La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) padece una crisis de identidad, debido a que ni siquiera facilita el acceso a información que es de carácter público. Parece haber sido creada solo para estar ahí y guardar las apariencias. Como prácticamente no hace nada que sirva, entonces es muy difícil hablar de ella. Las respuestas de la directora de Antai en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea confirman que es una entidad ineficaz, que recibe miles de declaraciones juradas de intereses, las registra y custodia, pero sus competencias le impiden investigar posibles conflictos cuando involucran a altas autoridades. Es decir, posee la información destinada precisamente a identificar intereses que puedan interferir con la función pública, pero en algunos casos no puede avanzar más allá. El problema se agrava porque la propia Antai interpreta que esas declaraciones no son de acceso público, cerrando también una vía para que la ciudadanía pueda ejercer escrutinio sobre sus autoridades. Así, una herramienta concebida para prevenir y detectar conflictos de interés corre el riesgo de convertirse en un enorme archivo de documentos con utilidad limitada. Si la ley restringe las facultades de la institución, corresponde reformarla; pero también resulta indispensable revisar una interpretación que mantiene bajo reserva información esencial para la transparencia pública.
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