Lo que ocurre con la principal concesionaria de la isla Naos, en Amador, tiene todos los ingredientes de una situación kafkiana. Quienes pagaron sus apartamentos hace años viven en ellos y conservan contratos y recibos, pero todavía no tienen títulos de propiedad.
Algunos descubrieron, además, que sus viviendas están entre los bienes secuestrados por el propio Estado para cobrar una deuda del concesionario. ¿Cómo puede alguien pagar una propiedad y, una década después, seguir sin ser legalmente su dueño? ¿Puede el Estado pretender cobrar una deuda ejecutando apartamentos que habían sido vendidos a terceros de buena fe? ¿Quién responde por los títulos que nunca llegaron? ¿Qué hicieron durante todos estos años las instituciones que intervinieron en el financiamiento, la concesión y la supervisión del proyecto?
Ahora que el Estado busca recuperar los terrenos, surge la quinta pregunta: ¿qué solución ofrecerá a esos compradores? Lo más preocupante es que cada inversionista extranjero que concluye que Panamá no protege su propiedad representa un golpe a la seguridad jurídica y a la reputación del país. Y con razón.