No es un reclamo nuevo, pero sí cada vez más grave. Familiares de víctimas de la dictadura denuncian que el Estado ha incumplido compromisos básicos de reparación acordados hace cinco años: indemnizaciones, monumentos, reconocimiento de responsabilidad y actos de perdón. Todo quedó en letra muerta.
Mientras se discuten leyes simbólicas, como establecer un día de recordación, las medidas sustantivas siguen sin ejecutarse. No hay cierre judicial, no hay identificación completa de restos ni responsables sancionados. Los casos se archivan, se diluyen o no avanzan con la celeridad que exigen las víctimas.
La memoria no puede ser solo conmemorativa. Debe ser también justicia efectiva, con resultados verificables y sostenidos en el tiempo. El país arrastra una deuda histórica con quienes fueron desaparecidos y con sus familias, que aún buscan respuestas, reconocimiento y reparación. ¿Cuánto más puede el Estado pedir memoria si sigue incumpliendo la verdad y la reparación prometida?