Cada vez que Panamá se estremece por un homicidio, un feminicidio, una desaparición o un accidente con múltiples víctimas, la atención pública se concentra, con razón, en las personas afectadas, en la investigación policial y en el desarrollo del proceso judicial. Sin embargo, existe otro grupo que permanece casi siempre fuera de los titulares: los profesionales de las ciencias forenses que tienen la responsabilidad de examinar la muerte, interpretar la evidencia y aportar la prueba científica que permitirá esclarecer los hechos.
Su trabajo comienza cuando el de muchos termina. Mientras la escena del crimen es acordonada y las cámaras de televisión se retiran, médicos forenses, criminalistas, antropólogos, odontólogos, psicólogos, fotógrafos, técnicos de necropsia y especialistas de laboratorio inician una labor silenciosa que exige precisión, objetividad y una enorme fortaleza emocional. Son ellos quienes observan de cerca las consecuencias de la violencia para convertirlas en evidencia científica al servicio de la justicia.
En países como Panamá, donde la criminalidad violenta y la delincuencia organizada han incrementado la complejidad de las investigaciones penales, esta labor se desarrolla bajo condiciones particularmente exigentes. No se trata únicamente del contacto cotidiano con cadáveres, escenas sangrientas o restos humanos en avanzado estado de descomposición. También implica revisar imágenes y videos de extrema crudeza, escuchar testimonios desgarradores, responder a emergencias a cualquier hora del día y soportar la presión permanente de entregar resultados técnicamente impecables dentro de plazos cada vez más exigentes.
Durante décadas predominó la idea de que estas experiencias eran simplemente parte del oficio y que quienes elegían esta profesión debían aprender a convivir con ellas. Hoy, la ciencia demuestra que esa visión es equivocada.
Las investigaciones publicadas en los últimos años coinciden en que la exposición repetida al sufrimiento humano puede producir efectos psicológicos acumulativos. El trauma vicario, el estrés traumático secundario y el síndrome de desgaste profesional ya no se consideran problemas individuales ni signos de debilidad. Constituyen riesgos ocupacionales tan reales como la exposición a agentes biológicos, sustancias químicas peligrosas o accidentes laborales.
El problema trasciende la salud de los trabajadores. Un perito agotado física y emocionalmente puede experimentar disminución de la concentración, fatiga cognitiva, dificultades para mantener la atención y mayor vulnerabilidad frente a errores involuntarios. En un laboratorio, durante una autopsia o en el análisis de una escena del crimen, un pequeño error puede tener consecuencias enormes para una investigación penal. La salud mental del personal forense, por tanto, también es un componente de la calidad de la justicia.
Paradójicamente, los sistemas de justicia suelen invertir importantes recursos en tecnología, laboratorios, equipos especializados y capacitación científica, pero dedican mucha menos atención al bienestar de quienes operan esas herramientas. El talento humano continúa siendo el recurso más importante de cualquier institución forense y también el más vulnerable.
La cultura institucional tampoco ha favorecido el reconocimiento de este problema. En muchos entornos todavía persiste la idea de que admitir agotamiento emocional es incompatible con el profesionalismo. Esa percepción lleva a numerosos especialistas a ocultar síntomas de ansiedad, insomnio o estrés por temor a ser considerados poco aptos para desempeñar funciones de alta responsabilidad. El resultado es un sufrimiento silencioso que, con frecuencia, permanece invisible hasta que aparecen incapacidades prolongadas, renuncias o jubilaciones anticipadas.
La respuesta no puede limitarse a recomendar que los trabajadores hagan ejercicio, practiquen técnicas de relajación o administren mejor su tiempo. La evidencia científica señala que la prevención debe comenzar en las propias instituciones. Esto implica distribuir adecuadamente las cargas laborales, facilitar el acceso confidencial a atención psicológica especializada, establecer protocolos de apoyo después de casos particularmente traumáticos, fortalecer el liderazgo de los equipos y promover ambientes de trabajo donde pedir ayuda no sea motivo de estigmatización.
Asimismo, es importante incorporar esta realidad en la formación universitaria. Los futuros médicos forenses, criminalistas y demás especialistas deben aprender no solo a interpretar la evidencia científica, sino también a reconocer los efectos que la exposición continua a la violencia puede producir sobre su propio equilibrio emocional. Prepararlos para esa realidad constituye una responsabilidad académica y ética.
La sociedad suele recordar a los peritos cuando un caso de alto perfil llega a los tribunales o cuando una prueba científica resulta decisiva para una condena o una absolución. Sin embargo, pocas veces reflexiona sobre las condiciones en que ese trabajo fue realizado. La objetividad científica no depende únicamente del conocimiento técnico; también requiere profesionales física y emocionalmente capaces de analizar la evidencia con serenidad, independencia y criterio.
Proteger la salud mental del personal forense no representa un privilegio gremial ni un gasto prescindible. Es una inversión en la credibilidad de la justicia, en la protección de los derechos de las víctimas y en las garantías de quienes enfrentan un proceso penal. Cuando la evidencia científica pierde calidad, toda la sociedad paga las consecuencias.
La violencia deja muertos, heridos y familias destruidas. También deja cicatrices invisibles en quienes, por vocación de servicio, dedican su vida a investigar esas tragedias. Reconocer esa realidad constituye un acto de responsabilidad institucional y de madurez como sociedad. Cuidar a quienes buscan la verdad científica no solo es una obligación moral; es una condición indispensable para preservar la confianza en la justicia y fortalecer el Estado de derecho.
El autor es ex director del Imelcf.
