El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, de Cenia y la Cepal, le asignó a Panamá 75 puntos en vinculación internacional y 60,64 en regulación, subdimensión en la que obtuvo 100 puntos y el primer lugar regional en protección de datos personales. En contraste, recibió 1,39 en visión e institucionalidad.
La medición antecede a la estrategia de agosto de 2026, pero la brecha sigue siendo pertinente: Panamá ha sabido conectarse hacia afuera y el desafío es convertir esa conexión en conducción hacia adentro.
El 11 de agosto, mediante la Resolución de Gabinete 89-26, el Consejo de Gabinete aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con la ambición de convertir al país en el “Hub Confiable de Innovación en Inteligencia Artificial de América Latina”. Entre sus prioridades hay una que merece una conversación más amplia: la soberanía tecnológica.
Es también la más exigente. Los 105 millones de dólares anunciados para semiconductores, las diez mil becas de Talent Up Panamá y la incorporación a Pax Silica son pasos relevantes, y la pregunta no es si deben adelantarse, sino cómo convertirlos en capacidad propia sobre modelos, datos y criterios de decisión.
La metáfora del canal digital, que circula en la conversación panameña, resulta útil si se lleva hasta el final: por aguas panameñas atraviesan siete sistemas de cables submarinos y un canal crea valor al organizar el tránsito de una carga que no produce. Con la inteligencia artificial, la carga tiene otra naturaleza.
Por la infraestructura digital no circulan solo datos; también llegan modelos entrenados en otros países, con criterios definidos en otros contextos, de modo que quien adquiere uno terminado puede importar decisiones previas sobre qué variables cuentan, dónde se fijan los umbrales y qué errores se toleran. Eso importa cuando el sistema incide en personas, porque una herramienta de perfilamiento no describe: clasifica.
Aquí resulta útil Ian Hacking, quien en Making Up People mostró que las clasificaciones humanas no son inertes: pueden producir efectos de bucle, en los que la categoría modifica las condiciones de vida de la persona clasificada, que, al adaptarse, termina reforzándola. Un puntaje de riesgo puede contribuir a producir las condiciones que luego confirman su pronóstico.
La categoría, entonces, puede no fracasar cuando se equivoca: puede terminar por cumplirse.
En entidades públicas colombianas que he acompañado, la adquisición ha precedido a veces a una definición precisa del problema y después llega el esfuerzo por justificar la inversión. No es exclusivo de Colombia ni de Panamá, sino una tentación frecuente: confundir la compra de tecnología con la transformación de una organización, porque una herramienta que interviene en decisiones públicas obliga a revisar quién decide y bajo qué responsabilidad.
Quedarse al margen tampoco produce soberanía; produce dependencia por otra vía. La observación no se dirige contra el proyecto panameño, que parte de ventajas reales, sino que señala una oportunidad: que “confiable” describa no solo la infraestructura, sino también los criterios y las instituciones.
El propio ILIA describe una situación frecuente en la región: nueve países cuentan con estrategias nacionales de inteligencia artificial, pero solo unos pocos han asignado presupuesto, definido planes de implementación o establecido indicadores de impacto. La pregunta que cabe hacerle a cualquiera de ellas, y también a la panameña, es con qué recursos y en qué plazos se ejecutará.
La estrategia la presentó la Comisión Nacional para Tecnologías Críticas y Emergentes, con coordinación técnica de la Senacyt, y el paso siguiente sería precisar su alcance, no para concentrar facultades, sino para definir responsabilidades antes de los conflictos. ¿Qué entidad podrá pedir información sobre un sistema que usa el Estado, evaluar sus efectos y recomendar correcciones? ¿Y qué podrá hacer una persona para cuestionar una clasificación automatizada que la afecte?
Porque “confiable” es una palabra exigente, que no se agota en que un sistema sea seguro o estable: implica que alguien responda por sus resultados, pueda explicar por qué una persona fue clasificada así y corregir la decisión cuando produzca un daño injustificado.
La infraestructura suele construirse con mayor rapidez que las instituciones, y son estas las que determinan cómo se distribuyen los beneficios de una tecnología y quién responde por sus riesgos.
Panamá no tiene que escoger entre innovación y gobernanza. Puede hacer de la gobernanza una de sus ventajas competitivas.
Un canal administra el paso de una carga que no produce. Con la inteligencia artificial, Panamá se propuso algo más difícil y más valioso: no limitarse a dejarla pasar, sino aprender a gobernar lo que hace posible.
El autor es doctor en Filosofía - Experto en transformación digital.
