Hoy abordamos un tema de extrema urgencia, merecedor de una profunda reflexión que involucre los factores que ponen en riesgo la vida de niños y adolescentes en Panamá y que cada día aumentan sin que nada pareciera detenerlos.
Nos referimos al suicidio en personas menores de edad y a los factores endógenos y exógenos que, directa o indirectamente, están influyendo en esta realidad que afecta a nuestra niñez. De por sí, el solo hecho de pensar en atentar contra la propia vida es una amenaza real que debe ser merecedora de toda la atención y de acciones por parte de la sociedad y el Estado, a fin de identificar las causas o motivaciones que la impulsan. La gravedad de este hecho se incrementa exponencialmente cuando la idea se genera en la mente de un niño o adolescente, un ser que está iniciando su vida y piensa en terminarla.
Panamá ha evolucionado desde la Ley 24 de 1951, que regulaba el antiguo Tribunal Tutelar de Menores y que para entonces había llegado tarde a nuestro país, pues en otros países su esencia se remonta a 1899, con el Tribunal de Menores del Condado de Cook, en Chicago, Estados Unidos de América, hasta la más reciente Ley 285 de 2022. Hemos pasado de cero garantías de protección a la niñez a un catálogo mucho más robusto y amplio de ellas. Sin embargo, en la práctica no son las leyes las que definen el bienestar de la niñez en un país. Son simplemente herramientas y, como todos sabemos, las herramientas se pueden usar o no; se pueden usar a medias, de forma correcta o incorrecta. Ese es realmente el problema.
La sociedad panameña genera cada día una serie de problemas que afectan a la familia y, dentro de esta, de una manera más determinante, a los niños y adolescentes. La agresividad y la falta de civismo se reflejan día a día en la violencia doméstica, el maltrato infantil, el abuso sexual infantil y mucho más.
Panamá se ha convertido en una sociedad tolerante a cifras tan alarmantes como las que indican que, de 35 mil 374 estudiantes encuestados por el Meduca, el 43% manifestó tener una afectación emocional grave y 800 alumnos admitieron pensamientos suicidas en el primer trimestre de 2022.
Datos como los suministrados por la Organización Global contra el bullying indican que, en 2025, el 48.3% de los estudiantes había vivido acoso escolar. Esto debe llevarnos a reflexionar sobre si solo promulgar una ley es suficiente o si se requiere poner como prioridad el bienestar real de nuestros niños.
Hechos como los reportados por el Ministerio Público, que indican que entre enero y marzo de 2026 se registraron 1,441 delitos contra la libertad e integridad sexual, entre los que destacan 532 casos de acceso sexual con persona mayor de 14 y menor de 18 años; 89 de corrupción de personas menores de edad y 32 de pornografía infantil, entre otros, están demostrando la existencia de una cultura de violencia contra los niños y una aceptación social de esta.
El sistema judicial de niñez y adolescencia, al igual que el de familia, observa a diario cómo los conflictos sociales se resuelven en el ámbito judicial, colocando a los niños y niñas en una situación de estrés y tensión producto de la falta de humanidad de su propia familia, donde los intereses y rencores de los progenitores hacen de sus hijos verdaderos campos de batalla.
Para el operador de justicia que labora en estas jurisdicciones, cada solicitud que se hace y se resuelve representa una vida que se afecta, que se impacta. A manera de ejemplo, una pensión alimenticia que se resuelve cuando el padre y la madre tienen años sin hablarse ni comunicarse y, en muchas ocasiones, ni siquiera conocen sus respectivos domicilios, involucra a un niño o niña que crece solo, sin la confianza de un padre o una madre que lo oriente o guíe, y que está expuesto a ser absorbido por lo más oscuro del entorno. Es decir, crece solo.
En 2024, la tasa de suicidio en Panamá se situó entre 3.4 y 3.5 por cada 100 mil habitantes. Se reportaron cuatro casos en edades de 10 a 14 años y 15 casos de adolescentes entre 15 y 19 años.
¿Qué estamos haciendo para prevenir esto? Realmente, la respuesta es un misterio o es una respuesta que está allí, pero que hasta el día de hoy nadie se atreve a dar.
El autor es abogado, especialista en Derecho de Niñez, Adolescencia, Familia, Violencia de Género y Derechos Humanos.
