La defraudación fiscal es perseguida penalmente y es considerada el delito previo al blanqueo de capitales, lo que conlleva años de prisión.
En los Estados Unidos, el mayor caso de fraude fiscal individual de su historia fue cometido por un multimillonario desarrollador de software llamado Robert Brockman, quien fue acusado de evadir impuestos al Tío Sam por un monto aproximado de 2,000 millones de dólares. Ocultó estas ganancias al Servicio de Impuestos Internos (IRS) durante décadas, utilizando una compleja red de entidades offshore situadas en el Caribe.
Brockman adeudaba al IRS 456 millones de dólares en impuestos atrasados correspondientes a los años fiscales 2004 a 2007, 2010 y 2012 a 2018.
Asimismo, se determinó que el demandado adeudaba multas por 294 millones de dólares correspondientes a los mismos años de los impuestos atrasados.
El Departamento de Justicia bautizó el caso como el esquema de fraude fiscal “más grande jamás cometido” por un ciudadano estadounidense. La fortuna de Brockman fue calculada por Forbes en 4,700 millones de dólares, lo que lo ubicó en el puesto 601 de la lista de multimillonarios de la revista en 2022.
Fue acusado de varios cargos en 2020, entre ellos evasión fiscal, fraude electrónico, lavado de dinero y manipulación de pruebas, todos presuntamente cometidos a lo largo de varias décadas.
El IRS y la sucesión de Robert T. Brockman negociaron un acuerdo que el tribunal incorporó a una resolución judicial. No hubo una decisión judicial sobre la culpabilidad o inocencia de Robert Brockman.
El IRS sostenía que Brockman ocultó miles de millones de dólares mediante complejas estructuras offshore, fideicomisos, sociedades y cuentas bancarias en distintas jurisdicciones.
Cuando Brockman falleció en 2022, el proceso penal prácticamente terminó con respecto a él, pero la obligación tributaria sobrevivió, ya que en Estados Unidos los impuestos forman parte de las deudas del patrimonio hereditario. Por ello, el proceso continuó contra su sucesión.
El patrimonio aceptó que existían impuestos adicionales por pagar correspondientes a doce años fiscales, desde 2004 hasta 2018. Los alcances sumaban aproximadamente 456 millones de dólares.
Conforme a la Sección 6663 del Código de Rentas Internas, correspondiente a la penalidad sobre fraude civil, se permite imponer una multa equivalente al 75 % del impuesto dejado de pagar cuando este es producto de fraude. Las sanciones aceptadas por los herederos ascendieron a 294 millones de dólares.
En este caso, la sucesión aceptó que el IRS pudiera iniciar el cobro de la deuda inmediatamente. En condiciones normales, existe un artículo de la ley que prohíbe el cobro hasta que el fallo esté en firme; el fisco debe esperar a que concluya el litigio antes de poder cobrar la suma adeudada. En casos de alto riesgo, el IRS puede ordenar el cobro inmediato y no esperar el final del proceso si estima que el deudor puede ocultar bienes, transferir activos al extranjero, desaparecer patrimonio o abandonar el país. Esta acción excepcional es aplicada únicamente en casos de alto riesgo.
Este acuerdo reconoció la responsabilidad tributaria civil y las correspondientes sanciones civiles, lo cual evitó a los herederos años adicionales de litigio y el riesgo de sanciones mayores, facilitó el cierre del patrimonio, evitó mayores costos legales y brindó certeza a herederos y acreedores.
Este caso es considerado uno de los precedentes contemporáneos más relevantes en materia de fiscalización internacional, intercambio de información financiera, uso de estructuras offshore y persecución de la evasión fiscal a gran escala.
Reflexión forense
Desde la perspectiva de la auditoría forense y la investigación tributaria, uno de los errores más frecuentes de algunos funcionarios públicos y empresarios consiste en creer que un fraude fiscal bien diseñado permanecerá oculto para siempre. Esa percepción suele apoyarse en la utilización de sociedades, fideicomisos, cuentas en el extranjero, testaferros o complejas estructuras corporativas que generan una falsa sensación de seguridad.
La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario. Los mecanismos modernos de fiscalización, el intercambio automático de información entre países, la inteligencia financiera, el análisis masivo de datos y las técnicas de auditoría forense han reducido significativamente la posibilidad de que las grandes evasiones permanezcan ocultas indefinidamente.
El caso Brockman constituye una de las demostraciones más contundentes de esa realidad. Después de décadas de sofisticadas estructuras offshore, el resultado final no fue un ahorro tributario, sino una gigantesca obligación fiscal, cientos de millones de dólares en sanciones civiles, costos legales extraordinarios y un patrimonio sucesorio afectado por una deuda que sobrevivió incluso al fallecimiento del contribuyente.
En materia tributaria existe una realidad económica ineludible: el impuesto que se evita fraudulentamente no desaparece; simplemente se transforma, con el tiempo, en una obligación mucho más gravosa al acumular impuestos, multas, recargos, intereses, gastos legales y, en muchos países, responsabilidades penales por delitos tributarios y lavado de activos.
La mayor ingenuidad de un defraudador fiscal no consiste en creer que ha diseñado un esquema complejo, sino en pensar que dicho esquema nunca será descubierto. La historia demuestra que, tarde o temprano, las evidencias documentales, financieras y patrimoniales suelen converger.
En materia de fraude fiscal, el tiempo casi siempre juega a favor del fisco y en contra del defraudador. Lo que hoy parece un ahorro, mañana suele convertirse en una deuda multiplicada por impuestos, sanciones, intereses y la pérdida irrecuperable de la credibilidad.
El autor es auditor forense y exviceministro de la Presidencia.
