Lo que ha sucedido con la concesión de Panama Ports Company (PPC) revela meses de preparación, dada la rapidez del Gobierno para evitar la paralización de los puertos de Balboa y Cristóbal.
En cuestión de horas se publicó en Gaceta Oficial el fallo de inconstitucionalidad, seguido de una ocupación de los puertos, quedando temporalmente bajo el control de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Poco después, el Consejo de Gabinete autorizó a la AMP a suscribir contratos para la “concesión transitoria” de los puertos, con dos operadores independientes. Esos contratos fueron firmados, refrendados y divulgados en las siguientes horas.
Paralelamente, el Mitradel se reunió con los trabajadores portuarios, mientras el presidente y varios ministros lo hacían con los medios de comunicación para informarles todo lo que ocurría y responder sus preguntas.
Si bien PPC puede protestar por la actuación del Gobierno, lo cierto es que, sin concesión, no podía seguir operando. Ahora Panamá debe defenderse en los arbitrajes, en los que se ventilarán, seguramente, las inconsistencias de ambas partes; pero, al menos, ya no tendremos sobre la nuca a una empresa abusiva y sin escrúpulos.