Hay una trampa retórica que domina el debate económico en América Latina, y también en Estados Unidos: la idea de que si alguien prospera, a alguien más se le está robando. Suena intuitivo. Suena justo. Y es profundamente falso.
El Pew Research Center muestra que la clase media estadounidense se encogió: del 61% de los hogares en 1971 al 51% en 2023. Pero el tramo superior pasó del 11% al 19%, y el inferior subió apenas del 27% al 30%. Más gente salió de la clase media hacia arriba que hacia abajo. Eso se llama progreso.
Aquí la óptica determina la conclusión. En términos relativos, cuánto gana el de arriba comparado con el de abajo, la brecha creció. En términos absolutos, cuánto puede comprar cada familia hoy versus hace 50 años, todos están mejor. Una lectura describe envidia estadística. La otra, una mejora concreta. El American Enterprise Institute lo tituló sin rodeos: “La clase media se encoge porque la clase media alta está en auge”, como quejarse de que hay menos gente en los pisos bajos de un edificio cuando lo que pasó es que muchos subieron al penthouse. El economista y filósofo francés Frédéric Bastiat lo entendió hace casi dos siglos: la riqueza no es un pastel fijo que se reparte entre invitados, es un pastel que crece con libertad económica, innovación y reglas claras.
Pero un pastel que crece necesita un ingrediente que rara vez se nombra: el precio libre. Cuando el precio refleja el costo real de producir, transportar o importar algo, funciona como información, le dice al productor si conviene seguir produciendo. Cuando un decreto fija ese precio por debajo de ese costo, el precio deja de informar y empieza a ordenar, y el productor responde con la única variable que le queda: deja de traer el producto. No es ideología. Es aritmética.
Eso es exactamente lo que le pasó a Argentina. En noviembre de 2022, el gobierno de Sergio Massa lanzó “Precios Justos”: casi 1,900 productos con el precio congelado por decreto. A las pocas semanas, la propia Secretaría de Comercio detectó un 25% de faltantes en las góndolas del área metropolitana de Buenos Aires, con entregas de solo 39% de lo pactado. El aceite dejó de llegar directamente. Un año después la brecha de precios entre el supermercado grande y el almacén de la esquina había subido de 26% a 33%, porque a los productores ya no les convenía vender donde el Estado fijaba el margen. En diciembre de 2023, el entonces nuevo gobierno de Javier Milei, derogó la Ley de Abastecimiento, la norma de 1974 que le daba al Poder Ejecutivo la potestad de fijar precios y ganancias. El experimento duró poco más de un año y dejó el resultado de siempre.
Por qué importa esto para Panamá y América Latina: porque muchos políticos, con vocación populista, repiten la misma premisa de suma cero, y sobre ella se justifican controles de precios, regulaciones asfixiantes, impuestos confiscatorios y toda la maquinaria redistributiva que termina achicando el pastel para todos. La lección argentina no es sobre Argentina, es sobre lo que pasa en cualquier economía donde el precio deja de ser información y se convierte en mandato.
La pregunta no es por qué el de arriba gana más, sino qué políticas permiten que todos ganen. Y la respuesta no está en la fila de un supermercado con las góndolas vacías ni en el discurso de un ministro, está en el estante lleno o vacío del comerciante que decide, cada mañana, si le conviene seguir abriendo la tienda o no.
El autor es director de la Fundación Libertad.
