Cerré la columna anterior con una promesa: que la siguiente entraría a la sala de juntas. La marea se está retirando. El financiamiento internacional que sostuvo durante décadas a buena parte de nuestro sector social se contrae, y cuando el agua baja queda a la vista lo que estaba sumergido. En la mayoría de nuestras organizaciones, lo que queda a la vista es la junta directiva.
He acompañado a suficientes juntas en Panamá y en otros países como para saber que existen dos clases y que rara vez se distinguen desde afuera. Ambas tienen actas. Ambas tienen quórum. Ambas se reúnen cuatro veces al año.
La primera aplaude. Sus miembros llegan a la reunión trimestral sin haber abierto el informe que se les envió la semana anterior. El director ejecutivo presenta. Alguien pregunta algo amable sobre el programa nuevo. Se aprueba el presupuesto por unanimidad, se toma el café, se toma la foto. Son personas serias y generosas, muchas de ellas prominentes, y aceptaron el asiento porque creen en la causa. Nadie les explicó nunca que aceptaban algo más que un gesto.
La segunda gobierna. Sus miembros llegan habiendo leído. Preguntan por qué el flujo de caja de agosto se apartó de la proyección. Saben qué porcentaje de los ingresos depende de un solo donante, porque han decidido no dejar que ese número los sorprenda. Evalúan formalmente al director ejecutivo una vez al año y le dicen lo que encontraron. Dan de su propio bolsillo, todos, sin excepción, no porque el monto importe, sino porque no se puede pedir a un tercero lo que uno mismo no ha hecho.
La diferencia entre ambas no se nota en los años buenos. Se nota ahora.
Y se nota, sobre todo, en quién sigue financiando la organización el quinto año. Esto es lo que he visto repetirse en tres décadas de este oficio: el programa gana la primera donación; la junta directiva gana la quinta. Un buen programa, bien contado, conmueve a cualquiera. Pero el donante que renueva —la empresa que convierte un patrocinio puntual en una alianza de una década, la familia que pasa de la mesa en la gala al fondo patrimonial— no está comprando el programa. Está comprando la certeza de que la organización seguirá existiendo, y bien administrada, cuando él ya no esté mirando. Esa certeza no la produce el equipo de programas. La produce la junta.
De ahí que la pregunta más útil para quien vaya a dar dinero en serio no sea qué hace la organización, sino quién responde por ella. Propongo tres preguntas concretas. Ninguna requiere ser contador y las tres se responden en un minuto.
Primera: ¿qué porcentaje de sus ingresos proviene de su fuente más grande? Si la respuesta supera el cincuenta por ciento, usted no está ante una organización sostenible, sino ante una organización afortunada, y la suerte tiene fecha de vencimiento.
Segunda: ¿cuántos meses de operación cubren sus reservas? La respuesta honesta en muchas de nuestras instituciones será menos de dos. Eso no descalifica a nadie; una organización con dos meses de reserva y un plan es una inversión razonable. Una organización con dos meses de reserva y ningún plan es otra cosa.
Tercera: ¿cuándo evaluó la junta formalmente al director ejecutivo por última vez y qué hizo con el resultado? Esta es la que más incomoda y, por eso, es la que más revela.
Hay un detalle en estas preguntas que conviene notar. No importa únicamente la respuesta; importa quién la da. Si usted las formula frente a la junta y todos los ojos giran hacia el director ejecutivo, ya obtuvo la información que buscaba. Una junta que gobierna ya conoce esos números. Responde por ellos.
Sé cómo suena esto para quien preside una junta en Panamá de manera voluntaria, sin remuneración, robándole horas a su empresa y a su familia. No es un reproche. Es una descripción de la responsabilidad que aceptamos casi siempre sin que nadie nos la explique. Una directora me dijo hace poco, con toda naturalidad, que en más de una década en su junta jamás había visto un presupuesto antes de aprobarlo. No era una mala persona en una mala organización. Era una persona seria a la que nunca le dijeron que eso era parte del trabajo.
Decirlo es, en buena medida, el propósito de esta columna. El asiento en una junta directiva no es un reconocimiento a una trayectoria: es un cargo fiduciario, con deberes que en Panamá tienen nombre legal y consecuencias reales. Quien lo acepta responde por el dinero de otros y por la continuidad de un servicio del que dependen personas concretas.
La marea seguirá retirándose por un tiempo. No podemos controlar eso. Lo que sí está en nuestras manos, esta semana, sin esperar a nadie, es exigir la lectura previa del informe, someter al director ejecutivo a una evaluación anual, fijar una meta de reserva y comprometer a cada miembro a dar. Nada de esto cuesta dinero. Cuesta la voluntad de tratar el asiento como lo que es.
Y, aun así, cada vez me cuesta más llenar esos asientos con gente menor de cuarenta años. De eso trata la próxima columna.
La autora es consultora en filantropía y desarrollo institucional.
