Hay una pregunta que debería estar en el centro de cualquier debate sobre ciudadanía, civismo y una nueva Constitución: ¿de qué sirve pedirle al ciudadano que respete la ley si, cuando esta es violada, las autoridades encargadas de hacerla cumplir no actúan con diligencia?
El problema se vuelve particularmente grave en materia urbanística. Un ciudadano observa que comienza una construcción sin los planos registrados o el permiso correspondiente y, además, destinada a usos distintos de los estipulados en el PLOT (Plan Local de Ordenamiento Territorial). La denuncia se presenta cuando la obra apenas comienza, precisamente cuando la autoridad puede intervenir con eficacia.
El ciudadano acude a las instituciones competentes y espera que se inspeccione, se determine si existe una infracción y, de ser así, se apliquen las medidas correspondientes. Pero pasan las semanas. Después, los meses. La construcción continúa. Incluso puede aparecer un letrero de “obra suspendida”, mientras los trabajos siguen avanzando. Entonces surge una pregunta elemental: ¿qué sentido tiene que existan autoridades competentes para hacer cumplir las normas urbanísticas si la respuesta no llega oportunamente?
Las normas urbanísticas no existen por capricho. El PLOT establece las condiciones de uso y desarrollo del territorio y determina qué actividades son compatibles con determinadas áreas. Estas reglas protegen al propietario, pero también a los vecinos y a la comunidad. Cuando una propiedad comienza a utilizarse para fines distintos de los permitidos por el PLOT, el problema deja de ser exclusivamente privado. Se afecta el ordenamiento previsto para todo un sector. Lo mismo ocurre cuando se construye sin los planos o permisos requeridos. La normativa establece procedimientos para que la autoridad pueda verificar que una obra cumple las condiciones exigidas.
La inacción administrativa no es neutral. También produce consecuencias. Produce indefensión en el ciudadano que acudió a la autoridad confiando en el Estado. Produce una ventaja para quien incumple y puede convertir una infracción sencilla de corregir en un problema mucho más complejo cuando la obra ya está terminada y ocupada.
Ahí aparece el llamado juega vivo. Si alguien comprueba que puede iniciar una construcción sin cumplir los requisitos, darle un uso no contemplado por el ordenamiento y continuarla durante meses pese a una denuncia y una suspensión, puede llegar a una conclusión peligrosa: incumplir puede resultar rentable. Mientras tanto, quien cumple observa que respetar las normas puede convertirse en una desventaja frente a quien decide ignorarlas. Ese mensaje es devastador para la cultura cívica.
Por eso es insuficiente afirmar que la corrupción y el incumplimiento son solamente consecuencia de la falta de valores. Una sociedad necesita honestidad, responsabilidad y respeto a la ley. Pero los valores ciudadanos no pueden sustituir la obligación de las instituciones de hacer cumplir las normas. Los valores forman ciudadanos; las instituciones deben hacer que las reglas tengan consecuencias.
Una verdadera alfabetización constitucional debería enseñar cómo funciona el poder y cómo puede el ciudadano exigir que las instituciones cumplan sus responsabilidades: quién inspecciona, quién ordena una suspensión, quién determina una infracción y qué recursos existen frente a la inacción. Estas preguntas también forman parte del civismo.
Una democracia necesita instituciones capaces de funcionar incluso cuando las personas no sean virtuosas. La separación de poderes, la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas existen para limitar el poder y evitar que el cumplimiento de las normas dependa de la buena voluntad de quien debe aplicarlas.
En el caso urbanístico, la pregunta no debería ser únicamente por qué alguien decidió incumplir el PLOT o construir sin los permisos correspondientes. También debemos preguntar: ¿por qué, después de haber sido advertida la autoridad cuando la obra apenas comenzaba, se permitió que la situación avanzara durante meses? Porque el tiempo juega a favor de la infracción. Una obra que podía detenerse al comienzo puede convertirse en una construcción terminada y ocupada. Entonces, cualquier medida correctiva resulta mucho más difícil de ejecutar.
Y entonces surge la pregunta que resume la frustración ciudadana: ¿quién podrá defendernos? ¿El Chapulín Colorado? No necesitamos un superhéroe. Necesitamos instituciones que funcionen, autoridades que respondan y leyes que se hagan cumplir.
Porque cuando quien incumple termina beneficiándose de su propia infracción, el problema ya no es solamente urbanístico. Es la confianza en el Estado de derecho la que empieza a derrumbarse.
La autora es arquitecta.
