Recientemente, 42 diputados eligieron a la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, una decisión que cumple los requisitos legales y democráticos. Sin embargo, este acto ha desatado un intenso debate sobre el estado moral de nuestras instituciones. El problema no es personal ni profesional, sino el mensaje institucional que representa en un país que enfrenta desafíos persistentes frente a la corrupción y la impunidad.
Las instituciones del Estado no solo administran presupuestos, aprueban leyes o ejercen controles. También representan valores. Cada designación, cada votación y cada decisión pública envían señales sobre el tipo de República que estamos construyendo y sobre aquello que, como sociedad, estamos dispuestos a aceptar, exigir o tolerar.
Esperanza y responsabilidad democrática
La Asamblea Nacional ocupa un lugar singular dentro de nuestra democracia. Es el órgano donde millones de panameños depositan buena parte de la esperanza de que su voto contribuya a corregir el rumbo nacional mediante mejores leyes, una fiscalización efectiva del poder y la defensa del interés público. Cuando esa esperanza se debilita, el daño trasciende la política: comienza a deteriorarse la confianza en la propia democracia.
Y, precisamente, la confianza constituye hoy uno de los activos más valiosos —y más frágiles— de Panamá.
Durante los últimos quince años, el país ha acumulado una larga secuencia de escándalos relacionados con sobornos, corrupción, contratación pública cuestionada, clientelismo, tráfico de influencias, uso indebido de recursos públicos y procesos judiciales de enorme impacto político. Algunos concluyeron con condenas; otros, con absoluciones; varios continúan pendientes. Independientemente de las decisiones judiciales, el efecto acumulativo sobre la percepción ciudadana ha sido profundamente erosivo.
La corrupción ha dejado de percibirse como un episodio aislado para convertirse, en la mente de muchos ciudadanos, en un problema estructural.
Ese cambio cultural es, probablemente, más peligroso que cualquier caso individual.
Deterioro moral y consecuencias económicas
Cuando una sociedad comienza a acostumbrarse a la corrupción; cuando deja de sorprenderse por situaciones que antes habrían provocado indignación generalizada; cuando el debate público gira más alrededor de quién tiene el poder que de cómo se ejerce, el deterioro deja de ser únicamente jurídico para convertirse en moral.
Y una crisis moral nunca permanece confinada al terreno de la ética.
Termina afectando toda la economía.
La confianza como activo económico
Con frecuencia analizamos la corrupción únicamente como dinero robado al Estado. Ese enfoque resulta insuficiente. La corrupción también destruye confianza, y la confianza es un activo económico de enorme valor.
Los inversionistas nacionales y extranjeros no analizan solamente los incentivos fiscales o la posición geográfica de un país. Evalúan la calidad de sus instituciones, la independencia de su sistema judicial, la seguridad jurídica, la estabilidad de las reglas, la transparencia administrativa y la credibilidad de sus órganos del Estado.
Panamá posee ventajas extraordinarias: el Canal, una posición geográfica privilegiada, una plataforma logística de clase mundial, un centro financiero importante y una economía abierta. Sin embargo, esas fortalezas pueden verse progresivamente erosionadas si el país transmite la imagen de que sus instituciones pierden capacidad para generar confianza.
Impacto en la inversión y competitividad
El resultado ya comienza a percibirse.
La inversión extranjera enfrenta un entorno de mayor cautela. El costo del financiamiento aumenta. Los inversionistas exigen mayores garantías para asumir riesgos. Algunos proyectos se posponen, mientras otros buscan destinos donde las instituciones ofrezcan mayor previsibilidad.
Pero la corrupción no explica, por sí sola, esta pérdida de competitividad.
Se suma a un sistema educativo que todavía prepara a muchos jóvenes para la economía del siglo pasado y no para la inteligencia artificial, la automatización, la economía digital o la innovación tecnológica.
Se suma a deficiencias persistentes en agua potable, salud pública, movilidad urbana, seguridad ciudadana, administración pública y calidad regulatoria.
Se suma al creciente gasto de bolsillo que millones de panameños deben asumir para compensar servicios públicos que no responden adecuadamente a sus necesidades.
Cuando estos factores convergen, el país comienza a perder atractivo precisamente frente a aquellas inversiones de mayor calidad: las que generan conocimiento, empleos bien remunerados y transferencia tecnológica.
La corrupción como multiplicador de problemas
La corrupción termina convirtiéndose así en un multiplicador de todos nuestros demás problemas nacionales.
Cada dólar desviado significa menos escuelas modernas, menos hospitales funcionales, menos investigación científica, menos infraestructura, menos innovación y menos oportunidades para nuestros jóvenes.
Pero existe un daño aún más profundo.
Cuando las nuevas generaciones perciben que el mérito deja de ser el principal camino hacia el éxito; cuando concluyen que las conexiones pesan más que la capacidad; cuando observan que la ética parece ocupar un lugar secundario dentro del debate público, comienza a fracturarse el contrato moral que sostiene a toda democracia.
Ese proceso produce ciudadanos resignados.
Y una sociedad resignada deja de exigir excelencia.
Panamá no enfrenta únicamente una crisis de corrupción. Enfrenta el riesgo de una crisis de confianza.
Sin confianza no hay inversión suficiente.
Sin inversión no hay empleos de calidad.
Sin empleos de calidad no existe desarrollo sostenible.
Y sin desarrollo sostenible, la democracia comienza a perder legitimidad ante sus propios ciudadanos.
Retos y soluciones
Recuperar esa confianza exige mucho más que nuevas leyes.
Implica fortalecer la independencia de la justicia, profesionalizar definitivamente la administración pública, transparentar el financiamiento político, consolidar una verdadera carrera administrativa, modernizar la educación, garantizar servicios públicos de calidad y construir una cultura donde el mérito, la honestidad y la rendición de cuentas vuelvan a ocupar el lugar que nunca debieron perder.
La Asamblea Nacional y la responsabilidad histórica
Las sociedades no fracasan únicamente cuando desaparece el dinero.
Empiezan a fracasar cuando desaparece la confianza.
La Asamblea Nacional tiene la enorme responsabilidad constitucional de legislar y fiscalizar. Pero posee, además, una responsabilidad histórica menos visible: ayudar a reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la República.
Cada voto parlamentario envía un mensaje.
Cada decisión fortalece o debilita la credibilidad del Estado.
Cada nombramiento contribuye a acercar o alejar a Panamá del país que aspiramos a construir.
La pregunta fundamental
Después de la decisión adoptada por 42 diputados, la pregunta que queda para todos —legisladores, gobernantes y ciudadanos— no es quién ganó una votación.
La verdadera pregunta es mucho más trascendente:
¿Está ayudando hoy la Asamblea Nacional a conducir a Panamá por el camino correcto?
El autor es exministro de Salud y de Vivienda. Ex director de la CSS.
