Durante muchos años, Panamá fue mucho más que un centro logístico o financiero para América Latina. También fue el punto de referencia para la aviación privada internacional. Su ubicación geográfica privilegiada, la calidad de su infraestructura, la experiencia de sus profesionales y, sobre todo, la confianza que inspiraba su marco regulatorio hicieron que cientos de propietarios de aeronaves decidieran establecer sus operaciones en el país o visitarlo con frecuencia. Cada aeronave que aterrizaba representaba inversión, turismo de alto nivel, consumo local, mantenimiento aeronáutico, empleo para pilotos, mecánicos, despachadores, empresas de handling, hoteles, restaurantes y una larga cadena de valor que beneficiaba directamente a la economía panameña.
Hoy, esa realidad parece estar cambiando.
Escribo estas líneas como extranjero, sin intereses políticos en Panamá y sin otra motivación que la preocupación de quien ha dedicado más de treinta años a la aviación internacional y observa con tristeza cómo un país que durante décadas fue ejemplo de eficiencia comienza a perder una de sus mayores fortalezas: la seguridad jurídica.
La aviación internacional se desarrolla bajo principios ampliamente aceptados por la comunidad aeronáutica mundial. El Convenio de Chicago de 1944 y las normas promovidas por la Organización de Aviación Civil Internacional buscan que los Estados mantengan elevados estándares de seguridad operacional, pero también que faciliten la navegación aérea internacional mediante procedimientos claros, uniformes y previsibles. Ningún operador espera ausencia de controles; por el contrario, la seguridad exige regulaciones estrictas. Lo que sí espera cualquier inversionista es conocer, desde el inicio, cuáles son las reglas del juego.
Ese principio parece estar debilitándose.
En los nuevos procedimientos para aeronaves privadas extranjeras que desean ingresar a Panamá, obtener permisos de circulación interna o establecer una base de operaciones, numerosos operadores manifiestan enfrentarse a un escenario de incertidumbre permanente. A los requisitos publicados se añade una cláusula que establece que la Autoridad Aeronáutica Civil “se reserva la facultad de solicitar documentación, información o requisitos adicionales a su discreción, así como de negar la solicitud”.
Una disposición de esa naturaleza genera una pregunta inevitable: ¿cómo puede un operador cumplir íntegramente con un procedimiento si desconoce cuáles serán todos los requisitos que finalmente deberá satisfacer?
En la práctica, esta incertidumbre produce procesos interminables. Los requisitos dejan de ser objetivos y previsibles para convertirse, desde la perspectiva de muchos usuarios, en un trámite abierto donde siempre existe la posibilidad de que aparezcan nuevas exigencias. El resultado es desgaste, retrasos, sobrecostos, frustración y, finalmente, una decisión cada vez más frecuente: simplemente operar desde otro país.
El problema trasciende la aviación. Se trata del principio de legalidad, uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho. Este principio protege tanto a nacionales como a extranjeros al establecer que la Administración Pública debe actuar dentro de los límites previamente definidos por la ley y los reglamentos. La seguridad jurídica existe precisamente para que ninguna persona quede sometida a decisiones imprevisibles o a requisitos cuya existencia desconozca hasta encontrarse inmersa en el procedimiento administrativo.
Cuando desaparece la certeza jurídica, desaparece también la confianza. Y cuando desaparece la confianza, el capital, la inversión y la actividad económica simplemente buscan destinos donde las reglas sean claras.
Panamá no perdió su posición geográfica. No perdió el talento de sus profesionales. No perdió sus aeropuertos. Lo que corre el riesgo de perder es algo mucho más difícil de recuperar: la reputación internacional que construyó durante décadas como un país donde era posible invertir y operar con reglas claras.
Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. Facilitar no significa reducir los estándares de seguridad. Al contrario, significa aplicar normas transparentes, objetivas y conocidas por todos.
Una autoridad fuerte no es aquella que puede pedir cualquier cosa; es aquella cuyas decisiones generan confianza porque están sustentadas en reglas claras, uniformes y previsibles.
Panamá llegó a ser la referencia de la aviación privada en la región precisamente porque entendió esa diferencia. Recuperar ese liderazgo dependerá de volver a colocar la seguridad jurídica al mismo nivel de importancia que la seguridad operacional.
El autor es consultor aeronáutico y piloto
