Cuando la interpretación laxa de las leyes y normas establecidas se convierte en escudo de impunidad, no solo se erosiona la legitimidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Cuando, además, incurren en esta práctica de doble moral funcionarios encargados por ley de investigar y denunciar, sin contemplaciones ni margen de encubrimiento, los casos de corrupción que se identifiquen durante su gestión, el problema adquiere otra dimensión.
Tal pudiese ser el caso de la reciente actuación del contralor general de la República, Anel Flores, respecto de lo actuado por su predecesor en el cargo, Gerardo Solís. Lejos de interpretarse como un hecho aislado, pasajero e intrascendente, esta conducta, a primera vista permisiva, puede significar la víspera de un patrón de comportamiento que desemboque irremisiblemente en una dinámica selectiva y escalonada de autocomplacencia y protección mutua, distorsionando aún más el titubeante accionar de la justicia y provocando, por añadidura, el deterioro de los cimientos éticos y morales de la sociedad en su conjunto.
Considero que no se necesita ser abogado ni experto en economía o finanzas para tener la capacidad de identificar la evidente y, por demás, extraña contradicción en la postura asumida por el contralor Flores al expresar de manera categórica: “No tengo ningún indicio de que él [Gerardo Solís] haya cometido algún error”.
Digo lo anterior tomando en cuenta que el excontralor Solís refrendó y firmó acciones vinculadas al gobierno pasado que hoy son objeto de investigación, incluso por el actual contralor Flores, en asuntos relacionados, por ejemplo, con presuntos peculados, contratos cuestionados y posible mal uso de dineros del Estado.
De modo que no se trata de que el contralor Flores deba presumir irresponsablemente la culpabilidad de su antecesor respecto de estas actuaciones. Se trata de que existen hechos que han sido identificados y denunciados y que actualmente son objeto de investigación. No es posible entender, bajo esta premisa, cómo, a juicio del contralor Flores, puede haber indicios que comprometan a otros involucrados en irregularidades que él mismo ha identificado y denunciado, pero ninguno respecto de quien estaba al mando de la Contraloría y tenía la obligación de fiscalizar y prevenirlas. En ese sentido, el mensaje final del contralor Flores resulta, por demás, dañino y contradictorio.
No cabe duda de que esta grave inconsistencia del contralor Flores tiene las piernas de trapo, ya que durante sus primeros años al frente de la Contraloría ha remitido cientos de auditorías al Ministerio Público y ordenado la retención de millones de dólares en bienes cautelados a exfuncionarios del gobierno pasado. Incluso impugnó la prórroga automática del contrato con Panama Ports Company (PPC), concedida durante la administración de Gerardo Solís, la cual calificó en su momento de “leonina y abusiva” y que finalmente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Para todos los panameños aún está fresco el recuerdo de los cinco años de gestión de Gerardo Solís como contralor, quien justificó sin ambages actuaciones del gobierno de Laurentino Cortizo, incluyendo el aumento de la planilla estatal y la desatención de solicitudes de auditorías claves para iniciar investigaciones sobre casos de presunta corrupción denunciados, entre ellos el escándalo de la denominada descentralización paralela. Incluso llegó a decir ante los medios, refiriéndose a uno de los diputados más cuestionados por el uso de estos recursos, que “ojalá el país tuviera diez más como él”.
A su exasesora y mano derecha, Odila Castillo, Solís la calificó como “la mejor abogada en derecho administrativo del país y quien mejor conoce las contrataciones públicas”. Curiosamente, Flores ha solicitado cárcel para esta señora, al igual que para personas vinculadas con la administración del expresidente Cortizo. No obstante, en el caso específico de Gerardo Solís, quien estuvo al frente de la Contraloría durante el gobierno anterior y refrendó numerosas actuaciones de esa administración, el contralor Flores afirma, inexplicablemente, que “no tiene ningún indicio” en su contra.
El autor es pintor y escritor.
