Una exfuncionaria de la Contraloría General de la República de la pasada administración fue detenida por el Ministerio Público, que la investiga por presunto enriquecimiento injustificado. Su estilo de vida, el lugar donde residía, sus viajes, sus prendas de vestir y la opulencia que la rodeaba contrastaban con los ingresos que razonablemente podría percibir una servidora pública de su nivel.
Su notoriedad comenzó con la historia de una colega suya, a quien hizo su socia y presidenta de la firma legal que llevaba su apellido. Ambas trabajaron juntas en la Contraloría, ambas viven en el mismo y exclusivo residencial, ambas fueron socias y amigas y también ambas viven como personas adineradas, sin dar explicaciones y arremientiendo contra cualquier ciudadano que cuestione tan súbita fortuna.
Ahora los fiscales tienen en su poder una auditoría elaborada por el mismo personal que una vez ella dirigió y que apunta a un presunto enriquecimiento personal que no tiene justificación. Corresponderá a la exfuncionaria explicar el origen lícito de cada centavo, cada viaje, cada prenda, cada mueble que compró, sus cuentas bancarias y hasta su casa. Son muchas cosas que explicar con una sola fuente de ingreso: un salario del gobierno.
