En los últimos años hemos vivido momentos de profunda incertidumbre. Las discusiones públicas suelen concentrarse en el crecimiento económico, el costo de la vida, la seguridad social, la generación de empleo o la calidad de los servicios públicos. Todos son temas prioritarios. Sin embargo, detrás de cada uno de ellos subyace un problema aún más complejo y determinante: la pérdida de confianza.
La confianza es un activo intangible, pero constituye el cimiento sobre el cual se sostiene toda sociedad democrática. Cuando los ciudadanos confían en sus instituciones, cumplen las leyes no solo por temor a una sanción, sino porque creen que las reglas son justas y se aplican por igual. Cuando los inversionistas confían en un país, destinan capital, generan empleos y apuestan por proyectos de largo plazo. Cuando las instituciones confían entre sí, la coordinación sustituye a la improvisación y el interés público prevalece sobre las diferencias políticas.
Lamentablemente, hoy la desconfianza parece haberse convertido en el lenguaje común entre el Estado y la ciudadanía.
La percepción de corrupción, la lentitud en la solución de los problemas cotidianos, las promesas incumplidas y la constante confrontación política han erosionado un capital social que tomó décadas construir. El resultado es un ciudadano cada vez más escéptico, que cuestiona las decisiones públicas, duda de las motivaciones de sus gobernantes y siente que las instituciones responden más a intereses particulares que al bienestar colectivo.
Esta realidad tiene consecuencias que van mucho más allá del ámbito político. La confianza también mueve la economía. Ningún inversionista apuesta por un entorno donde las reglas cambian constantemente o donde las decisiones carecen de previsibilidad. Ningún emprendedor desarrolla plenamente su potencial si percibe que el éxito depende más de las conexiones que del mérito. Ninguna política pública logra consolidarse cuando la población sospecha que responde a intereses distintos del bien común.
Por ello, recuperar la confianza no puede convertirse en un eslogan de campaña ni en una promesa de gobierno. Debe ser una política de Estado.
La confianza no nace de los discursos; nace de la coherencia. Se construye cuando las instituciones cumplen la ley con independencia de quién resulte beneficiado o afectado. Cuando la transparencia deja de ser una obligación formal para convertirse en una práctica cotidiana. Cuando la rendición de cuentas es oportuna, comprensible y verificable. Cuando el servidor público entiende que administrar recursos públicos implica responder permanentemente ante la ciudadanía.
Pero la responsabilidad tampoco recae exclusivamente sobre el Estado.
La construcción de confianza exige una ciudadanía activa, crítica y responsable. No basta con exigir transparencia; también debemos rechazar la normalización de pequeñas conductas que debilitan la legalidad, desde el incumplimiento de normas básicas hasta la tolerancia frente a prácticas clientelistas o actos de corrupción cotidiana. La ética pública encuentra su complemento en una ética ciudadana igualmente comprometida.
En este contexto, el liderazgo adquiere un valor extraordinario.
Panamá necesita líderes capaces de construir puentes en lugar de profundizar divisiones. Líderes que comprendan que gobernar implica escuchar tanto como decidir. Que entiendan que reconocer errores fortalece más que ocultarlos. Que asuman que la credibilidad no se obtiene con campañas publicitarias, sino con decisiones consistentes a lo largo del tiempo.
La confianza tampoco se recupera de un día para otro; puede perderse en un instante y requerir años para reconstruirse. Sin embargo, ese proceso comienza con acciones concretas: instituciones que cumplen sus compromisos, procesos transparentes, decisiones técnicas, información accesible y servidores públicos que comprendan que el poder es, ante todo, una responsabilidad.
Quizás ha llegado el momento de entender que el recurso más escaso del país no es el agua, ni el presupuesto público, ni siquiera la inversión. Es la confianza.
Porque al final, los países más sólidos no son necesariamente los más ricos, sino aquellos donde sus ciudadanos pueden creer en la palabra de sus instituciones. Esa es la verdadera riqueza que Panamá necesita recuperar. La confianza no se decreta, se construye.
La autora es abogada.
