En una misma jornada vimos imágenes realmente inquietantes: el ascenso meteórico de una asistente que trabajaba para el Estado; la detención de un exdirector de Ingresos; una red de corrupción integrada por policías y funcionarios; y al presidente de la República admitiendo, una vez más, cómo el dinero del narcotráfico corroe las instituciones.
En paralelo, una Asamblea Nacional que amplía los privilegios de sus diputados y un Ministerio de Educación que queda en acefalía en medio del anunciado plan de reforma educativa. Vistos por separado, podrían parecer episodios inconexos. Juntos retratan instituciones vulnerables y controles debilitados. Y obligan a formular una pregunta desconcertante: ¿de qué vale un título universitario o un grado académico si la educación no se traduce en ética, responsabilidad y servicio público?
La paradoja resulta mayor cuando quienes debían conducir la transformación educativa abandonan sus cargos sin una explicación clara, justo cuando el país necesita fortalecer una educación capaz de formar ciudadanos, pero también instituciones sólidas, transparentes, responsables y confiables.
