La educación es uno de los pilares del desarrollo de un país. De ella dependen las oportunidades de nuestros jóvenes, nuestra productividad y nuestra capacidad para atraer inversiones, desarrollar empresas y generar mejores empleos.
Por eso, además de preguntarnos cuánto invertimos en educación, vale la pena preguntarnos qué resultados estamos obteniendo de esa inversión.
Hace un año escribí en estas páginas sobre las cifras de nuestra educación, sobre la inconveniencia de medir la inversión simplemente como porcentaje del PIB y sobre modelos diferentes, como las escuelas chárter. Hoy quisiera regresar al tema desde otra perspectiva:
¿Cuánto nos cuesta realmente educar a un estudiante en Panamá?
El presupuesto del Ministerio de Educación para 2026 es de aproximadamente $3,639.5 millones. Con una matrícula cercana a 737,000 estudiantes, representa alrededor de $4,940 por estudiante al año, o aproximadamente $494 por cada uno de los diez meses del año escolar.
Para 2027 se ha propuesto un presupuesto de aproximadamente $5,132 millones y una matrícula estimada de 825,000 estudiantes. Esto elevaría la inversión a aproximadamente $6,220 por estudiante al año, equivalente a unos $622 mensuales durante los diez meses de clases.
Mientras la matrícula aumentaría alrededor de 12 %, el presupuesto crecería aproximadamente 41 % y la inversión por estudiante cerca de 26 %.
Las cifras adquieren otra dimensión cuando las comparamos con la educación privada.
ACODECO publicó para el año lectivo 2026 un estudio sobre los costos de 140 colegios particulares. Al sumar matrícula y anualidad y dividir el resultado entre los diez meses del año escolar, obtenemos una referencia del costo mensual equivalente. La propia ACODECO advierte correctamente que los precios no representan una medición de la calidad educativa.
El resultado llama la atención: aproximadamente el 95 % de los colegios analizados tendría un costo mensual equivalente, incluyendo matrícula y anualidad, inferior a $500 por estudiante.
Pero es indispensable hacer una aclaración: no estamos comparando exactamente lo mismo.
La educación pública tiene responsabilidades adicionales. El Estado mantiene infraestructura, administra miles de centros educativos y ofrece alimentación escolar, textos, útiles, conectividad y otros programas y apoyos que normalmente no están incluidos en la matrícula y anualidad de un colegio privado.
Por eso, sería incorrecto concluir simplemente que la educación privada es más barata o que, por costar menos, necesariamente es mejor.
La comparación plantea otra pregunta:
Si Panamá ya está realizando una inversión tan importante por cada estudiante, ¿cómo conseguimos que cada balboa produzca los mejores resultados posibles?
No se trata de gastar menos. Se trata de lograr que los recursos produzcan aprendizaje y jóvenes preparados para el mundo que les tocará enfrentar. Una empresa puede recibir incentivos para instalarse en Panamá, pero si no encuentra el talento humano que necesita, difícilmente podrá crecer aquí.
Quizás, entonces, además de presupuesto, tengamos que hablar de gestión.
También es justo reconocer las buenas iniciativas. Capacitar a más de 50,000 docentes en nuevas tecnologías e inteligencia artificial es un paso importante.
En cuanto a las computadoras, antes de entregar cientos de miles de laptops individuales, quizás convendría desarrollar proyectos piloto y considerar centros de cómputo bien equipados en las escuelas. Una laptop por sí sola no garantiza aprendizaje. Muchos estudiantes podrían no tener internet en sus hogares y los equipos requieren mantenimiento, conectividad, seguridad y controles que reduzcan su utilización para videojuegos, pornografía u otros contenidos inapropiados. Un centro de cómputo permitiría concentrar conectividad, supervisión y soporte técnico, y podría resultar más eficiente. Probemos, midamos y ampliemos aquello que realmente funcione.
Panamá ha demostrado que puede crear instituciones públicas bajo modelos diferentes. El Canal de Panamá continúa siendo patrimonio de todos los panameños, pero cuenta con autonomía y un régimen administrativo particular. Tocumen funciona bajo una estructura distinta a la de un ministerio tradicional. En turismo, incluso, hemos separado responsabilidades especializadas entre distintas entidades.
Evidentemente, una escuela no se administra como el Canal o un aeropuerto. Pero podemos aprender un principio: lo público no tiene por qué significar una única forma de administrar.
Podríamos explorar mayor autonomía para determinados centros educativos, descentralizar decisiones, fortalecer las direcciones escolares, crear patronatos con participación de docentes, padres de familia, comunidades y sector privado, o desarrollar modelos híbridos de gestión. Podríamos comenzar con algunos centros, medir los resultados y extender aquello que demuestre funcionar.
Y ninguna transformación sostenible debería construirse contra los docentes. Los educadores y sus organizaciones pueden ser protagonistas del cambio, combinando estabilidad laboral con capacitación, evaluación, reconocimiento al mérito, mejores herramientas y mayor participación.
Parte de esta conversación ya está ocurriendo.
El proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación impulsado por el diputado Jorge Bloise incorpora conceptos como descentralización, mayor autonomía de los centros educativos, fortalecimiento de la carrera docente y una evaluación más técnica e independiente de los resultados. Los propios gremios docentes han participado presentando propuestas.
Eso es positivo. Una transformación de esta magnitud difícilmente podrá construirse desde un solo sector.
Los panameños hemos demostrado que somos capaces de hacer las cosas bien cuando nos unimos alrededor de un propósito y entendemos que el reto es más importante que nuestras diferencias. Lo hicimos con el Canal y lo hemos hecho frente a otros grandes desafíos nacionales. No hay razón para pensar que no podamos hacerlo también con la educación.
Quizás ha llegado el momento de dejar de verla como un problema exclusivo del Gobierno, del Meduca, de los docentes, de los gremios, de los empresarios o de los padres. Es un reto de todos.
No necesitamos buscar culpables. Necesitamos encontrar soluciones, probarlas, medirlas, conservar aquello que funcione y cambiar aquello que no.
Porque la educación no pertenece a un gobierno, a un ministro, a un gremio ni a un partido político.
Pertenece a nuestros niños. Y cuando los panameños nos unimos alrededor de un propósito común, hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien. Nuestros niños merecen que volvamos a demostrarlo.
El autor es empresario.
