Durante los últimos días he conversado con residentes de las comunidades de río Indio. Fui con una idea muy distinta de la que me traje de regreso. Pensé que la conversación giraría alrededor del precio de las tierras, de las indemnizaciones o de las nuevas viviendas que promete el proyecto del embalse, pero no.
La preocupación que más escuché fue otra, una que casi no aparece en las conferencias de prensa ni en los comunicados oficiales: ¿qué va a pasar con el río cuando cierren la represa?
Al principio pensé que se referían a las comunidades que quedarían bajo el agua. Sin embargo, pronto entendí que hablaban de otra realidad. Me hablaban de quienes viven aguas abajo, de personas que probablemente nunca recibirán una notificación de expropiación porque sus tierras no serán inundadas, pero cuya vida depende del comportamiento natural del río.
Me hablaron de pescadores que conocen el río como quien conoce las calles de su barrio, de pequeños agricultores que riegan sus cultivos directamente con sus aguas, de ganaderos que llevan allí su ganado durante la estación seca y de familias enteras que han construido su economía alrededor de un recurso que siempre estuvo allí y que ahora podría comportarse de manera diferente. Fue entonces cuando comprendí que la discusión sobre río Indio está incompleta.
Hasta ahora, el debate parece reducirse a una sola pregunta: ¿cuántas familias habrá que reasentar?
Pero existe otra pregunta igual de importante: ¿cuántas familias seguirán viviendo en el mismo lugar, pero dejarán de vivir de la misma manera?
En derecho y en los estándares internacionales para grandes proyectos existe un concepto conocido como medios de vida (livelihoods). Es una idea sencilla: el impacto de una obra no se mide únicamente por las casas que desaparecen, sino también por las actividades económicas que pueden dejar de ser viables como consecuencia del proyecto.
Por eso me llamó la atención que muchos de los residentes con quienes hablé no estuvieran pensando en el valor de una finca, sino en algo mucho más básico: si el río cambia, ¿seguirá habiendo peces?, ¿alcanzará el agua para regar?, ¿podrán seguir usando el río como lo han hecho durante generaciones?
Son preguntas legítimas y, hasta donde he podido conocer, todavía no forman parte del debate público con la profundidad que merecen.
La ACP ha explicado cómo serán los reasentamientos. Ha hablado de compensaciones, de nuevas comunidades y de infraestructura. Todo eso es importante. Pero también debería explicar qué ocurrirá con quienes no serán reasentados y, sin embargo, podrían ver alterada su forma de subsistencia.
¿Cuántos pescadores viven aguas abajo del futuro embalse?; ¿cuántos productores dependen del río para mantener sus cultivos?; ¿cuántos ganaderos utilizan ese caudal durante todo el año? ¿Fueron identificados? ¿Se estudió cómo cambiará su realidad? ¿Existe un plan específico para ellos?
Si yo estuviera asesorando a la ACP, no empezaría construyendo una represa, sino construyendo confianza. Haría un censo independiente de todas las personas que viven del río, no solo de quienes viven junto al río. Crearía un registro de pescadores, agricultores, ganaderos y usuarios del cauce aguas abajo, mediría cómo cambia realmente el caudal durante los primeros años de operación y establecería un fondo permanente de compensación para quienes demuestren que su actividad económica fue afectada por el proyecto. Si después de todo eso el impacto resulta ser menor al previsto, excelente. Pero si el impacto existe, el Estado ya tendrá un mecanismo para responder. Y eso no retrasa el desarrollo; lo legitima.
El autor es abogado
