Estoy seguro de que, estimado lector, usted ha escuchado expresiones como: “Panamá, tierra bendita por Dios” o, inclusive, “Dios es panameño”, utilizadas con frecuencia para referirse a los fenómenos naturales que históricamente han afectado a nuestro país. Aunque estos modismos forman parte de nuestra cultura popular, pueden generar una sensación de seguridad y tranquilidad que no siempre se corresponde con la realidad.
Si bien es cierto que Panamá ha experimentado, en comparación con otros países, una menor incidencia de terremotos catastróficos, ello no significa que estemos exentos de esta amenaza. Por el contrario, la aparente tranquilidad podría conducir a una peligrosa complacencia respecto de la preparación y la mitigación de los efectos de un evento sísmico de magnitud considerable.
Los registros históricos demuestran que nuestro país ha sido escenario de terremotos, entre ellos los ocurridos en los años de 1621, 1882, 1913, 1934 y 2003, además de otros de magnitudes significativas. Estos antecedentes evidencian que la actividad sísmica forma parte de la dinámica geológica del territorio nacional y que sus efectos deben ser considerados con el debido rigor científico y técnico.
Estos procesos geofísicos se caracterizan por la liberación de energía producto del contacto, roce o movimiento de las placas tectónicas a lo largo de las fallas geológicas. La intensidad del movimiento del terreno depende de múltiples factores, entre ellos la magnitud, la profundidad, la distancia al epicentro y las características geológicas del subsuelo.
En materia de seguridad estructural, Panamá dispone del Reglamento Estructural Panameño (REP-2021), aprobado por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura mediante la Resolución JTIA 020-2022, de 22 de junio de 2022, publicada en la Gaceta Oficial No. 29594-A del 5 de agosto de 2022, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Esta revisión reglamentaria incorpora criterios modernos de diseño para la reducción de la vulnerabilidad de las edificaciones, ratificando y ampliando el criterio de desempeño, entre otros aspectos.
Asimismo, el país cuenta con la Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y el Marco Nacional de Recuperación Post-Desastre 2022-2030, instrumentos que orientan las acciones de preparación, respuesta y recuperación bajo la responsabilidad del Sistema Nacional de Protección Civil, junto con el Centro de Operaciones de Emergencia y el Gabinete de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. No obstante, la existencia de normativas de construcción y de políticas públicas no sustituye la necesidad de contar con herramientas técnicas que permitan identificar científicamente las áreas donde un terremoto podría ocasionar mayores consecuencias sobre la población, la infraestructura y los servicios esenciales.
En este contexto, resulta impostergable impulsar la elaboración de un mapa de riesgo sísmico, que no solo incorpore la amenaza sísmica como componente, sino que también integre la exposición y la vulnerabilidad de los elementos del territorio para proyectar las posibles consecuencias derivadas de las fallas geológicas. Esta herramienta permitirá identificar las zonas donde un mismo nivel de aceleración del terreno podría generar consecuencias significativamente diferentes, dependiendo de la calidad constructiva, la densidad poblacional y la capacidad de respuesta institucional. De esta manera, podríamos establecer las políticas y acciones requeridas para la disminución de los niveles de pérdidas humanas, económicas y funcionales.
Es llamativo que, pese a su importancia estratégica, Panamá aún no disponga de un mapa de riesgo sísmico, elaborado con criterios científicos e institucionalmente adoptado. Igualmente, no existe una entidad pública con un mandato específico para el desarrollo de este instrumento de manera integral y permanente.
La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, organismo cuyos fines incluyen servir como cuerpo consultivo del Gobierno central en materia técnica, está segura de que cuenta con profesionales idóneos, especialistas del país en todos los campos, incluyendo este tipo de actividad, capaces de liderar una iniciativa de esta naturaleza en coordinación con la academia y los centros de investigación.
En cuanto al financiamiento, el país dispone de entidades que fortalecen, apoyan y promueven el desarrollo científico y tecnológico, las cuales podrían respaldar un proyecto de esta magnitud, cuyos beneficios trascenderían ampliamente su costo y contribuirían a fortalecer la resiliencia nacional.
Panamá es un país que surge por la emersión de un arco de islas volcánicas y sirve de puente entre América del Norte y América del Sur. Esa condición exige que la planificación del desarrollo urbano y de la infraestructura se sustente en el mejor conocimiento científico posible. La tecnología necesaria para elaborar mapas modernos de riesgo sísmico existe y es utilizada desde hace años en diferentes países. Naciones vecinas como Costa Rica y Colombia ya cuentan con herramientas de este tipo para orientar sus políticas de desarrollo, protección civil y ordenamiento territorial.
Finalmente, aunque no menos importante, Panamá ha sido referente en la región por el desarrollo de su infraestructura y por su capacidad técnica. Dar el siguiente paso mediante la elaboración de un mapa de riesgo sísmico no debe verse como un desafío científico, sino como una inversión estratégica para la protección de vidas, garantizando un desarrollo más seguro para las futuras generaciones.
El autor es ingeniero civil y abogado/Expresidente de la SPIA.
