Imagine por un momento que alguien toca la puerta de su casa y le dice que el país necesita el terreno donde usted vive. No porque deba dinero. Simplemente porque el interés nacional lo requiere.
Esa casa la construyó su abuelo. En el patio todavía crece un árbol que sembró su padre, y en el pequeño cementerio de la comunidad descansan familiares que jamás imaginaron que algún día sus descendientes tendrían que marcharse.
¿Cuánto vale eso?
La pregunta parece sencilla, pero en realidad es el corazón de todo el debate. Porque Río Indio no trata únicamente sobre agua, ingeniería o desarrollo. También trata sobre personas que intentan entender qué ocurre cuando el interés nacional llega exactamente al lugar donde construyeron su vida.
Quizá el desafío que enfrenta la ACP no es demostrar que el Canal necesita agua. Lo que debe demostrar es que puede obtenerla sin perder la confianza de quienes tendrán que abandonar su hogar.
Durante meses hemos escuchado argumentos sobre agua, esclusas, competitividad y crecimiento económico. Todos importantes. Todos legítimos. Panamá necesita garantizar el abastecimiento de agua para su población y para la operación futura del Canal. Negarlo sería ignorar la realidad.
Lo que ocurre es que en Panamá solemos plantear estos debates como si fueran peleas de boxeo. De un lado, el desarrollo. Del otro, los derechos de las comunidades. Como si uno tuviera que derrotar al otro para que exista un ganador.
No porque la ACP invoque el interés nacional desaparecen automáticamente los derechos de los habitantes de Río Indio. Más bien ocurre lo contrario: mientras más importante sea el proyecto, mayor es la obligación de actuar con transparencia, escuchar a las comunidades y garantizar compensaciones verdaderamente justas.
Hasta ahora, hay que reconocer que la ACP parece respetar esa diferencia. Su discurso no ha estado centrado únicamente en expropiaciones o avalúos. Habla de reasentamiento, participación comunitaria y reconstrucción de comunidades completas. Ese lenguaje no surge por casualidad; responde a estándares internacionales desarrollados precisamente para situaciones en las que el progreso de una mayoría implica cambios profundos en la vida de una minoría.
Sin embargo, la discusión no termina cuando se fija un precio a una tierra. Allí es donde el derecho internacional ofrece una lección interesante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, cuando entran en tensión los derechos de una comunidad y un interés público legítimo, la solución no consiste en borrar uno para favorecer al otro. La tarea consiste en encontrar un equilibrio razonable entre ambos.
Y ese principio resulta especialmente relevante para Río Indio. Porque, aunque no estemos ante un caso idéntico al de una comunidad indígena, la enseñanza es la misma: una comunidad vale más que la suma de sus hectáreas. Lo que resulta difícil de medir es el arraigo y el vínculo que las personas desarrollan con el lugar donde han vivido siempre.
Quizá allí se encuentra la verdadera solución. No en convencer a las comunidades de que olviden su arraigo ni en paralizar indefinidamente una obra que el país considera necesaria.
La oportunidad que tiene hoy la ACP es mucho más grande. Panamá ha sido capaz de desarrollar instituciones, normas y principios que dieron origen a lo que internacionalmente se conoce como el Derecho del Canal de Panamá y que ahora enfrenta un desafío distinto: demostrar que es posible ejecutar una obra de interés nacional sin reducir a las personas a un simple avalúo.
El proyecto está avanzando y la meta no debería ser únicamente trasladar familias de un lugar a otro, sino construir un modelo de reasentamiento tan digno, innovador, transparente y participativo que termine convirtiéndose en una referencia para otros países. Después de todo, si Panamá fue capaz de enseñarle al mundo cómo administrar una ruta que conecta océanos, también podría enseñarle cómo trasladar comunidades sin perder de vista su dignidad.
El autor es abogado y analista de temas jurídico-sociales.
