Panamá enfrenta una situación política delicada. El Gobierno conoce el descontento social por las demandas de empleo, servicios básicos y seguridad, pero decide abrir debates polémicos, como la mina de Donoso y una Asamblea Constituyente. Esto no es solo un error de comunicación, sino una decisión irresponsable que pone en riesgo la estabilidad nacional, confiando en el control institucional para manejar las consecuencias. Esa confianza podría ser peligrosa.
La economía panameña crece más que la mayoría de los países vecinos, pero ese avance no genera suficiente empleo ni bienestar para gran parte de la población. El PIB subió un 4.4% en 2025 y un 4.8% en el primer trimestre de 2026, mientras el desempleo llegó al 10.4% en septiembre de 2025 y casi la mitad del empleo no agrícola fue informal. Además, persisten problemas como el aumento del costo de la vida, la crisis energética, la falta de agua, la congestión vial, las escuelas deterioradas, la escasez de medicamentos, las demoras en la atención médica y el abandono rural. Aunque el país crece según las cifras, muchos sienten que ese beneficio no llega a sus vidas, lo que alimenta la frustración y la indignación política.
La encuesta Vea Panamá de julio de 2026 y otros sondeos muestran un escenario preocupante: el 77.6% calificó la gestión del Gobierno como mala o muy mala; el 79.5% considera que el país va por mal camino, y el 69.4% tiene poca confianza en el Ejecutivo.
El Gobierno tiene autoridad constitucional, pero carece de respaldo social suficiente para impulsar dos transformaciones tan polémicas. Está confundiendo el ejercicio del poder con el control social.
La reciente elección de la presidenta de la Asamblea Nacional consolidó una coalición oficialista integrada por Cambio Democrático, el PRD y otros diputados. Aunque esa mayoría puede aprobar leyes, presupuestos y nombramientos, no recibió un mandato ciudadano para reabrir una mina ni modificar el orden constitucional.
Se trata, además, de una mayoría transaccional. El Ejecutivo podría perder autonomía frente a los grupos que le aportan los votos. Las fuerzas de Ricardo Martinelli mantienen influencia en Realizando Metas, y el respaldo del PRD suma votos, pero no legitimidad social. Controlar las votaciones no equivale a generar confianza.
El Gobierno observa en la mina una posible respuesta al desempleo, las exportaciones, los ingresos fiscales, la inversión extranjera y los arbitrajes internacionales. Desde una perspectiva estrictamente económica, es comprensible que estudie esa alternativa.
Sin embargo, la urgencia económica no concede licencia para desconocer la historia política, jurídica y social del conflicto.
El contrato anterior fue declarado inconstitucional. Su aprobación provocó una movilización nacional sin precedentes recientes. La auditoría realizada en 2026 otorgó al proyecto una evaluación general cercana al 88 %, pero también identificó debilidades en materia de reforestación, restauración de hábitats y protección de la biodiversidad, además de riesgos relacionados con el agua, la erosión, el drenaje ácido y los pasivos futuros.
La auditoría puede informar sobre las condiciones operativas y ambientales. No puede rehabilitar el contrato declarado inconstitucional, borrar el recuerdo de 2023 ni sustituir la confianza perdida.
Intentar reabrir la mina mediante una fórmula administrativa o una concesión que evite un nuevo contrato-ley podría ser jurídicamente distinto, pero políticamente será percibido por amplios sectores como una maniobra para alcanzar, por otra vía, aquello que la sociedad y la Corte rechazaron.
La irresponsabilidad consistiría en creer que cambiar el mecanismo jurídico elimina el conflicto político.
Al mismo tiempo, el presidente ha anunciado que impulsará una Constituyente en 2027 y ha manifestado su aspiración de convertirla en el mayor legado de su Gobierno.
Panamá necesita modernizar sus instituciones. Nuestra Constitución requiere cambios importantes. Pero una reforma necesaria puede terminar convirtiéndose en una imprudencia nacional si el procedimiento escogido nace de la desconfianza y es conducido por un Gobierno ampliamente desaprobado.
La Constitución regula, en sus artículos 313 y 314, los mecanismos de reforma, incluida una Constituyente Paralela. La Constituyente Originaria no está contemplada expresamente ni tiene reglas constitucionales definidas. Se desconocen sus límites, la forma de convocarla, su duración, el número de constituyentes y el alcance exacto de sus facultades.
Antes de elegir constituyentes, la ciudadanía tendría que decidir si desea una nueva Constitución y si autoriza específicamente una vía originaria. Hacerlo al revés sería organizar el instrumento antes de que el pueblo haya autorizado su existencia.
Además, resulta inevitable una pregunta incómoda: si el Gobierno no ha demostrado capacidad para resolver satisfactoriamente los problemas del Estado actual, ¿por qué debería recibir un mandato para dirigir su refundación?
El Ejecutivo puede considerar que cuenta con una Asamblea favorable, importantes recursos de comunicación, medios afines y organizaciones sociales debilitadas o fragmentadas. Puede incluso creer que las protestas de los últimos años fueron definitivamente contenidas.
Pero debilitar una estructura de movilización no elimina las causas del descontento. El silencio temporal de la calle no debe confundirse con aceptación.
Las encuestas demuestran, precisamente, que la capacidad de influir sobre la agenda y la comunicación pública no ha conseguido modificar el juicio ciudadano. Ninguna campaña de comunicación puede contradecir indefinidamente la experiencia de quien abre un grifo sin agua, espera meses por una cita médica, no encuentra medicamentos o busca inútilmente un empleo formal.
Un Gobierno puede dar pasos firmes; sin la ciudadanía, camina hacia la confrontación.
La mina puede convertirse nuevamente en un detonante. La Constituyente podría añadir un conflicto institucional. Y ambos asuntos pueden fusionarse con el malestar por el costo de la vida, la salud, la educación, el agua y el desempleo.
En ese momento, la protesta dejaría de ser minera o constitucional. Sería una impugnación general al Gobierno.
La prudencia implica reconocer los límites del poder y evitar decisiones que puedan comprometer la paz social. El Gobierno debe separar el debate sobre la mina y la Constitución, presentar alternativas, consultar al pueblo y buscar legitimidad ciudadana. Imponer procesos únicamente con una mayoría legislativa, ignorando la opinión pública, es temerario, no valiente. Panamá no debe arriesgar su democracia por intereses particulares o políticos. El Gobierno aún puede rectificar, entendiendo que tener votos no equivale a autoridad legítima ni a control social. Actuar sin atender el malestar ciudadano sería una irresponsabilidad histórica para el país.
El poder permite decidir; la credibilidad permite convencer; la confianza ciudadana permite gobernar.
El autor es exministro de Salud y Vivienda y exdirector general de la CSS.
