostumbran progresivamente a aquello que antes consideraban inaceptable.
La corrupción se normaliza.
La impunidad se normaliza.
La violencia se normaliza.
Y cuando una sociedad comienza a aceptar como inevitables fenómenos que antes la indignaban, el deterioro institucional ya se encuentra avanzado.
La mayor amenaza para nuestras democracias no es únicamente el crimen.
Tampoco es únicamente la corrupción.
Ni siquiera la impunidad por sí sola.
El verdadero peligro surge cuando las tres convergen con el populismo institucional y la sociedad comienza a considerarlas parte normal del paisaje nacional.
México, Ecuador, Venezuela, Colombia, varios países de Centroamérica e incluso Panamá enfrentan manifestaciones distintas de este fenómeno. Los contextos son diferentes, pero la lógica de erosión institucional suele ser la misma.
Panamá no es México. Tampoco es Ecuador. Pero tampoco es inmune. Los recientes episodios de violencia, el creciente protagonismo del crimen organizado, la inseguridad y los persistentes cuestionamientos sobre corrupción pública son recordatorios de que ninguna democracia está vacunada contra el deterioro institucional.
La percepción de que ciertas estructuras criminales operan con una capacidad cada vez mayor es un fenómeno que merece atención seria y responsable.
No se trata de alarmismo.
Precisamente lo contrario.
Se trata de evitar llegar al punto en que la violencia deje de sorprendernos.
Las sociedades no se degradan únicamente cuando aumentan los delitos. También se degradan cuando disminuye su capacidad de indignarse frente a ellos.
Ese es quizás el aspecto más valioso de la reflexión de Cayetana Álvarez de Toledo.
Nos recuerda que la primera línea de defensa de una democracia no son únicamente los tribunales, la policía o las leyes. Es la conciencia cívica de sus ciudadanos.
Porque el verdadero peligro comienza cuando aquello que debería escandalizarnos deja de hacerlo. Cuando buscamos las sábanas del neocomunismo latinoamericano para consolarnos del abandono paternal del Estado de derecho.
Porque toda sociedad que deja de escandalizarse frente al crimen, la corrupción y la impunidad termina descubriendo, demasiado tarde, que el deterioro que creía observar en otros países ya había echado raíces dentro del suyo.
El autor es empresario.
