La entrega del informe de auditoría que anunció el Gobierno el viernes pasado equivale a la bandera de arranque del diálogo que el país, como sociedad que somos, tiene que celebrar. En este no caben mentiras, verdades a medias ni opacidades. El Ejecutivo tiene que dar muestras de transparencia; de hecho, las circunstancias exigen que todo lo que converse o negocie con quien sea sobre el proyecto minero de Donoso se haga de cara al país.
Por su lado, el interlocutor del Ejecutivo tiene la misma obligación, pero agravada, en todo caso, por el deber de no distorsionar las voces opositoras ni acudir al clientelismo o al proselitismo populista con el fin de impresionar a las mayorías. Ni pensar en ignorar la clarísima línea que le impide incurrir en ilegalidades o actos inmorales.
El tercer participante de este diálogo, la ciudadanía, ya sea a través de gremios organizados, partidos políticos o de forma independiente, carga con el deber de informarse para participar activamente, mediante los mecanismos que la democracia participativa tiene previstos para incidir en las decisiones gubernamentales. También tiene la obligación de compartir sus posiciones con tolerancia, respetando el derecho de quienes disienten.
Por último, nosotros, los medios de comunicación, no tenemos otra opción que ser objetivos, sin importar la alternativa que identifiquemos como nuestra preferencia. Entendiendo que aun dentro de la parcialidad se debe actuar con objetividad, desempeñamos un papel tan digno como trascendental, acorde con lo que nuestra sociedad nos exige.
Lo que viene no es un juego de suma cero, en el que en un extremo esté el derecho al ambiente y en el otro la oportunidad económica que representa el proyecto en cuestión. Nos enfrentamos a la construcción de la paz social y al acuerdo nacional más importante desde la definición del régimen constitucional del Canal de Panamá.