Hay una pregunta que Panamá debería hacerse con mayor seriedad: ¿qué esperamos realmente de nuestros municipios?
Porque en la práctica pareciera que hemos decidido convertirlos en una suerte de gobiernos en miniatura, pero sin entregarles las herramientas de un verdadero gobierno. Se les exige resolver problemas cada vez más complejos, atender emergencias, responder a las comunidades y dar la cara ante el ciudadano, aunque muchas de esas responsabilidades dependen, legal y presupuestariamente, del Gobierno Nacional.
El alcalde termina convertido en el bombero comunitario: llega donde hay un problema, apaga el incendio y después intenta explicar por qué no pudo hacer más.
La Ley 106 de 1973, que establece las bases del régimen municipal panameño, reconoce importantes responsabilidades a los gobiernos locales. Sin embargo, una cosa es administrar el territorio y otra muy distinta pretender que el municipio sustituya a los ministerios y entidades nacionales.
Hoy al alcalde se le reclama por calles deterioradas, parques abandonados, basura, ornato, espacios públicos, conflictos comunitarios, problemas de seguridad, personas en situación de calle e incluso situaciones que requieren atención especializada en materia social, sanitaria o psicológica.
Y frente a cada reclamo aparece la misma pregunta: ¿con qué recursos?
Un municipio con ingresos limitados, estructuras administrativas debilitadas y personal insuficiente no puede convertirse en sustituto del Estado central. Puede colaborar, coordinar, prevenir y actuar dentro de sus competencias. Pero no puede asumir indefinidamente responsabilidades nacionales sin que exista una transferencia efectiva de recursos, personal y capacidades.
El problema no es que los alcaldes quieran hacer demasiado. El problema es que muchas veces la ciudadanía espera que hagan lo que sea necesario porque son ellos quienes están físicamente frente al problema.
Cuando una persona duerme en una acera, cuando una comunidad reclama atención social o cuando una calle se convierte en un peligro para los vecinos, nadie pregunta qué institución tiene la competencia. El ciudadano llama al alcalde.
Y el alcalde responde.
Pero esa lógica termina generando una distorsión peligrosa: se transfieren de facto responsabilidades sin transferir de derecho los recursos necesarios para cumplirlas.
Descentralizar no es “tirar la pelota”. La descentralización no puede convertirse en una estrategia para trasladar los problemas del Gobierno Nacional a los municipios. Descentralizar significa mucho más que decirle a una alcaldía: “ahora te toca”. Significa transferir competencias claras, presupuesto real y proporcional, personal capacitado, infraestructura y capacidad de decisión.
También significa establecer quién responde, quién financia y quién evalúa los resultados.
Los municipios deben ser el primer nivel de respuesta del Estado porque son los que conocen el territorio y están más cerca de la gente. Pero ser el primer nivel de respuesta no significa ser el único nivel responsable.
Panamá necesita dejar atrás el modelo del municipio que corre detrás de los problemas con recursos escasos y comenzar a construir gobiernos locales con verdadera capacidad institucional.
Porque no podemos exigir alcaldes del siglo XXI con municipios diseñados para las necesidades del siglo pasado. Si queremos que los alcaldes gobiernen, debemos dejar de tratarlos como bomberos. Y si queremos descentralización, debemos estar dispuestos a financiarla.
La autora es abogada.
