Hoy por hoy

Aunque viven metiendo la pata y adoptando decisiones cuestionables —algunas incluso demandadas y declaradas inconstitucionales por la Corte—, resulta que en los ministerios y en la Asamblea Nacional hay por lo menos 590 “asesores”, que cuestan al erario más de $22 millones al año en salarios. ¿Qué hace toda esta gente? ¿Para qué los usan? ¿Con qué criterio se les nombra? ¿Existe alguna página web institucional donde se divulguen las actividades y resultados de cada uno de estos asesores y las importantísimas gestiones que realizan? Hay ministros con una horda de asesores, pero luego son incapaces de conducir una licitación pública sin equivocarse. También sorprende que 15 ministerios empleen a 180 asesores, mientras que en la Asamblea hay 400. Si los diputados estuvieran bien asesorados, no inventarían disparates como pretender que, “para los efectos del cómputo de la asistencia”, se les considere presentes en sus curules cuando, en realidad, estén ausentes. Y como ahora se han empecinado en “gestionar” y “fiscalizar” proyectos y programas comunitarios en sus circuitos electorales, seguramente se agarrarán de eso para inflar aún más la planilla legislativa, so pretexto de requerir asesoría para atender una función que nadie les encomendó, que no les corresponde, que riñe con la Constitución y para la que, para colmo, probablemente no están preparados. La pregunta es inevitable: ¿tantos asesores para producir tantas insensateces?