Los protocolos de actuación poseen una virtud extraordinaria, casi talismánica: hacen sentir que el Estado está haciendo algo. Se imprimen, se encuadernan, se presentan con la solemnidad de quien firma un alto al fuego; se les bautiza con un nombre emotivo, se reparten fotografías para la posteridad y se convocan ruedas de prensa para cerrar filas en torno a la narrativa oficial. Y por unas horas, cual placebo, pareciera que basta con redactar cientos de páginas en Times New Roman para convencernos de que el problema ya está resuelto. Lástima que la violencia no lea protocolos.
El pasado 27 de julio, el Ministerio Público presentó el Protocolo Patricia, una iniciativa loable en su propósito de fortalecer la investigación de los feminicidios. Nadie que haya dedicado años a las ciencias forenses o a la investigación criminal puede oponerse a que las instituciones perfeccionen sus procedimientos; sería como oponerse a que el campesino riegue mejor la tierra —ya quemada—. El problema aparece cuando confundimos una mejor investigación del feminicidio con una prevención efectiva: la primera llega después del cadáver; la segunda es la única que podría haberlo evitado.
No hay peor tragedia que aquella que se pudo evitar. Investigar bien un feminicidio es esencial para sentar al responsable en el banquillo. Pero evitar que ocurra la muerte de una mujer a manos de su pareja sería, a mi juicio, infinitamente mejor. Prefiero, siempre, la mujer viva a la sentencia justa —o tardía—.
Y es precisamente aquí donde comienza la incomodidad: la sensación de que el norte ha sido sustituido por la prisa —o la culpa—. Porque, al igual que con los antecesores de este nuevo protocolo, el gran ausente sigue siendo el mismo de hace más de diez años: la evaluación forense del riesgo de violencia contra la mujer.
Resulta curioso que, con más de 15,000 denuncias de violencia doméstica registradas en 2025 y una congestión de casos que no da tregua, tengamos protocolos para investigar los feminicidios, pero sigamos sin contar con un modelo interinstitucional unificado y científicamente validado para valorar la probabilidad de que esa muerte ocurra. Su ausencia —o su no aplicación, allí donde exista— es como atender una sala de urgencias saturada de pacientes, sin triage.
¿Quién valora el riesgo de violencia contra la pareja? Este nuevo protocolo no lo deja del todo claro. ¿Cuándo y cómo se aplica? Sin duda, será uno de los primeros escollos por resolver. No tengo duda del compromiso de los cientos de funcionarios que, día a día, atienden casos de violencia contra la mujer. Sin embargo, no habrá manera humanamente posible de prevenir los feminicidios si el primer eslabón continúa siendo el más débil —o el más olvidado—: la falta de categorización de los casos según su gravedad y el riesgo de que la violencia escale.
La violencia contra la mujer rara vez anuncia su desenlace con un letrero luminoso. Al contrario: escala, controla, aísla, amenaza, acecha. Alterna entre estallidos de violencia, promesas de cambio y reconciliación —o, al menos, una permanencia forzada—. Y cuando finalmente mata, solemos decir que “nadie podía imaginarlo”, aunque el expediente estuviera lleno de señales que nadie supo leer. Lo evidente terminó siendo invisible, y la víctima lo pagó con la vida.
Quizás la efectividad del Protocolo Patricia no debería medirse en función de juicios ganados o condenas ejemplares —o, al menos, no solo en función de eso—. Y es que la facilidad para rebautizar heridas institucionales aún abiertas no es sinónimo de capacidad para resolverlas. Si la sola denuncia es ya el reflejo de un sistema que falló —y colapsó sin darse cuenta—, la muerte de una mujer a manos de su agresor convierte ese fallo en una condena irreparable.
Porque cuando se combate el feminicidio sin enfoque preventivo, fácilmente se confunde la búsqueda de justicia con una victoria pírrica. Modelos de valoración del riesgo existen y funcionan en otros países de la región; lo que falta no es conocimiento, sino voluntad de aplicarlo aquí. Hoy son más de una decena las mujeres que ya no están; mañana, la tragedia podría escribir nuevos nombres, otras Patricias.
El autor es psicólogo forense.
