El presidente José Raúl Mulino despejó una duda política que permanecía abierta desde el pasado 1 de julio: la Asamblea Constituyente continúa siendo una prioridad de su gobierno.
Sin embargo, su anuncio dejó una pregunta fundamental: ¿por qué una decisión de semejante trascendencia no fue comunicada durante el informe anual a la Nación ante la Asamblea Nacional y, días después, sí durante la cena anual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)?
La pregunta importa porque las formas también construyen legitimidad.
El artículo 184 de la Constitución establece que el Presidente debe presentar personalmente, al inicio de cada legislatura ordinaria, un informe sobre los asuntos de la administración pública. Ese espacio representa uno de los momentos institucionales más importantes del año: el escenario donde el Ejecutivo explica ante la representación nacional el rumbo que seguirá la República.
Si una transformación constitucional aspira a convertirse en uno de los grandes legados de esta administración, resulta difícil entender por qué no fue presentada inicialmente ante la institución donde el Presidente rinde cuentas a la ciudadanía.
Una nueva Constitución no pertenece a un gobierno, a un partido político, a un gremio empresarial ni a un grupo de expertos. Pertenece a la Nación.
Pero el debate constitucional tampoco puede convertirse en una herramienta para evadir las responsabilidades del presente.
El Presidente ha señalado que una de las razones que hacen necesaria una transformación constitucional es la excesiva burocracia que limita la capacidad del Estado.
Aquí surge una realidad incómoda: la burocracia no es un poder independiente que gobierna por encima del Ejecutivo.
Como decía el chinito, en palabras panameñas: “la burocracia eres tú mismo”.
Porque quien dirige el aparato estatal es el Presidente. Quien designa ministros, directores y responsables de las instituciones públicas tiene la facultad de exigir resultados, corregir procesos y ordenar cambios.
Por eso, cuando el Estado no funciona, no basta con señalar a la burocracia como si fuera un monstruo escondido dentro de los edificios públicos. La responsabilidad política también recae sobre quienes tienen la conducción del gobierno.
Una Constitución puede cambiar reglas, modernizar instituciones y corregir problemas históricos, pero no puede reemplazar la voluntad política de administrar bien.
Y aquí comienza la discusión verdaderamente importante: ¿cuál será el camino hacia esa eventual Constituyente?
Porque una Constituyente no puede presentarse como una simple lista de deseos, como si bastara escribir fechas en un documento para que la realidad ocurra. La política no funciona como una carta a los Reyes Magos donde se colocan aspiraciones esperando que aparezcan cumplidas.
Un Estado serio necesita planificación, certezas, mecanismos jurídicos claros y responsabilidades definidas.
Necesita una ruta democrática.
Debe responder preguntas esenciales: ¿qué mecanismo jurídico convocará el proceso?, ¿cómo serán elegidos los constituyentes?, ¿quién organizará la elección?, ¿cómo se garantizará la participación ciudadana?, ¿cuál será el calendario real?
Porque una Constituyente no se legitima únicamente por querer cambiar la Constitución. Se legitima por la confianza que genere el camino para llegar a ella.
Y en ese camino hay una palabra que parece estar ausente del debate: el pacto nacional.
Una transformación constitucional no puede construirse únicamente desde los despachos del poder, desde los gremios o desde círculos cerrados que creen tener la fórmula definitiva para Panamá.
La Constitución que nazca de ese proceso debe ser producto de un gran acuerdo nacional.
Panamá lleva décadas discutiendo la necesidad de revisar sus instituciones. Pero también debe reconocer que muchos intentos anteriores fracasaron porque no lograron construir el consenso necesario.
La lección es clara: una Constituyente no puede convertirse en una batalla de egos ni en una competencia para determinar quién será recordado como el arquitecto del nuevo Panamá.
Un proceso histórico exige humildad.
Y esa humildad comienza por entender que nadie, absolutamente nadie, posee por sí solo la representación del pueblo.
El mayor desafío de quienes impulsan este proceso no es convencer a Panamá de que tienen la razón. Es demostrar que están dispuestos a escuchar.
Porque la política no se construye únicamente con discursos desde oficinas de gobierno; también se construye caminando junto a la ciudadanía.
A veces pareciera que algunos asesores y dirigentes cercanos al poder olvidan una regla básica: para conectar con un país no basta con tener la propuesta correcta, sino que también hay que tener la actitud correcta.
La arrogancia puede cerrar puertas que la humildad habría abierto.
La historia debe servir como advertencia. La Constituyente de 1945 aportó cambios importantes a la institucionalidad panameña, pero ocurrió bajo una realidad democrática distinta, con una participación ciudadana más limitada.
El siglo XXI exige otra visión.
Panamá no puede repetir modelos donde el pueblo simplemente delega su poder y espera que otros decidan por él. Una Constituyente moderna debe ser transparente, plural y verdaderamente ciudadana.
Porque el poder constituyente pertenece al pueblo.
No pertenece a un gobierno. No pertenece a un gremio. No pertenece a quienes creen tener la única respuesta correcta.
Las preguntas no debilitan una Constituyente; la fortalecen.
El verdadero desafío no es únicamente cambiar la Constitución.
El verdadero desafío es lograr que Panamá crea en el proceso.
Y para eso, señor Presidente, el tiempo también es una responsabilidad.
El reloj sigue corriendo...
El autor es estudiante de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.
