La corrupción continúa siendo uno de los mayores desafíos para el Estado panameño. Cada año salen a la luz casos relacionados con el mal manejo de los fondos públicos que afectan la confianza de la ciudadanía y limitan el desarrollo del país. En este contexto, la creación de la Jurisdicción de Cuentas representa un paso importante para fortalecer el control sobre el uso de los recursos públicos y exigir responsabilidades a quienes administran dinero del Estado.
La principal función de esta jurisdicción es determinar si un servidor público o un particular que administra fondos estatales ha causado un perjuicio económico al Estado y, de ser así, tras efectuar una investigación objetiva, solicitar al Tribunal de Cuentas la devolución del dinero por medio de una Vista Fiscal Patrimonial. Esto significa que su objetivo no es imponer sanciones penales, sino lograr que el patrimonio público sea recuperado cuando ha existido una lesión económica.
En teoría, este mecanismo complementa el trabajo de otras instituciones, como la Contraloría General de la República, la Antai y el Ministerio Público, entre otras, fortaleciendo la lucha contra la corrupción desde una perspectiva patrimonial.
De modo que la lucha contra la corrupción no depende únicamente de una ley o de una institución, toda vez que la Jurisdicción de Cuentas puede cumplir su función de manera eficiente, pero, si no existe coordinación con otras entidades fiscalizadoras, investigaciones oportunas y voluntad política para respetar la independencia de los órganos encargados del control, sus resultados serán limitados. La corrupción es un problema estructural que requiere prevención, transparencia, educación cívica y sanciones efectivas.
En conclusión, la Jurisdicción de Cuentas constituye una pieza importante dentro del sistema panameño de combate a la corrupción y representa un instrumento valioso para recuperar los recursos públicos y promover la responsabilidad de quienes administran bienes del Estado. Por lo tanto, el fortalecimiento de la Jurisdicción de Cuentas debe convertirse en una prioridad si Panamá aspira a consolidar instituciones más transparentes, eficientes y dignas de la confianza de sus ciudadanos.
El autor es abogado y docente.
